Los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua actúan de «forma coordinada» en labores de inteligencia con el objetivo de violar Derechos Humanos y cometer delitos de lesa humanidad, a juicio del presidente (E) Juan Guaidó.

El también líder de la Asamblea Nacional (AN) señaló en el foro «Violación a Derechos Humanos en Venezuela», que las tres «dictaduras» se «retroalimentan» en un plan de ayuda mutua, en el que intervienen recursos como el combustible.

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Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), explicó que las violaciones de DDHH en Venezuela forman parte de una política de Estado que es manejada por el poder central, haciendo referencia a Nicolás Maduro.

«Es resultado de una política oficial, una política de Estado (…) quien decide todo eso, es quien está al mando del país», dijo el funcionario.

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Vivanco agregó que en Venezuela no hay, en el Estado, una «instancia democrática independiente» del Ejecutivo que vele por los derechos de los ciudadanos para frenar y prevenir los abusos a la población.

«Los ciudadanos están en desamparo, sin defensa. Si no es por presión internacional y ocasionalmente presión interna, no se podrían lograr liberaciones de presos políticos», puntualizó.

Guaidó

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, alertó este lunes a los ciudadanos de El Salvador pues consideró que el presidente Nayib Bukele «se graduará muy pronto de caudillo» si continúa «por el mismo camino».

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A través de la red social Twitter, Vivanco pidió atención a lo que ocurre en la política del mencionado país para evitar que «se convierta en otra dictadura latinoamericana».

«Todos los días de la pandemia, Bukele aprovecha para degradar más la democracia de El Salvador, concentrar poder y autorizar violaciones a los derechos humanos», añadió el abogado chileno, tras las medidas de autorizar a las fuerzas de seguridad salvadoreñas para enfrentar a las pandillas en las cárceles.

Esta decisión del mandatario centroamericano se dio tras la cifra de 58 homicidios en el último fin de semana en diferentes penales de su país.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como una «burda farsa» la fraudulenta instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Luis Parra.

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«Maduro por la fuerza se toma la Asamblea e impide el ingreso de diputados de la oposición y sin quórum elige a uno de los suyos para reemplazar a Guaidó», denunció Vivanco, quien manifestó su incredulidad en que algún Gobierno democrático del mundo vaya a aceptar dichas condiciones.

Las naciones latinoamericanas deben unirse y crear un plan regional unificado que otorgue estatus legal temporal a los venezolanos que huyen de su país en lo que ahora es «posiblemente la crisis migratoria más grave en la historia latinoamericana contemporánea», según Human Rights Watch.

«Esto no tiene precedente regional», dijo José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch, además de presentar el informe del grupo sobre ‘El éxodo venezolano’, en el que se recomienda protección regional para todos los ciudadanos venezolanos, incluidos los permisos de trabajo y la suspensión de la deportación. También recomendó sanciones económicas contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves abusos contra los derechos humanos.

Vivanco hizo estas declaraciones un día después de que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijera que diferentes países deberían otorgar estatus legal a los migrantes venezolanos mientras trabajan para integrarlos social y económicamente en la nación que los recibe.

Miami – Human Right Watch analizó situación de migrantes venezolanos – VPItv

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El director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, publicó en su cuenta de Twitter en el que busca demostrar que con la expulsión de Lorent Saleh de Colombia se violaron los Derechos Humanos.

Vivanco, hizo un llamado a la Cancillería de Colombia para que exija a Nicolás Maduro la liberación inmediata del detenido.

Se acusa al gobierno colombiano de no garantizar la protección del deportado al entregarlo a las autoridades venezolanas. Tampoco le dieron tiempo suficiente de contactar a un abogado, preparar su defensa, ni hablar con un tribunal competente que verificara la legalidad de la orden de detención.

El 4 de septiembre de 2014 Lorent Saleh fue deportado de Colombia. Se le acusó, entre otras cosas, de falsificar documentos de identidad a venezolanos en Colombia, planear atentados contra Venezuela junto con un grupo paramilitar colombiano y difundir falsas informaciones acerca del gobierno de Chávez.

Saleh se encuentra preso en El Helicoide desde hace 4 años sin que se le haga un juicio, siendo diferida 50 veces la audiencia preliminar de su caso.

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El director Ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, calificó como “contundente” el informe presentado el pasado viernes por la Organización de las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

“Es lo más contundente que las Naciones Unidas ha publicado hasta ahora sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora, lo más interesante del informe es que recomienda, el Alto Comisionado, que la Corte Penal Internacional se meta de lleno en el caso de Venezuela”,  dijo duarnte un entrevista para NTN24.

A su juicio la recomendación es consecuencia no sólo de la cantidad de “atrocidades cometidas por parte del régimen de Maduro, sino también porque el Alto Comisionado concluye que allí no hay posibilidad de investigaciones internas, porque no hay un poder judicial, no hay autoridades, no hay instituciones capaces de investigar y procesar estos hechos atroces”.

En este sentido, puntualizó además que el Alto Comisionado también recomendó “la creación de una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este es un mecanismo que solamente se ha utilizado en casos extremos, como el caso de Corea del Norte, Libia, Siria, Sri Lanka y la ex Yugoslavia”.

Vivanco destacó que esta acción es una muestra de cómo la comunidad internacional está trabajando para solucionar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.

Human Rights Watch (HRW) instó a la Organización de Estados Americanos (OEA), a abogar por la liberación de los más de 200 menores de edad que aun permanecen detenidos tras las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en Venezuela durante el año 2017.

En un comunicado enviado por José Miguel Vivanco, director de HRW,  se envia una clara alerta a la OEA sobre el caso de estos menores que fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo servicios de inteligencia, en casos vinculados con manifestaciones en contra del gobierno. “Estos casos fueron documentados por la ONG venezolana Foro Penal. Más de la mitad pasó por un centro de detención y fueron procesados penalmente”.

Asimismo, Vivanco instó al embajador  colombiano ante la OEA y el actual presidente del Consejo Permanente de la OEA Andrés González Díaz, a incluir la situación de los niños detenidos en Venezuela en la agenda del Consejo Permanente. «Los miembros de OEA deberían requerirle al gobierno de Maduro que dé cuenta cuántos menores de edad se encuentran actualmente y que ordena la inmediata e incondicional liberación de todo aquellos que sigan detenidos por motivos políticos, incluyendo en instalaciones de los servicio de inteligencia».

A continuación el comunicado en su integridad

Entre abril de 2017 y abril de 2018, 442 niños (definidos en el derecho internacional como todo menor de 18 años) fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolana, incluyendo servicios de inteligencia, en casos vinculados con manifestaciones en contra del gobierno. Estos casos fueron documentados por la ONG venezolana Foro Penal. Más de la mitad pasó por un centro de detención y fueron procesados penalmente. Una práctica habitual ha sido condicionarles su libertad a la presentación y verificación de fiadores, lo cual demora indebidamente y en muchos casos de manera indefinida su libertad.

Al día de hoy más de 200 niños detenidos en esas circunstancias tienen un proceso penal abierto en su contra y varios de ellos permanecen detenidos, según el Foro Penal. Esta es la situación de Ender González y Dylan Canache, cuyos casos fueron documentados por Human Rights Watch.

Human Rights Wacht insta al Embajador Andrés González Díaz, embajador colombiano ante la OEA y el actual presidente del Consejo Permanente de la OEA, a incluir la situación de los niños detenidos en Venezuela en la agenda del Consejo Permanente. Los miembros de OEA deberían requerirle al gobierno de Maduro que dé cuenta cuántos menores de edad se encuentran actualmente y que ordena la inmediata e incondicional liberación de todo aquellos que sigan detenidos por motivos políticos, incluyendo en instalaciones de los servicio de inteligencia.

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, cuestionó este viernes el comunicado del gobierno de Venezuela en el que rechaza el «seudo informe» emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huamanos.

«La dictadura de Maduro miente y ataca a la principal entidad de DDHH de la ONU. Asi también lo hacía Pinochet», sentenció al respecto el portavoz de esta ONG.

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