La SIPIAPA (Sociedad Interamericana de Prensa) describió detalladamente en su portal web porque consideró que el sucesor de la dinastía de los Castro en Cuba, Miguel Díaz Canel no representará un cambio significativo que favorezca a la libertad de expresión.
El contexto político está inestable debido al cambio de gobierno el 19 de abril. Las relaciones con Estados Unidos, después de un período beneficioso con el gobierno anterior, son tensas. Ninguna figura es vista con peso propio y Raúl Castro mantendrá el cargo de Primer Secretario del Partido Comunista.
Tras el anuncio del presidente Donald Trump de crear un “grupo operativo” para apoyar el acceso de los cubanos a internet y el desarrollo de medios independientes, la Seguridad del Estado incrementó la agresividad contra los periodistas no oficialistas.
A los problemas políticos se suma la economía cada vez más complicada con incremento sostenido de precios y escasez de productos alimenticios y de construcción. La corrupción es galopante.
La prensa independiente procura sobrevivir y crecer. Un centenar de periodistas, fotógrafos, video realizadores, facebookers y activistas de la comunicación, firmando con su nombre o bajo seudónimo cuando aún conservan vínculos laborales con el Estado, informan entremedio de represalias del gobierno y la Seguridad del Estado.
Han sido atacados la Asociación Cubana Pro Libertad de Prensa, el Centro de Pensamiento Convivencia, el diario digital 14ymedio, las agencias de video periodismo Palenque Visión y En Caliente Prensa Libre, la plataforma Cuba Posible y la revista La Hora de Cuba. También proyectos fuera de la isla como Diario de Cuba, Martí Noticias, Cubanet, ICLEP, El Estornudo, entre otros.
Fueron expulsados de empleos estatales Iris Mariño, Sol García Basulto y José Raúl Gallego, profesores, y Amaury Valdivia, periodista en un medio oficial; los tres por colaborar con prensa independiente o extranjera. Fueron espiados Sol García Basulto, Reinaldo Escobar, Henry Constantín, y prácticamente todos los que abrazan el periodismo independiente.
Fueron amenazados con que se tomarían represalias contra sus familias Adriana Zamora, Luz Escobar e Iris Mariño. Les robaron equipos de trabajo usando pretextos legales a Rudy Cabrera, Sol García Basulto, Rolando Rodríguez Lobaina y Anderlay Guerra. Les allanaron sus casas a Iris Mariño, Rudy Cabrera, Osmel Ramírez y Eliecer Palma.
Otros periodistas fueron víctimas de campañas de desprestigio en sus barrios y en internet a Inalkis Rodríguez Lora, Iris Mariño, Sol García Basulto, Osmel Ramírez y Karina Gálvez.
Les prohibieron salir de sus hogares a Inalkis Rodríguez Lora y Henry Constantín y a muchos no les permitieron salir del país, entre ellos, a Amarilis Cortina, Miriam Herrera, Yusimí López, Iliana Hernández, Rosalia Viñas, Karina Gálvez, Sol García Basulto, Raúl Velázquez, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Osmel Ramírez, Augusto César San Martín, Jorge Enrique Rodríguez y Henry Constantín.
Fueron arrestados en distintas circunstancias Amarilis Cortina, Sol García Basulto, Boris González Arena, Rudy Cabrera, Ignacio González Vidal, Eliecer Palma, Manuel Alejandro León, Osmel Ramírez y Raúl Velázquez. A otros los sometieron a revisiones e interrogatorios exhaustivos al entrar o salir del país, como a Alejandro Rodríguez, Rolando Rodríguez Lobaina.
Muchos también fueron citados por agentes al Ministerio del Interior, tal los casos de Iris Mariño, Luz Escobar, Ana León, Rosalia Viñas, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo.
Todas estas agresiones se dan en un clima de total indefensión jurídica y de un Estado que lo gobierna todo.
El monopolio de las telecomunicaciones es a través de ETECSA. Aunque en el último año casi todos los 169 municipios cuentan con al menos un área pública externa para conexión inalámbrica y otra para cable. En algunos barrios de ciertas ciudades usuarios de teléfonos fijos tienen el derecho de conectarse al plan Nauta Hogar. En Camagüey, la tercera ciudad más grande de Cuba, solo tres de veinte barrios tiene el servicio.
La conexión sigue siendo cara, aunque se redujo a 1.50 dólares estadounidenses. El salario promedio mensual permite solo 30 horas de conexión al mes.
El gobierno bloquea sitios web y direcciones de email relacionados con el periodismo y los derechos humanos.
El espionaje de los datos de navegación y de teléfono, y el hackeo de perfiles personales en redes sociales es moneda corriente. La cuenta personal en Facebook de la activista de derechos humanos Sayli Navarro fue hackeada y usada para divulgar mensajes dañinos a su trabajo en favor de la Seguridad del Estado. Las comunicaciones telefónicas de la mayoría de los periodistas independientes son espiadas por el Ministerio del Interior.
Permanece inalterable el aparato legal que impide la libre expresión. La Constitución de la República, el Código Penal, la Ley 88, la Ley de Asociaciones, la Ley para la Inversión Extranjera, los reglamentos escolares de los ministerios de Educación y de Educación Superior, los deberes del usuario de los servicios de ETECSA, las regulaciones de la Aduana de la República, y otras leyes y disposiciones estatales penalizan de diversas formas cualquier expresión y el trabajo periodístico, desde la adquisición de materiales de impresión hasta la publicación de contenidos y su distribución.
Las universidades siguen siendo regidas por el principio de que “La universidad es para los revolucionarios”, lo cual excluye a todos aquellos que manifiesten expresiones contrarias a las del gobierno. Las facultades de humanidades, comunicación o periodismo, siguen siendo objetivo de control del aparato político.
El gobierno prohibió el acceso al país a los ex presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia en marzo, quienes habían ganado el premio “Oswaldo Payá”. Fueron deportados a su llegada. Para la ocasión, el gobierno desplegó una ola de hostigamiento policial a activistas y periodistas independientes cubanos que intentaron participar en la premiación.
