Cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentando alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como “víctimas de la dictadura venezolana” de Nicolás Maduro, informó este viernes el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que representa a 562 de ellas.
En una conferencia de prensa en la capital española de Madrid, el jurisconsulto se refirió a la investigación que ha ordenado la Fiscalía de la CPI sobre las denuncias, algunas de organizaciones internacionales, que acusan a los responsables del “régimen de crímenes de lesa humanidad”, y a la que se oponen las autoridades venezolanas.
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El Estado venezolano, según el abogado, ha actuado de una manera “maliciosa” para “dilatar” el desarrollo del procedimiento con peticiones “improcedentes” desde el punto de vista legal y con el argumento de que es la Justicia de ese país la pertinente para investigar los casos denunciados.
Sin embargo, la Fiscalía cree que ella es la competente, según el venezolano Gutiérrez, que argumentó que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de cualquier “seguridad y credibilidad” para proteger a la víctimas, sino todo lo contrario.
La administración de Nicolás Maduro ha pedido que se suspenda la investigación, de manera que los jueces de la sala de cuestiones preliminares tienen que dirimir la posibilidad de que esta investigación continúe.
A petición de los jueces, explicó, se convocó una consulta a todos aquellos que se consideran víctimas para manifestarlo ante la CPI. En total, se presentaron 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluidas 630 familias.
