Suiza congeló activos y le prohibió la entrada a siete altos funcionarios del Gobierno de Maduro

Suiza anunció este miércoles 28 de marzo duras sanciones contra siete altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, entre quienes figuran la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello; el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

A través de un comunicado, el Consejo Federal helvético informó que las medidas obedecen a “las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”, siguiendo así la línea impuesta por la Unión Europea (UE), que anteriormente también impuso sanciones contra el Gobierno de Maduro.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el jefe de gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres; son los otros sancionados por Suiza, cuyo Ejecutivo congeló sus activos y les prohibió la entrada y el tránsito en su territorio.

Adicionalmente, el Consejo Federal suizo estableció un embargo de venta y exportación a Venezuela de equipamiento militar y otros bienes que puedan “ser usados con fines represivos” en el país, así como también prohibió la venta de equipamientos y tecnología que puedan servir para vigilar o interceptar comunicaciones telefónicas o de Internet.

“El Gobierno suizo está gravemente preocupado por las violaciones repetidas de las libertades individuales de los venezolanos, en las que el principio de la separación de poderes se ve severamente afectado, y en el que el proceso para las próximas elecciones sufre un fuerte déficit de legitimidad”, reza el comunicado.

Es por ello que el Ejecutivo de ese país exhortó al Gobierno de Maduro a “restaurar la integridad del proceso electoral, y a promover un espacio democrático incluyente y plenamente respetuoso de su marco constitucional y legal, y de sus obligaciones internacionales”.

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