El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su Informe del año 2017 evidenciando el colapso del sistema penitenciario en todo el territorio nacional y cuyo panorama se agrava cuando las personas recluidas sucumben como consecuencia del mal funcionamiento de las prisiones, sin que el Estado adopte medidas contundentes para evitarlo o solucionarlo.
Humberto Prado, director del OVP, destacó que la crisis del sistema penitenciario se verifica no sólo con las cifras de personas fallecidas y heridas que año tras año se repiten, sino también en la falta de interés y compromiso en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los organismos internacionales.
“El funcionamiento de las cárceles se ve severamente afectado por problemas estructurales como el retardo procesal, hacinamiento, deterioro de las edificaciones, ausencia de una clasificación de presos, carencia de servicios básicos indispensables, posesión de armas y drogas por parte de la población reclusa, escaso número de funcionarios penitenciarios con poca o ninguna formación en el área. La ministra de Servicios Penitenciarios prefiere ignorar nuestras recomendaciones”, dijo Prado.
En tanto, el informe del OVP reveló que a cinco años del Plan Cayapa la mayoría de la población penal continúa siendo procesada. De un total 57.096 presos, 63% son procesados, 35% son penados y solo el 1% de encuentran bajo Destacamento de Trabajo.
El mismo informe reseña que para que las prisiones cumplan con la función preventiva especial de la pena y garanticen el respeto de los derechos humanos de los reclusos en general, es indispensable que los elementos que integran el Sistema Penitenciario: población, personal y edificaciones penitenciarias, sean gestionados armónicamente.
“El retardo procesal es el problema más alarmante, pues el hacinamiento carcelario, generado por la falta de celeridad de los tribunales, propicia no sólo el deterioro de las edificaciones, sino que también altera lo concerniente al número de personal penitenciario exigido para mantener el orden y preservar la seguridad de los detenidos y condenados”, acotó Prado.
En cuanto a la alimentación, tanto mujeres como hombres realizan una sola comida diaria debido a la ineficiencia del Estado en garantizar el acceso a la misma, así como a las dificultades de los familiares para llevarles alimentos.
A continuación una serie de recomendaciones que hizo el OVP
1. Darle cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 189 y 272.
2. Reformar el Código Orgánico Penitenciario, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y demás leyes concernientes al tema penitenciario.
3. Ajustar las normas a las Reglas Mínimas de las Naciones. Unidas para el de Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
4. Evitar la prisión como sanción casi exclusiva y aumentar el empleo de medidas no privativas de libertad para reducir el hacinamiento y el número de personas procesadas.
5. Incrementar el presupuesto para la alimentación y atención médica.
6. Conformar Comités de Derechos Humanos para la Paz en cada penal.
7. Revisar y adaptar a la realidad nacional las Normas Penitenciarias Europeas que fueron aprobadas en el año 2006, ya que estas constituyen el instrumento más innovador en la materia.
8. Investigar y sancionar a los responsables de homicidios perpetrados contra la población penitenciaria.
9. Ubicar a los presos en situación de procesados en recintos cercanos de la jurisdicción del tribunal que los procesa y prescindir de los traslados arbitrarios.
10. Adoptar medidas adecuadas para reducir el retardo procesal.
11. Dar fin a los atropellos contra los familiares de los presos y adoptar medidas que garanticen la humanización de las requisas.
12. Proscribir el trato discriminatorio contra las mujeres y garantizar recintos penitenciarios adecuados que les permita permanecer con los niños menores de tres años si así lo desean.
