En horas de la noche de este sábado Voluntad Popular denunció que Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron de forma arbitraria a Nubia Campos, cocinera de Leopoldo López, quien le llevaba la comida durante su estadía en la Embajada de España en Caracas.

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«Alertamos sobre este nuevo atropello de los esbirros de la dictadura y exigimos que sea liberada inmediatamente. ¡No ha cometido ningún delito!”, dijeron desde el partido», expresó el partido desde sus redes sociales.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos, alzó su voz ante la detención de la señora Campos y de otra víctima más; identificado como José Jerjes Neira, quien se desempeñaba como vigilante, asegurando que estas acciones, «violan ostensiblemente los Derechos Humanos» de estas personas, «evidenciando una vez más, que en Venezuela se persiguen y se encarcelan a inocentes».

«Condenamos las acciones de los Funcionarios del SEBIN, emprendidas contra los ciudadanos Nubia Campos y José Jerjes Neira, luego de la salida del dirigente político Leopoldo López de la Embajada de España, exigimos su inmediata liberación y respeto a sus #DDHH», dice un tuit publicado por el organismo junto a un comunicado.

De igual manera, usuarios desde Twitter, aseguraron también que en horas de la noche de este sábado, efectivos del Sebin se llevaron detenidos a dos escoltas en la UD4 en la parroquia de Caricuao, Caracas. quienes estarían vinculados a López y su esposa, Lilian Tintori.

Este sábado, el ex preso político abandonó la residencia de España. Medios han asegurado que ya se encuentra junto a su familia en la ciudad de Madrid, incluyendo a su padre, López Gil, quien había revelado que en las última horas estarían juntos.

De acuerdo a Voluntad Popular (VP), efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se llevaron detenida a la señora Nubia Campos, quien se encargaba de llevarle la comida a Leopoldo López durante su estadía en la Embajada de España en Caracas.

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«Funcionarios del Sebin secuestran de su casa a la señora Nubia Campos, quien le llevaba la comida a Leopoldo López durante su estadía en la Embajada de España en Caracas», denunció el partido, a través de Twitter.

«Alertamos sobre este nuevo atropello de los esbirros de la dictadura y exigimos que sea liberada inmediatamente. No ha cometido ningún delito», resaltaron.

Mediante su cuenta de Twitter, el diario «Correo del Caroní» denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la sede del medio en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

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De acuerdo con la información compartida por el medio, los agentes ingresaron a las instalaciones a las 10:00 AM de este martes, aproximadamente.

La comisión del Sebin permanece dentro de las instalaciones y prohíben la entrada de los periodistas del medio.

Información en desarrollo.

Tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron, este lunes, la casa de David Natera, director del diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar.

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La noticia fue revelada por el medio de comunicación a través de su cuenta en la red social Twitter. En el mensaje detallan que Natera se encontraba solo en su vivienda. 

Los funcionarios del cuerpo de seguridad están revisando la casa sin determinar cuál es el motivo del allanamiento, aunque cuentan con los permisos necesarios. Durante el cateo se le ha impedido el ingreso al hogar a Eliezer Calzadilla, abogado de Natera.

Desde 2019, las autoridades colombianas han ubicado y expulsado de su territorio a, al menos, 20 miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela.

Según fuentes oficiales, esos efectivos ingresaron a la nación neogranadina para atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización.

De acuerdo con un trabajo de investigación realizado y publicado por el diario «El Tiempo», tanto la inteligencia militar colombiana, como Migración Colombia, han identificado a otros 29 nuevos funcionarios del Sebin, que se encuentran irregularmente en el territorio del país cafetero.

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Las autoridades neogranadinas iniciaron sus pesquisas luego de detectar que, en 2019, miembros del Sebin, adscritos a la base territorial de San Cristóbal, en el estado Táchira, comenzaron a cruzar, con frecuencia, la frontera colombo – venezolana.

«El Tiempo» pudo acceder a un documento confidencial, que revela algunos nombres de los funcionarios que actúan bajo las órdenes de la administración de Maduro.

Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del Sebin San Cristóbal; Felipe José Bustamante Pérez, quien tiene el mismo rango; así como Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández y Gilbert René Vivas Colmenares, son algunos de los oficiales que aparecen reflejados en el listado.

“Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal -estado de Táchira a la que pertenecen, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia, con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”, se lee en el documento al que tuvo acceso «El Tiempo».

El diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Geara, fue excarcelado la noche de este lunes en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Bolívar, al sur del país.

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Tras el indulto que benefició a más de 100 dirigentes políticos, anunciado por la administración de Nicolás Maduro, Geara recibió la libertad luego de poco más de cinco meses preso.

Así lo anunció la ONG Foro Penal, que señaló que el parlamentario «nunca debió estar preso».

En días previos, Geara había dado positivo en la prueba para covid-19, por lo que se pedía para él una medida humanitaria.

https://twitter.com/SimonAndarcia1/status/1300615088404127744?s=19

El diputado a la Asamblea Nacional y preso político, Juan Requesens, fue trasladado este viernes 28 de agosto de la sede del Sebin en el Helicoide, ubicado en Caracas, a su residencia para seguir con su privativa de libertad. Luego de 752 días de estar detrás de las rejas por su presunta participación en un atentado en contra de Nicolás Maduro, el militante del partido político Primero Justicia pudo reunirse con su familia luego de tanto tiempo.

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Su carrera política comenzó cuando estudiaba en la Universidad Central de Venezuela (UCV), ya que lideraba la Federación de Centros Universitarios de su alma mater. Estuvo a cargo de ese grupo durante las protestas del 2014 en contra de la gestión de Nicolás Maduro.

En diciembre del 2015 ganó las elecciones parlamentarias y pudo dar su grito de lucha y libertad varias veces en el Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, la Justicia Venezolana leal a la administración de Maduro lo acusó de participar en un atentado en agosto del 2018 en su contra, lo que le costó su detención.

Su familia, su partido y sus abogados denunciaron que el político fue drogado y torturado por parte de los agentes de seguridad para así sacarle información sobre el atentado. Asimismo, la presidencia encargada ha hecho actos conmemorativos para exigir su liberación, que también ha estado a cargo su hermana, la politóloga Rafaela Requesens.

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Abogados de Antonio Geará informaron, este 25 de agosto, que el preso político dio positivo para Covid-19.

La defensa del diputado suplente por el estado Bolívar precisó que a Geará se le diagnosticó una «infección pulmonar y posible neumonía por Covid-19».

Los representantes legales del asambleísta han solicitado que se le excarcele por razones humanitarias. El legislador permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Bolívar.

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Al respecto, el abogado y activista por los Derechos Humanos, Rafael Narvaez, recordó que el artículo 43 de la Constitución nacional establece el principio de «inviolabilidad de la vida», por lo que «el Estado es responsable de lo que están privados de libertad».

Foro Penal emitió un comunicado, este sábado, en el que condenó la muerte de Erick Echegaray, quien se encontraba detenido en El Helicoide y falleció este viernes por causas sin confirmar.

En la misiva, Foro Penal explicó que el ciudadano de 70 años padecía de cáncer y se mantenía privado de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de «El Helicoide», ubicado en Caracas.

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La muerte de Echegaray fue dada a conocer a través del diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, quien informó que el recluso murió presuntamente a causa del nuevo coronavirus

Debido a esto, la organización exigió a los órganos de dirección del centro de reclusión, al Ministerio Público y los Tribunales aclarar de manera pública si se han presentado casos de Covid-19 entre los reclusos. 

El abogado Joel García informó este viernes que una persona que se encontraba detenida en El Helicoide, en Caracas, falleció tras haberse contagiado presuntamente por covid-19.

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A través de su cuenta de Twitter, el jurista se refirió al deceso de Erick Echegaray, quien tenía 70 años de edad, y alertó sobre la posibilidad de que haya más reclusos contagiados en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según dijo García, el Sebin no ha permitido visitas desde el pasado 13 de marzo. Por lo tanto, sospecha que Echegaray debió haberse contagiado de otro privado de libertad.

Diversos voceros del Gobierno encargado han condenado que este centro de detención habilitado por la administración de Nicolás Maduro «no cumple las medidas necesarias para frenar la propagación del virus».

En ese sentido, afirmaron que denunciarán dentro y fuera del país esta situación, para que se resguarde la vida de los presos políticos, civiles y militares, que permanecen privados de libertad en El Helicoide.