A través de un comunicado, la ONG Foro Penal fijó posición sobre el venidero diálogo entre el gobierno y la oposición y cuestionó la poca claridad en los objetivos que se persiguen en materia de presos políticos perseguidos y exiliados.
“Es nuestra obligación no legitimar ni otorgar potestades a ciegas que sirvan para realizar planteamientos no acordes con nuestros objetivos de Libertad y Justicia. En todo caso, seguimos dispuestos a escuchar planteamientos claros y a servir de punto de encuentro entre factores políticos, como siempre lo hemos hecho”, expresa el documento.
La ONG mostró preocupación pues en el nuevo proceso de negociación, “no se manejen los datos y las listas certificadas por la OEA o el Alto Comisionado de Derechos Humanos”, razón por la que alertan una posible manipulación en las cifras y se incluyan o excluyan a ciudadanos.
En este sentido, la Organización considera necesario “como requisito previo a cualquier otra consideración, y como muestra de buena fe por parte del gobierno, deben materializarse las libertades sin condiciones de todos los presos políticos y el cese inmediato y definitivo de cualquier forma de persecución injusta”.
A continuación el texto íntegro publicado por el Foro Penal:
Visto que un sector de la oposición ha manifestado estar de acuerdo con volver a intentar la vía del diálogo con el gobierno, lo cual ocurriría durante los primeros días de diciembre de 2017, incluyendo dentro de la agenda el tema de la prisión por motivos políticos, desde el Foro Penal hacemos constar nuestra posición, de la manera siguiente:
1.- Valoramos y promovemos el diálogo honesto y sincero como mecanismo pacífico de resolución de conflictos y diferencias. Sin embargo, rechazamos que, en lo que se refiere a la situación de los presos políticos, perseguidos y exiliados no se conozcan aún los objetivos precisos, o las condiciones ni exigencias previas que han sido o serán planteadas. Por ello el Foro Penal prefirió no asistir a las reuniones realizadas por una Comisión Especial de la Asamblea Nacional dirigida por el diputado Stalin González, en vista de que dicha claridad de propósitos y objetivos no existía ni existe actualmente, y es nuestra obligación no legitimar ni otorgar potestades a ciegas que sirvan para realizar planteamientos no acordes con nuestros objetivos de Libertad y Justicia. En todo caso, seguimos dispuestos a escuchar planteamientos claros y a servir de punto de encuentro entre factores políticos, como siempre lo hemos hecho.
2.- En nuestro criterio, como requisito previo a cualquier otra consideración, y como muestra de buena fe por parte del gobierno, deben materializarse las libertades sin condiciones de todos los presos políticos y el cese inmediato y definitivo de cualquier forma de persecución injusta.
3.- Expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que, con respecto al tema de la prisión y de la persecución por motivos políticos, no se manejen los datos y las listas certificadas por la OEA o el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esto trae el peligro de que, contra los criterios validados a nivel internacional, se incluya en dichas listas a personas que no son presos o perseguidos políticos, o se diga, como ya ocurrido en otras ocasiones, que se ha liberado a supuestos presos políticos que no son realmente tales. Evidentemente, no todos los presos son presos por motivos políticos, por una parte, y por la otra, es claro que con el uso de esas “listas” no validadas se corre el riesgo de que el gobierno engañosamente pueda decir que liberó personas que jamás han sido presos políticos, y de que algunos factores de oposición caigan en ese juego, quedando así los verdaderos presos políticos encarcelados y olvidados. Eso ya ha ocurrido en oportunidades anteriores, y es inaceptable. Dichos engaños deben ser rechazados, y así lo hacemos y advertimos en este momento, antes de tener que denunciarlos nuevamente.
4.- Proponemos que cualquier diálogo que se adelante entre sectores de la oposición y el gobierno sobre temas de DDHH sea supervisado y se adelante bajo la tutela no solo de los diferentes países hermanos que han mostrado su interés en que nuestra nación salga de la grave crisis que, en esta materia, sufrimos los venezolanos, sino además, y muy especialmente, que cuente con la participación de la OEA, que a través de su Secretario General, Luis Almagro verifica y certifica semanalmente la lista completa y precisa de los presos políticos de Venezuela, así como del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU.
5.- Por último, hacemos un llamado al gobierno nacional a cesar de inmediato todo acto de persecución, intimidación o amenaza contra la ciudadanía, a liberar de inmediato a los presos políticos, a finalizar toda investigación o procedimiento persecutorio motivado por razones políticas, a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente y a ceñirse en sus actos, estrictamente, a los preceptos, principios y valores recogidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República.
En Caracas, a los 26 días del mes de noviembre de 2017.-
