La Asamblea Nacional aprobó el reglamento de la “Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela”, estatuto que rige todos los fondos que ha recuperado el Gobierno encargado que son relativos a corrupción u otros actos en marcos internacionales.
El reglamento regula principios relativos a la elaboración, ejecución y control de presupuestos, contenidos en la Ley. Además, se dispuso crear un Consejo de Administración que sería el organismo que asumiría las funciones de la Oficina Nacional del Tesoro.
Este Consejo se encargará de dirigir, evaluar, procesar, y aprobar, conforme a las disposiciones legales vigentes, las solicitudes de realización de pagos formuladas por las autoridades ordenadoras de compromisos y pagos.
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En el reglamento también quedó establecido que los pagos aprobados por el Consejo de Administración se realizarán bajos los preceptos del convenio de asistencia técnica establecidos con la Organización de Estados Americanos (OEA), previa autorización del contralor (E) de la República.
Reglamento definió como se conforma el Consejo
El Consejo de Administración estará conformado por cinco miembros designados por la Presidencia encargada, tendrá a un coordinador y tomará decisiones por mayoría de sus integrantes en cada una de las reuniones.
En la sesión presupuestaria el reglamento se refiere a la distribución del recurso de 80 millones de dólares aprobados por la Asamblea Nacional en la Ley Especial, de los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
- 45% para gastos sociales con atención prioritaria para emergencias humanitaria referida a riesgos vitales.
- 6% destinados para seguridad y defensa de la democracia.
- 7% para el fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho a la información y la lucha contra la censura fueron.
- 11% para el fortalecimiento de las relaciones internacionales y el servicio exterior.
- 17% para la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus integrantes.
- 3% para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría y el Poder Judicial.
- 11% para los costos de implementación de este presupuesto especial.
