El Gobierno encargado de Venezuela, presidido por Juan Guaidó como jefe del Parlamento, emitió este jueves una alerta internacional ante la detención arbitraria y la privativa de libertad dictada contra el ciudadano Juan José Márquez, desaparecido desde la tarde del pasado martes.

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Tras los hechos ocurridos en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el régimen de Maduro apresó a Márquez al acusarlo de traer consigo “material peligroso”, lo que ha sido catalogado como una nueva expresión del “autoritarismo” que se vive en la nación.

Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, afirmó que esta situación configura una “grave violación” a los derechos humanos y refuerza la denuncia del informe emitido a mediados del 2019 por la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet.

Por último, la administración de Guaidó reiteró que Márquez “es inocente de los hechos que se le imputan”.

A través de un comunicado de su ministerio de Exteriores, el régimen de Nicolás Maduro anunció que no permitirán el ingreso de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela el próximo 3 de febrero.

Jorge Arreaza aseguró que no han invitado a la CIDH porque “Venezuela no es miembro de la OEA”, sin embargo, el país tiene una representación en el organismo: Gustavo Tarre Briceño, designado por el Gobierno (E).

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“Venezuela no es miembro de la OEA (…) no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada”, reza el comunicado.

Aseguró que la administración que representa no otorga valor jurídico a las actuaciones de la OEA o la CIDH.

El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, ofreció este viernes el balance de la gestión de dicha misión diplomática en ese país, en el que aseguró que se ha empleado “la mayor presión contra la dictadura de Nicolás Maduro”. Asimismo, informó que avanzarán en sumar a Latinoamérica y Europa a presionar la salida del régimen.

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Lograr “toda la presión posible contra la dictadura”, recuperar y proteger los activos de Venezuela en el exterior, proteger a los ciudadanos dentro y fuera del territorio, y consolidar el Plan País, fueron las cuatro líneas de acción fijadas por el Gobierno encargado, según señaló el representante diplomático.

Vecchio indicó que la articulación de las sanciones contra funcionarios del chavismo se ha hecho desde esa Embajada, así como “lograr voz y voto en la OEA”. De igual forma, destacó la recuperación de la sedes diplomáticas venezolanas y la recuperación de Citgo, además de impulsar la ayuda humanitaria hacia connacionales que se encuentran a lo largo de Latinoamérica.