La defensa de nuestros derechos y nuestra dignidad, así como los esfuerzos para nunca dejarnos vencer por el sentimiento de odio – este es el camino que hemos elegido.”
Lech Walesa
La situación de los derechos laborales en Venezuela es mucho más grave que la vivida durante la aplicación de los “paquetes neoliberales” de finales de los noventa. La revolución bolivariana, particularmente a partir de 2015, agudizó la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario obligando a los trabajadores a diversificar sus fuentes de ingreso hacia la informalidad, a costa de la eficiencia en el empleo y la merma en su calidad de vida.
A pesar de las consignas de “gobierno obrerista”, “unidad obrera” y “la clase obrera y el pueblo al poder”; en la vida real, esa que no aparece en VTV ni en Últimas Noticias, la pulverización del salario y las prestaciones sociales, el corralito bancario del efectivo, la escasez de alimentos y medicinas, el detrimento de los servicios de salud pública y de los seguros H.C.M, el caos en el transporte que obstaculiza el traslado a los sitios de trabajo, así como las consuetudinarias prácticas antisindicales contra el movimiento sindical autónomo; hacen de este gobierno la peor pesadilla del obrero y del empleado asalariado.
La pérdida del poder adquisitivo obligó al Ejecutivo Nacional a decretar en 2017 cinco aumentos del salario mínimo unilaterales (sin la participación de sindicatos y empresarios), insuficientes y precarizados mediante la preeminencia del beneficio de alimentación bonificado sin incidencia salarial. Dichos aumentos se desinflaron a los pocos días de decretados, arrasados por una hiperinflación estimada en 2.616%.
Con empleos precarios y salarios de hambre, los trabajadores que deciden alzar su voz contra las políticas de pobreza son criminalizados afectando severamente las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, a la huelga y a la participación de los trabajadores en los asuntos públicos.
El gobierno se ha esforzado en consolidar una “legalidad” alternativa a la Constitución que erosiona la poca institucionalidad democrática y extingue el Estado de Derecho, y cuya máxima expresión fue la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en mayo de 2017. La principal amenaza para los sindicatos y el derecho a la sindicación en Venezuela viene a ser que en el acelerado proceso de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de Justicia, la dictadura de Nicolás Maduro, a través de la fraudulenta ANC, termine por abolir las garantías para los derechos a la libertad sindical, la reunión pacífica y la huelga.
A partir del 17 de julio de 2017, la organización Provea registró un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de 80 organismos de la administración pública nacional víctimas de amenazas, acoso y despidos, en el marco de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, así como persecución a trabajadores del sector público que presuntamente participaron en las movilizaciones ciudadanas registradas entre abril y agosto de 2017.
El feroz aparato de propaganda “revolucionaria” pretende invisibilizar estas realidades mediante arengas y frases hechas que no convencen a nadie salvo a los adláteres que se benefician del partido.
Un verdadero gobierno obrerista debe garantizar un salario digno y suficiente, la firma de las convenciones colectivas del sector público y privado, el cese de la criminalización del derecho a huelga, así como el mecanismo de diálogo social tripartito según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual forma debe inhibirse de realizar actos de discriminación política, y adoptar medidas para limitar la participación de militares en el manejo de empresas estatales y la imposición de figuras no civiles como las milicias obreras.
Nada de eso se cumple hoy día en el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro y su dictadura constituyente.
Nota de prensa
