La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que prohíbe la colocación de obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos en las ciudades de Maracaibo y San Cristóbal.
En el fallo difundido la tarde de este martes 11 de julio se obliga a las alcaldesas de los municipios Maracaibo del estado Zulia y San Cristóbal del estado Táchira, Eveling Trejo Álvarez y Patricia Gutiérrez Fernández, respectivamente; a realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios a fin de evitar las barricadas en sus municipios.
Las decisiones números 534 y 536 publicadas este martes,exige a las burgomaestres a proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y a mantener las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.
Asimismo, se les ordena cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus respectivos municipios; ejercer la protección de los vecinos y habitantes, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
También se les ordenó que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se ordena que desplieguen las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promuevan estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.
Finalmente, las sentencias señalan que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los mandamientos de amparo constitucional cautelar deben ser acatados por ambas alcaldesas, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en la ley.
