Con el objetivo de lograr un cambio político en Venezuela, las fuerzas políticas democráticas podrían apostar por una transición negociada y una agenda de justicia transicional, que incluya una postura más clara y concreta, más allá de la sola salida de la administración de Nicolás Maduro.
Esta opción, sostenida por Cristián Correa, abogado especializado en la implementación de políticas de reparación para violaciones masivas de los derechos humanos del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por su siglas en inglés), es quien hace dicha propuesta.
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“Debería estar inspirada en nociones positivas de inclusión y participación de todos los sectores, lo que podría disipar temores entre los integrantes del gobierno sobre represalias o de perder absolutamente su poder”, explica el jurisconsulto en su más reciente artículo.
Recomienda que la oposición venezolana “reconociera las políticas de exclusión del periodo anterior a 1999”, antes de la llegada del chavismo al Gobierno. “Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del ‘Caracazo’ de 1989, así como las masacres de Cantaura, en 1982; de Tazón, en 1984; de Yumare, en 1986, y de El Amparo, en 1988”, puntualiza.
Correa también aconseja que sean investigadas posibles formas de exclusión social y económica a comunidades, identificar “abusos, injusticias y resentimientos”.
