La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y confiables en Venezuela.
La CIDH llamó a realizar, en plazo razonable y adecuado, elecciones sobre la base del pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y principios democráticos.
En su más reciente informe Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH concluyó que “en Venezuela existe una suspensión de facto en el ejercicio de los derechos políticos de su población”.
De acuerdo a los hechos que preceden, la CIDH consideró que el proceso de convocatoria a elecciones en Venezuela no cumple con los estándares internacionales, los tiempos fueron manejados de modo imprevisible y arbitrario, no ha sido consensuado con las fuerzas de oposición; y que tampoco cumple con los procedimientos establecidos en la propia Constitución venezolana.
Además, acotan que el órgano electoral venezolano sigue integrado en su mayoría por operadores de confianza del Gobierno y sus decisiones evidencian su parcialidad al partido oficial.
Según la información recibida por el orgnismo, el sistema político venezolano estaría conformado por diecisiete partidos, de los cuales doce pertenecen a la alianza política del Gobierno Nacional y sólo cinco a la oposición. La Comisión nota que en el proceso electoral de 2016, se contó con un total de 67 partidos políticos.
A esto le suman las inhabilitaciones de funcionarios públicos que forman parte de la oposición y que son posibles candidatos a cargos públicos electivos, con el fin de impedir su participación política de manera definitiva.
Asimismo, según la información que suministran, mencionan que el CNE dictó plazos insuficientes y requisitos irrazonables que tuvieron como resultado impedir a posibles candidatos su derecho a inscribirse y a participar en el proceso electoral.
La convocatoria apresurada a elecciones y el manejo del cronograma electoral, antes referida, también ha afectado seriamente la garantía del voto universal y su acceso para los nuevos electores y personas venezolanas en el extranjero, concluyó el texto presentado por la CIDH.
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