La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aplaudió este viernes las medidas anunciadas por el Gobierno de Panamá en contra de los 55 funcionarios chavistas, entre los que figura el presidente Nicolás Maduro, y 16 empresas vinculadas, por considerar que representan un alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para Ortega Díaz, dichas medidas deben ser “adoptadas por otros gobiernos de la región”, pues a su juicio “son acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder en Venezuela”.
Las medidas anunciadas por #Panamá contra funcionarios del régimen madurista deben ser adoptadas por otros gobiernos de la región. Son acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder en #Venezuela #30Mar
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 30 de marzo de 2018
Sobre la tragedia de Policarabobo
En reacción a la tragedia de Policarabobo, donde fallecieron al menos 68 personas, según cifras oficiales, la fiscal general en el exilio dejó entrever que seguramente “murieron más personas”, y envío sus condolencias a los familiares y seres queridos a través de un audio publicado por Venepress.
“Este hecho es la consecuencia de los continuos desaciertos del Gobierno en materia penitenciaria, en muchas oportunidades lo advertí. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Iris Varela, se convirtió en un ente que no resuelve los problemas en la materia, sino que generó y genera colapso en el sistema de justicia, y esto impacta negativamente a toda la sociedad”, dijo.
Recordó que por órdenes de la titular de la cartera de Asuntos Penitenciarios solo aceptan en las prisiones “a aquellos reclusos a quienes se les haya celebrado audiencia preliminar”, y afirmó que esa medida “viola la Constitución y la Ley”.
“Además, eso se convirtió en un negocio. Esta decisión sin sustento jurídico congestionó todos los centros de detención preventiva que están hechos para que los aprehendidos solo permanezcan 48 horas o menos, mientras son llevados a los tribunales. Pero por esta resolución pueden permanecer meses y hasta años en esos centros como el de Policarabobo, y es insólito que los alcaldes, gobernadores y el propio Ministro de Interior (Néstor Reverol), que son los responsables de estos centros de detención preventiva, se hayan hecho cómplices de Iris (Varela)”, condenó.
Agregó que los mencionados personeros del Ejecutivo nacional “no han tenido la voluntad política de resolver este asunto, y se han limitado a observar cómo se multiplican estos depósitos humanos por todo el país”.
“Peor aún, cuando alguno detenidos tienen cupos para trasladarlos al centro penitenciario, Varela exigió la adquisición de un kit que contiene una colchoneta, un uniforme y artículos de aseo, lo que se convirtió también en un foco más de corrupción. Todo esto es violatorio de las normas mínimas de tratamiento al detenido, y constituye un mecanismo de sistemática violación a los derechos humanos”, rechazó.
Lamentó que “el Ministerio Público ya no vigila estas condiciones como lo hacían antes los fiscales, pues desmantelaron también toda el área de fiscales dedicados a esta labor, quienes contaban con un equipo multidisciplinario para la constatación de las condiciones de reclusión de los ciudadanos”, y aseveró que “este es un episodio más de las sistemáticas y generalizadas violaciones de los derechos humanos” que ha denunciado en reiteradas ocasiones, y que considera “parte de la política de exterminio contra los más vulnerables que ha emprendido el Gobierno de Nicolás Maduro”.
“Además perdieron la vida mujeres que supuestamente estaban de visita dentro de las celdas. ¿Cómo explica el Gobierno esta irregularidad? Igualmente por allí se mencionó que ya entregaron los cadáveres debidamente autopsiados. Eso es mentira, conocemos perfectamente la capacidad de las morgues en Venezuela, y tenemos información que tales autopsias no se hicieron”, denunció.
Expresó que el caso de la tragedia de Policarabobo “no termina con la entrega de los cadáveres de las víctimas, pues se tiene que determinar la responsabilidad de estos crímenes”, y responsabilizó “con conocimiento de causa” al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; a Reverol, a Varela y al propio Maduro “como principales autores de estos crímenes”.
“Estos, junto a otros actores, han contribuido al desmontaje del Estado con el objetivo de controlar, ocultar y manipular la información de estos casos de violaciones a los derechos humanos. En Venezuela no existe actualmente un sistema penal que investigue de manera autónoma e imparcial este tipo de hechos, por lo que se deben llevar ante instancias internacionales para garantizar justicia contra los responsables”, sentenció.
