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OEA escuchó nuevos testimonios para determinar si remite el caso de Venezuela a la CPI

La Organización de Estados Americanos (OEA) retomó este jueves las sesiones para determinar si el caso de Venezuela debe ser remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de las denuncias recibidas por crímenes de lesa humanidad en el país.

Las sesiones, pautadas para las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde de este jueves, contaron con la participación de un panel independiente de expertos internacionales compuesto por el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles (Costa Rica); el secretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón (Argentina); y los canadienses Irwin Cotler y Raul Wallenberg, presidente del Centro de DDHH y Fiscal General de su país, respectivamente.

A continuación, la pauta a seguir en la sesión de la OEA de este 16 de noviembre:

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El primer testimonio fue el de Kerling de Sánchez, esposa del teniente coronel de la Aviación, Ruperto Sánchez, preso político desde el 2014 tras ser acusado de «golpista» y «traidor» por el presidente Nicolás Maduro.

«La Fiscalía llevó testigos contra mi esposo y sus compañeros, pero a ellos no se les permitió llevar ningún testigo», condenó De Sánchez, quien aseguró que alzará la voz por la libertad de su pareja adonde quiera que vaya.

Durante su ponencia relató que ha tenido que llevar a su hija a diversos psicólogos «para afrontar estas situación», al tiempo que contó sobre las «exageradas requisas» a las que debe someterse si quiere ver a su esposo.

«En ocasiones le pedían hablarle del proceso revolucionario a sus subalternos, para ideologizarlos», lamentó.

Asesinados por pensar distinto

Tras la declaración de Kerling de Sánchez, fue el turno de Iván Urbina y José Pernalete, padres de Fabián Urbina y Juan Pablo Pernalete, respectivamente, jóvenes que fueron asesinados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«A mi hijo lo mataron por pensar distinto», dijo Urbina sobre Fabián, de 17 años de edad, asesinado de un disparo al nivel de la clavícula el pasado 19 de julio en el Distribuidor Altamira.

Por su parte, Pernalete expresó que el asesinato de su hijo le cambió la vida a él y a su familia, y denunció que el gobierno nacional «ha obstaculizado el proceso de investigación» en ese caso, en el cual el presidente Nicolás Maduro y otros personeros del Ejecutivo aseguraron que lo mataron otros manifestantes con una pistola de perno, aunque testigos -incluidos periodistas y reporteros gráficos- dieron fe de que fue un GNB el que le disparó una bomba lacrimógena en el pecho y a corta distancia.

Represión sin castigo

Federica Dávila, fundadora de la brigada de primeros auxilios de la Universidad Central Venezuela (UCV), conocida en las protestas como la Cruz Verde, recordó como los cuerpos de seguridad del Estado «arremetieron con armas y municiones alteradas contra los ciudadanos desarmados».

«La represión se fue encrudeciendo con el pasar de los días», dijo Dávila, quien estuvo acompañada por el doctor George Simon, también miembro del referido cuerpo médico.

La joven mostró además su indignación debido a que «ningún funcionario ha rendido cuenta» por la represión en las manifestaciones.

Detenciones sin pruebas

El ex fiscal del Ministerio Público (MP), Franklin Nieves, fue otro de los que tuvo derecho de palabra en esta sesión, en la que tocó temas álgidos como el caso Leopoldo López, el asesinato del joven Bassil Dacosta, y las detenciones arbitrarias realizadas contra manifestantes y dirigentes opositores.

A sabiendas de las irregularidades en el caso López, Nieves confesó que a unas de sus audiencias hizo pasar a un periodista como su asistente, para que tomara nota y publicara lo sucedido. El mismo hecho se repitió en algunas reuniones internas de la Fiscalía.

En medio de su ponencia, el otrora mano derecha de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo además que el gobierno nacional mintió cuando denunció que la sede del MP fue quemada. «Eso jamás pasó», aseveró.

Posteriormente, contó que el Ejecutivo hostigó a sus subalternos para dar con su paradero, por lo que tuvo que emigrar en calidad de exiliado a los Estados Unidos.

Persecución a los líderes

Finalmente, tanto Gustavo Marcano y Ramón Muchacho, alcaldes de los municipios Diego Bautista Urbaneja (Anzoátegui) y Chacao (Miranda), respectivamente, como el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila, hicieron énfasis en la brutal persecución del gobierno a los líderes opositores.

Con un video de varios funcionarios chavistas pidiendo su detención inició su ponencia Marcano, quien al igual que Muchacho, López y otros presos políticos, milita en el partido político Voluntad Popular (VP).

«Varias fueron las veces que me amenazaron para que ordenara que reprimieran e impidieran las manifestaciones públicas en el municipio Chacao», admitió Muchacho.

Por esas y otras razones, Marcano pidió el enjuiciamiento de Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

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