El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este viernes que el Tribunal 21 de control ratificó privativa de libertad contra el politólogo venezolano Nicmer Evans, quien fue detenido el pasado lunes 13 de julio y acusado de “instigación al odio”.

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La audiencia de Evans comenzó a mediados de la tarde y finalizó cerca de las 7:00 p.m., con la ratificación de reclusión y su traslado hacia la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

De acuerdo al abogado Gonzalo Himiob, la privación tiene un carácter “preventivo” y está basada en el artículo 20 de la ‘Ley contra el Odio’.

En ese sentido, Himiob explicó que el juez mencionó durante el proceso que el delito se imputa por señalamientos contra el canal Globovisión y Nicolás Maduro, a quienes vinculan con una “narcodictadura”.

Luego de varios días sin poder verlo, Marta Cambero logró comunicarse con su esposo, a quien acompañó en el tribunal.

El Tribunal de Justicia de Sao Paulo (TJSP) dictaminó que una pareja deberá pagar 150.00 reales (aproximadamente $27.000) como compensación por “daño moral y psicológico” a un niño de 11 años que adoptaron y devolvieron luego de un año y medio.

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El Ministerio Público de Sao Paulo fue el que presentó la demanda contra la pareja, con el argumento de que la devolución causó daños psicológicos al niño que tenía 6 años cuando fue acogido por la familia.

Por su parte, la pareja argumentó que adoptó al niño para darle una buena condición de vida, pero luego declararon que la situación se tornó insostenible ya que era “rebelde” y tenía un comportamiento “agresivo, desafiante e imprudente”.

El Tribunal 43 de Control de Caracas ordenó este lunes el arresto domiciliario para el comisario Javier Gorriño, quien fuera detenido la semana pasada por hacer denuncias sobre una fiesta en Los Naranjos.

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Gorriño, quien al momento de su captura se desempeñaba como director de seguridad ciudadana del municipio El Hatillo, fue excarcelado en horas de la tarde, luego de que se le imputaran los cargos de “instigación al odio” y “agravante por motivos de odio e intolerancia”.

El exfuncionario del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial fue llevado por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) junto a otros dos efectivos, luego de que estos afirmaran que en la fiesta al este de Caracas se encontraban altos funcionarios gubernamentales.

Tras su detención, autoridades de El Hatillo pidieron por su liberación de forma enfática, con mayor ahínco cuando durante una audiencia el pasado fin de semana sufrió complicaciones de salud.

Gorriño tiene 70 años y por su condición debió ser llevado a un centro sanitario para ser evaluado.

La abogada Stefanía Migliorini, expresó que les fue negado el acceso a los defensores de los pemones que se encuentran desaparecidos. Agregó que ella debía representar a ocho de estos indígenas pero le fue imposible ingresar al tribunal por motivos desconocidos.

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“Hoy iban a hacer la audiencia de presentación del grupo de los otros pemones que estaban en condición de desaparecidos y están negando el acceso al tribunal a los abogados. Les están imponiendo defensa pública”, expresó Migliorini.

La defensa por parte de los abogados del diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, en la audiencia preliminar de este jueves quedó suspendida luego de la declaración de los imputados presentados por los hechos del 30 de abril de 2019.

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Francisco Bachs, miembro del equipo defensor, detalló que el tribunal decidió suspender su intervención para proteger al acusado y denunciar “los vicios de nulidad que afectan” la investigación.

La continuación de la audiencia se dará el próximo 9 de marzo.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange compareció ante el tribunal británico para evitar su extradición a los Estados Unidos por caso de espionaje.

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Assange indicó que tanto él como sus abogados no se han preparado para afrontar el caso ante los fiscales estadounidenses que desean llevarlo a juicio por la publicación de documentos confidenciales.

“Le hemos pedido a Belmarsh de todas las maneras posibles, es una violación de los derechos de un procesado”, dijo la abogada de Assange.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó la solicitud de aclaración realizado por el Poder Judicial de ese país para anular la sentencia que liberó a Keiko Fujimori.

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El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume indicó que desestimó la solicitud de la procuraduría pública debido a que “en el fondo encierra una impugnación para una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada”.

Asimismo, Blume indicó que las sentencias del TC no pueden ser impugnadas, sino solamente se pueden pedir aclaraciones para cualquier error u comisión.

Un tribunal federal de casación de la ciudad de Nueva York rechazó la solicitud de apelación presentada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump contra una sentencia que permitía al congreso acceder a los registros financieros del mandatario.

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Según los jueces, los abogados del presidente norteamericano no muestran interés de mostrar al tribunal los documentos financieros relacionados a los negocios de Trump.

Asimismo, el congreso solicitó a los bancos Deutsche Bank y Capital One de entregar información financiera del Presidente.

Los abogados tendrán una semana para apelar tal decisión del tribunal supremo.

Un tribunal aceptó una demanda interpuesta contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su responsabilidad en los casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos en las recientes protestas que se han desarrollado en la nación sureña.

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La demanda apunta contra Piñera en su calidad de jefe de Estado “y todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices” de los delitos, entre los que se indica que policías y militares cometieron por lo menos nueve: homicidios, torturas, abusos sexuales, entre otros.

El documento presentado por abogados de organizaciones de derechos humanos atribuye estos casos al estado de emergencia que instauró Piñera el 18 de octubre ante el estallido social.

Un tribunal español confirmó por mayoría la pena de nueve años de prisión impuesta a cada uno de los cinco jóvenes del grupo La Manada, que habían sido condenados en una polémica sentencia por delito continuado de abuso sexual cometido contra una joven de Madrid en los sanfermines de 2016.

Según el fallo judicial publicado este miércoles 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra mantiene que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la mujer, si bien dos de los cinco magistrados discreparon de la resolución al entender que sí hubo agresión sexual (violación).

La Audiencia regional de Navarra (norte) los condenó en primera instancia en abril pasado por abuso sexual, no por violación, lo que generó un fuerte rechazo y una oleada de protestas contra la sentencia, en especial del movimiento feminista, y una gran movilización a favor de la víctima.

Los jueces de la audiencia entendieron que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se usó violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere violación.

 

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