El Centro de Detención Alayón, ubicado en la zona centro de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, fue desalojado este martes por cuerpos de seguridad y funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

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Según informó el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, el edificio penitenciario será convertido en un centro de esparcimiento social para la población.

Las autoridades de la administración de Nicolás Maduro, también detallaron que los 136 reclusos que albergaba el recinto fueron trasladados a diferentes cárceles del país.

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La Audiencia Nacional de Madrid condenó al coronel (R) salvadoreño, Inocente Montano, a 133 años de prisión.

La sentencia, dictada este viernes, fue emitida luego de que Montano, ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, fue hallado culpable de la muerte, en San Salvador, de cinco jesuitas españoles.

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El incidente ocurrió en 1989, justo cuando el exoficial formaba parte del Gobierno salvadoreño. Para ese entonces, el exmilitar también era parte de La Tandona, la promoción de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército.

Por cada uno de los asesinatos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses, que suman 133 años y cuatro meses de cárcel.

La sentencia, que puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, establecieron un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena. A ese total se le restarán los años en los que Inocente Montano estuvo en prisión preventiva.

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Hashem Abedi, uno de los autores del ataque terrorista ocurrido en Manchester, Inglaterra, en mayo de 2017, fue condenado, este jueves, a 55 años de prisión.

Hashem es hermano del autor principal del hecho, Salman Abedi, quien se inmoló tras un concierto de la cantante Ariana Grande. El incidente dejó 22 personas muertas y más de 500 heridas.

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Hashem Abedi, de 23 años, fue detenido en Libia poco después del incidente. Las autoridades de Trípoli autorizaron luego su extraditado a Reino Unido.

El juez Jeremy Baker, encargado de dictar la sentencia en el tribunal penal de Old Bailey, consideró que ambos hermanos fueron «culpables por igual por las muertes y heridas causadas por esa explosión».

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró el domingo que se siente “secuestrado”, mientras cumple la detención domiciliaria en la que permanece por orden de la Corte Suprema de Justicia.

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Las declaraciones las realizó en una entrevista concedida a la revista “Semana”. El medio conversó con el exmandatario sobre los cargos que pesan en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos. 

«Estoy indignado porque yo siento que estoy secuestrado por mentiras, por sesgos. Estoy secuestrado por la complicidad de unos magistrados y del joven senador (Iván) Cepeda, afín a las FARC», expresó el senador.

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El ex jefe de Estado aseguró, además, que el proceso en su contra ha estado plagado de vicios. “(Me) han violado ocho garantías procesales fundamentales”, alegó el exgobernante.

Desde hace años, tanto Uribe como Cepeda se han acusado mutuamente de comprar testigos, con la finalidad de enlodar la reputación del otro. De hecho, entre 2012 y 2018, fue Iván Cepeda quien tuvo que enfrentar las acusaciones de Álvaro Uribe por abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio.

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La fiscalía financiera de Francia solicitó este miércoles cuatro años de prisión y una multa de 500 mil euros para el expresidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Lamine Diack, debido a los temas de dopaje que arropan a la institución.

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Además, las máximas autoridades francesas solicitaron una condena más severa para el hijo de Diack, Papa Massata (Exasesor de márketing de la IAAF), de cinco años de prisión.

Tanto Lamine Diak, su hijo y otras cuatro personas, están siendo juzgados en París por atrasar desde 2011 las sanciones disciplinarias contra los atletas rusos que está implicados en dopaje.

Según los jueces, el objetivo de Diak era obtener ayuda de las autoridades rusas para renovar los contratos de patrocinio de la IAAF.

«Lamine Diack nos ha dicho que no era un hombre de dinero, pero nada en el dinero», resaltó uno de los fiscales a los medios franceses.

El secretario de estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió a Rusia la liberación «inmediata» del estadounidense Paul Whelan, quien fue condenado a 16 años de prisión por espionaje.

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«Tenemos serias razones para creer que el Sr. Whelan ha sido privado de las garantías de un juicio justo, lo que se supone que Rusia debe garantizarle de acuerdo con sus obligaciones internacionales con los Derechos Humanos», afirmó Pompeo a través de un comunicado.

«El tratamiento de Paul Whelan por parte de las autoridades rusas ha sido terrible. Rusia no ha garantizado a Whelan una audiencia equitativa ante un tribunal independiente e imparcial; y durante su detención, puso en riesgo su vida al ignorar sus problemas de salud», argumentó el secretario.

Whelan, exinfante de la marina de los EEUU, fue condenado por el tribunal de Moscú por presuntamente cometer un acto de espionaje, según el Servicio Federal de Seguridad Rusa.

Por su parte, el embajador de EEUU en Rusia, John Sullivan, indicó que la condena de Whelan traerá un impacto negativo en las relaciones entre ambas naciones.

«Esto no tendrá un efecto positivo en nuestras relaciones», detalló.

Observadores de derechos humanos y dirigentes de la iglesia católica en Venezuela, describen como «una masacre» los asesinatos de casi 50 detenidos, hecho ocurrido el pasado 1 de mayo en una cárcel ubicada en el interior del país durante una serie de disparos realizados entre civiles y miltares.

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La ministra de Servicios Penitenciaros de la administración de Maduro, Iris Valera, declaró al diario Últimas Noticias que el acto ocurrió tras un intento de fuga masiva.

De acuerdo a las organizaciones defensoras de DDHH, los reos siempre recibieron «disparos contra su humanidad», cuando se acercaron al área administrativa de la cárcel para protestar que militares de la Guardia Nacional Bolivariana se quedaran con porciones de sus comidas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, que confirmó 47 fallecidos y 75 heridos, rechazó que una presunta “fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos” haya originado los ataques.

“Sí, fue una masacre”, afirmó Carolina Girón, directora del Observatorio. Durante una entrevista con la Voz de América, insistiendo en que los disparos contra la población carcelaria fueron “indiscriminados”.

Rommy Moreno, esposa del Director de Despacho de la Presidencia, Roberto Marrero, denunció este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que su esposo se encuentra aislado de los otros presos políticos y sin permiso de recibir visita alguna.

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Asimismo destacó que tiene más de 4 días que no se comunica con su esposo, por lo que solicitó a la comunidad internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que hagan valer sus derechos.

“Alerto que mi esposo @ROBERTOMARRERO se encuentra aislado y sin visitas. No se ha comunicado ni viernes ni lunes como de costumbre. Roberto tiene medidas cautelares que no se respetan. Comunidad  Int. aboquense al cumplimiento”, destacó. 

Se cumplen siete años de aquel fatídico Día de San Valentín en el que el atleta paralímpico, Oscar Pistorius, asesinó a su pareja, la modelo de 29 años, Reeva Steenkamp. El hecho conmocionó no solamente a Sudáfrica, sino a todo el ámbito mundial por el impactante hecho.

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Pistorius se encuentra pagando una condena de 13 años y 5 meses y a pesar de haber sido un héroe y posteriormente un asesino, decidió convertirse en líder espiritual dentro de la prisión para pagar sus culpas. 

“Mi hijo siempre ha sido un niño de Dios (…) se ha dedicado a servir a sus compañeros de prisión, proporcionándoles un buen conocimiento de la Biblia y ofreciendo esperanza a quienes lo necesitan”, expresó su padre, Henke Pistorius.

El juez Marco Guerra decidió darle prisión preventiva al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (Cpccs) Carlos Tuárez por presunto delito de asociación ilícita, así lo indicó la Fiscalía General del estado.

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Junto a Tuárez otras 26 personas recibieron la misma medida «por presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencia en entidades públicas».

El exmandatario de la Cpccs fue detenido por la policía ecuatoriana el jueves en la provincia de Manabí.

La abogada de Tuárez, Teresa Rivas determinó el caso como una persecución política. «No existe un solo elemento, no existen contratos, no existen concesionamientos ni tampoco los cuatro millones de dólares», señaló al portal El Comercio.