El Consejo Nacional Electoral (CNE) de la administración de Nicolás Maduro modificó el método de escogencia de los legisladores que representarán a las comunidades indígenas en el Parlamento venezolano.

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El cambio, contemplado en el Reglamento Especial para la elección de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional 2020, estipula una votación de segundo grado.

Según lo ordenado por el CNE, la poblaciones indígenas deberán conformar “asambleas comunitarias (…) para la elección de los voceros y voceras”. Posteriormente, esos representantes “participarán en Asambleas Generales, que tendrán a su cargo la elección, como diputados o diputadas, de los candidatos o candidatas correspondientes, votándose en cada tipo de asamblea – a mano alzada – tal como ha sido su uso y costumbre”.

De acuerdo al ente electoral, este nuevo sistema “reivindica las costumbres, usos y prácticas de las comunidades indígenas, a través de un procedimiento inclusivo, participativo y directo”.

El consultor y analista político, Anibal Sánchez, aseguró que se hizo realidad lo preanunciado sobre la publicación de la sentencia 068 del Tribunal Supremo de Justicia a nivel, no solo de números de diputados y su forma de adjudicación, sino con la selección de los representantes de los pueblos indígenas, quedando aún por salir una providencia que exigirá la postulación en respeto al género.

Esto surgió a partir de la publicación del “Reglamento Especial que regirá la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional 2020” publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En que contradice los preceptos del voto, según la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el tratado de los Derechos Humanos e, incluso, de la misma Constitución venezolana, en que “se contempla el ejercicio del sufragio de forma universal, directa, libre y secreta.

El sistema de elección diseñado por el CNE, correspondiente a la representación de los pueblos indígenas, será ‘bajo la modalidad nominal y mediante la elección por mayoría relativa de votos, expresados en asambleas populares conforme a sus usos, tradiciones y costumbres’, cita el instrumento.

Pero será una elección de tipo corporativa o de votos de iguales, de forma indirecta o de segundo y hasta tercer grado. Incluso sin respeto al voto secreto, como se pretendió con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Este nuevo instrumento para elegir diputados y suplentes por representación indígena sería en tres circunscripciones electorales:

1. Occidente: conformada por los estados Zulia, Mérida y Trujillo.
2. Sur: conformada por Amazonas y Apure.
3. Oriente: conformada por Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre.

Una normativa que, según el órgano rector, se ajusta a la sentencia 068 del Tribunal Supremo de Justicia, en que exhorta al CNE a establecerse un sistema de elección de los representantes indígenas en consonancia con los usos y costumbres ancestrales.

El reglamento contempla que los representantes indígenas a las asambleas y voceros serán elegidos, única y exclusivamente por los integrantes de las comunidades indígenas para asegurar una representación efectiva de sus aspiraciones. No es una elección de carácter universal.

El método de elección responde a un procedimiento especial, iniciándose con la conformación de asambleas comunitarias por cada población indígena para la elección de los voceros a las asambleas Generales. ‘Dejo de ser por votación directa’.

Estas asambleas generales de voceros tendrán a su cargo la elección como diputados a los candidatos correspondientes, votándose en cada tipo de asamblea -a mano alzada- tal como ha sido su uso y su costumbre. Lo cual dista mucho de ser libre y secreta.

El reglamento establece como requisitos para ser postulado que se pertenezcan a etnias originarias, que hablen su idioma y que cumpla con, al menos, haber ejercido un cargo de autoridad tradicional, exhibir una conocida trayectoria de lucha en favor de los intereses, así como haber ejecutado acciones a favor de los pueblos.

Este nuevo instrumento, según explican, es el resultado de la consulta con los actores representativos de los pueblos originarios y, a partir de la norma, se dictará un cronograma especial con los lapsos y fechas de las diversas etapas.

Más de 120 familias indígenas Emberá Katio, han perdido su hogar durante la pandemia por el covid-19.

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Los afectados dejaron de percibir ingresos al no poder vender sus productos, pues la mayoría de ellos, viven de la artesanía, esto llevó ver se imposibilitado a pagar sus rentas y a su vez ser desalojados hace al menos tres semanas.

Actualmente, alrededor de 370 adultos y 215 niños viven en un campamento provisional que establecieron en la plazoleta, Tercer Milenio, ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, donde no cuentan con alimentos ni protección sanitaria.

“Nosotros llevamos aquí hace 18 días. Estuvimos 15 días en Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, y desde hace tres días estamos aquí en Tercer Milenio”, indicó a The Associated Press, Aguardo Dramagan, uno de los líderes de este grupo, añadiendo que aún están a la espera el gobierno ler ofrezca alguna solución sobre los pagos de arriendos.

“No quieren pagar esa deuda que habían prometido”, expresó.

Se estima que la cuarentena terminaría el próximo 1 de julio. Hasta el momento el coronavirus ha dejado 60.217 contagiados y 1.950 muertos en el país.

La Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), indicó el martes que las comunidades indígenas desplazadas en Venezuela se encuentran peligrosamente expuestas al nuevo virus covid-19.

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La agencia explicó que indígenas de estas comunidades han cruzado las fronteras con los vecinos de Brasil y Colombia, lo que los pone en completo riesgo ante el coronavirus, el cual se expande por toda América del Sur.

Asimismo, informó que al menos 5.000 indígenas venezolanos han sido desplazados del territorio brasileño. Entre las comunidades perjudicadas se encuentra el grupo étnico “Warao”, “Eñepá”, “Kari’ña”, “Pemón” y “Ye’kwana.

La portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo, afirmó que la pandemia está afectando “duramente” a la región amazónica y a Brasil, el cual se ha convertido en el epicentro del virus en Latinoamérica.

“Acnur está preocupada de que muchos (indígenas) no puedan enfrentar (la crisis) en condiciones sanitarias adecuadas”, expresó.

La diputada a la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, detalló este lunes que los pueblos indígenas han sido los más vulnerables durante la pandemia de covid-19, entre ellos mencionó a los Waraos, Pemones y Yukpa.

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“A estos pueblos los ataca cualquier virus, no tienen las defensas que podemos tener nosotros, conocemos de casos de niños y adultos mayores de los waraos que han muerto”, expresó la parlamentaria.

La diputada Hernández resaltó este hecho luego de que en Venezuela se registraran hasta los momentos 541 casos confirmados de covid-19, según la administración de Nicolás Maduro.

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Gladys Guaipo, manifestó que siente preocupación por los indígenas que se encuentran en estados fronterizos con Brasil, tras el brote de coronavirus. En este sentido, aseguró que estas personas no cuentan con asistencia médica para atender a quienes la padecen.

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“Hacemos de conocimiento público nacional e internacional que la pandemia o coronavirus ya está causando muertes en los hermanos indígenas Waraos. Ellos no están figurando en las estadísticas por estar apartados de las ciudades principales”, explicó la parlamentaria.

En este sentido, aseguró que la situación en Manaos, Brasil, ha empeorado tras el acelerado brote que se ha generado en el país, en vista que, las medidas sanitarias varían depende de los gobernadores.

“En Venezuela no se cuenta con los insumos para detectar aquellos casos asintomáticos o contaminados de nuestros indígenas, para poder tomar las medidas de aislamiento social”, añadió Guaipo.

La diputada explicó que la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas está dispuesta a viajar para evaluar la situación de estas personas.

40 indígenas waraos dieron positivos a coronavirus en Brasil. Así lo informó la organización sin fines de lucro, Kape Kape, en que especificaron que se trata de un grupo residenciado en la localidad de Joao Pessoa.

No obstante, fue el Ministerio Público Federal de Brasil que hizo pública la información a través de su página web. Explicaron que fue el 4 de abril que se llevaron a cabo las pruebas en el centro de salud Arquidiocesano Sao José, en el centro de la capital.

Los indígenas serán trasladados al Centro de Actividad y Ocio Padre Juárez Benício Gramame (Cejube)

Actualmente existen 46 los indígenas con Covid-19, uno en estado crítico, cuatro recuperados y un fallecido.

Un grupo de indígenas presuntamente asesinó y descuartizó al dueño de una finca ubicada en Capanaparo, vía Guachara en el estado Apure.

El hecho se dio el pasado miércoles 15 de abril. Claudio Ramón Calzadilla Maleras, de 31 años y dueño y productor de la finca “La Fortaleza”, el fueron robados dos caballos de su propiedad, por lo que en compañía de dos de sus hombres, fueron en busca de los antisociales.

En el camino fueron emboscados por un grupo de indígenas. Sus trabajadores pudieron huir, mientras que Calzadilla fue tumbado del caballo, asesinado y descuartizado. Las partes de su cuerpo cortadas fueron arrojadas a un río aledaño.

Claudio Ramón Calzadilla Maleras era productor y dueño de la finca "La Fortaleza" en el estado Apure

Claudio Ramón Calzadilla Maleras era productor y dueño de la finca “La Fortaleza” en el estado Apure

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Denuncian que indígenas cometen actos vandálicos

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la región del suroeste de Venezuela, abrieron la investigación. Solo rescataron del fallecido una de sus piernas.

Habitantes de la comunidad alertan que en la región no hay pena ni cárcel para los grupos indígenas que en reiteradas oportunidades cometen actos vandálicos, según denuncias recogidas por El Clarín del Llano.

Foto: Referencial

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigió al régimen de Nicolás Maduro respetar los derechos humanos de la comunidad indígena en Venezuela.

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A través de su cuenta de Twitter, Almagro explicó que esta población protesta por no cntar con agua potable, alimentos y asistencia médica para enfrentar la pandemia.

“Exigimos al régimen Venezuela detener la violación de derechos humanos en contra de sus pueblos indígenas. Protestan por no contar con agua potable, alimentos y asistencia médica necesarias para enfrentar la crisis del Covid-19”, escribió, agregando que la comunidad ha perdido el control de sus tierras debido a la militarización por parte de los agentes del Estado.

El Foro Penal Venezolano publicó un informe en el que muestra la situación actual de las comunidades indígenas en Venezuela frente a la pandemia por el virus.

“Estos pueblos indígenas han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”, indica el informe.

El pasado domingo, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana reprimieron a la comunidad indígena wayú que vive en Guarero, La Guajira, estado Zulia, por protestar por la escasez de agua y comida en el lugar.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades del país investigar la represión de funcionarios de la GNB en contra de los indígenas.

El gobierno de Brasil prohibió a toda persona no indígena ingresar a tierras tribales para evitar más propagación del virus Covid-19 en sus aldeas y distribuirá máscaras, guantes, kits de prueba y alimentos a sus comunidades, así indicaron autoridades de la región.

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La epidemia amenaza a los más de 850.000 indígenas que habitan en Brasil. No tienen defensas contra enfermedades traídas desde el exterior y muchos viven en casas comunales donde no es posible el distanciamiento social.

Hasta ahora, las autoridades de salud informaron tres muertes de indígenas por la enfermedad , incluido un joven de 15 años de la gran reserva donde viven 25.000 yanomami, en la frontera con Venezuela.

La ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, indicó el lunes que de aquí a junio el gobierno empleará 4.700 millones de reales equivalentes a 904 millones de dólares, para proteger a estas comunidades.

Se incluye también a gitanos y descendientes de esclavos fugitivos que viven en áreas remotas.

El gobierno distribuirá 1 millón de máscaras y guantes protectores más 6.000 kits de prueba a las tribus indígenas y proporcionará 300.000 canastas de alimentos para que no tengan que abandonar sus tierras buscando el sustento, aseguró Alves.