La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el Estado venezolano, durante un operativo de la Guardia Nacional en una cárcel en el año 2003.

El órgano, con sede en Costa Rica, indicó que a pesar que el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, era «necesaria la sentencia para profundizar en lo ocurrido y ordenar medidas de reparación».

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Durante dicho operativo militar murieron ejecutados 7 presos y otros 27 resultaron heridos y fue realizado durante el primer gobierno de Hugo Chávez. Se realizó en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como cárcel de Vista Hermosa, ubicada en el estado Bolívar.

Los nombres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales son: Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, que estaban privados de la libertad en el comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal».

El abogado penalista, Luis Izquiel, aseguró que el único plan que tiene la administración de Nicolás Maduro, son las ejecuciones extrajudiciales, en vez de desarrollar un planteamiento en el cual busquen acabar con las bandas delictivas que no solamente están en algunos barrios de Petare, sino en distintas zonas del país.

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Explicó que el renombre que tomó «El Wilexis», líder de una banda de delincuentes en Petare, fue por temas políticos, tras haber sido vinculado con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Izquiel aclaró que para poder acabar con la delincuencia, se requiere de una modificación en el cuerpo policial, por lo que dijo que a veces en «manifestaciones a veces dicen que prefieren al hampa que a los policías».

La Organización No Gubernamental (ONG) Fundación de los Derechos Humanos solicitó a la fiscalía del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, investigar cuatro casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en la parroquia San Pablo del municipio Cajigal del estado Anzoátegui.
La información la dio a conocer el abogado y especialista en derechos humanos Alcides Magallanes, director de la organización defensora de los DD.HH.
Magallanes denunció los casos de César Rafael Vivas Matute, Javier Vivas Matute, Anni Domingo Paraqueimo Ruiz y un adolescente de nombre José Gregorio Caraballo, todos fallecidos en presuntos enfrentamientos con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc,) subdelegación Peñalver.

Esta versión oficial fue rechazada por los familiares de las víctimas y testigos, quienes informaron que los cuatro hombres no se enfrentaron a una comisión policial, por el contrario fueron atacados en horas de la madrugada mientras dormían en sus residencias, detallaron.

Asimismo, Magallanes resaltó que en el estado Anzoátegui, en el primer semestre del año, se han duplicado los casos de presuntas ejecuciones sumarias, en los cuales de manera significativa están involucrados funcionarios del CICPC.

El director de Fundación de los Derechos Humanos hizo un llamado al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),Tarek William Saab, y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz,  a tomar acciones en estos casos y cumplir con sus funciones de garantizar el derecho a la vida a los ciudadanos venezolanos.

Magallanes destacó que la Fundación de los Derechos Humanos está a favor de la ley, “si una persona está involucrada en hechos punibles, la obligación de los cuerpos de seguridad es detenerlo y ponerlos a la orden de la fiscalía del Ministerio Público, sin excederse en sus actuaciones”.

Finalmente informó que fue creado un Comité de Derechos Humanos en el municipio Cajigal, para evitar excesos policiales y ejercer control en materia de seguridad ciudadana.

En un informe realizado por un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se concluyó que durante el gobierno de Nicolás Maduro se han cometido crimenes de lesa humanidad.

«Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad», afirmó Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte del grupo de expertos.

En un informe de 400 páginas se detalló que existe base legal para denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Cantón aseguró que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los «colectivos».

El informe posee denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente desde hace dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir «descargas eléctricas en sus genitales».

La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, designó al fiscal Luis Moreno Ocampo, Santiago Cantón, Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá, para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela luego de haber realizado su tercer informe sobre la situación del país.

La injusticia, el dolor y las ganas de limpiar el nombre de sus familiares hacen que Eubardis Herrera, Aracelis Sánchez y Glory Tovar no decaigan en su labor. Todas, unidas en una sola voz, piden a las madres que exijan a las autoridades que investiguen las ejecuciones extrajudiciales, que lleven ante los tribunales a los responsables y cesen, de una vez por todas, los asesinatos en el país

“Escuchamos unos disparos y empezamos a correr, toda la gente subía al barrio. Yo creía que tenía a mi hija detrás de mí, pero cuando volteo me dicen que estaba más abajo, en el piso”. Así comenzó el último día del 2017 para Eubardis Herrera, madre de Alexandra Conopoy y abuela de una bebé que todavía estaba en gestación, ambas asesinadas ese día por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Cada 31 de diciembre las familias deberían estar esperando el conteo regresivo para recibir el año nuevo. En Venezuela, el deseo de que la situación del país mejore va de la mano con las metas personales que se tienen y que, en circunstancias normales, podrían cumplirse; pero para Eubardis apenas comenzaba un largo y doloroso camino para exigir justicia.

Los venezolanos vivían el peor diciembre que haya podido registrarse en el país, debido al recrudecimiento de la emergencia humanitaria. Esta situación obligó a las familias de los sectores populares de Antímano, en Caracas, a protestar esa madrugada para exigir que se cumpla la promesa de las autoridades de distribuir y vender el tradicional pernil navideño, un alimento que pasó de ser festivo a un paliativo al hambre que sufren las personas.

Tras este fatídico hecho, Aracelis Sánchez consiguió contactar a Herrera, llegando a visitar su vivienda para transmitir no solo un mensaje de aliento, de madre a madre, sino también para asegurarle que juntas harán hasta lo imposible para obtener justicia. La misión es no permitir la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.

“Yo fui a la casa de Eubardis después de leer la nota de prensa en la que decían que su hija y nieta habían sido asesinadas”, relató Sánchez, fundadora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh).

Sánchez siente en carne propia el dolor de Eubardis Herrera, porque ambas perdieron a sus hijos a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, en ejecuciones extrajudiciales aún sin justicia.

Ese mismo dolor es el que mueve a ambas a seguir en pie frente a los atropellos y abusos de las autoridades, quienes con subterfugios tratan de frenar el avance de las investigaciones y así, como meta final, dejar impune la muerte de jóvenes inocentes.

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