El presidente (E) Juan Guaidó anunció que para atender la emergencia que representa para Venezuela la pandemia del coronavirus COVID-19 es necesario que se establezca un “Gobierno de Emergencia Nacional” y de esa forma salvar al país de una “catástrofe humanitaria sin precedentes”.

“Tras mucho meditar y tras diversas conversaciones con nuestros aliados, ha llegado el momento de plantear la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional que pueda implementar el Plan José María Vargas y salvar a Venezuela”, afirmó el también presidente de la Asamblea Nacional (AN) a través de un vídeo difundido en redes sociales.

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Agregó que dicho Gobierno no puede estar conformado por personas señaladas de colaborar con el narcotráfico, ni únicamente por las fuerzas de oposición a la administración de Nicolás Maduro.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guiadó, indicó que la responsabilidad de cuidar a los venezolanos es aún mayor ahora tras la crisis humanitaria que afronta Venezuela.

“Es contradictorio cuando el régimen dice que cuentan con más de miles de camas hospitalarias y le piden dinero al FMI”, expresó en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) que se llevó a cabo este martes.

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El líder de la AN agradeció a los parlamentarios que se conectaron para realizar la primera sesión virtual a fin de debatir lo que ocurre en el país.

El gobierno de Estados Unidos extendió por un año más la emergencia nacional sobre Venezuela, debido a que la crisis política, social, económica y humanitaria sigue representando para esa nación una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad y política exterior.

En un escrito, el presidente de EEUU, Donald Trump, explicó los motivos para la ampliación del decreto. Asimismo, envío una comunicación al Congreso para explicar motivos de la decisión y próximas acciones.

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Los motivos para la extensión del decreto son los siguientes:

  • No hay garantías de Derechos Humanos
  • Persecución de opositores políticos
  • Restricción de las libertades de prensa
  • Uso de la violencia en protestas antigubernamentales
  • Arrestos y detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de corrupción gubernamental significativa.

Le presentamos la carta integra emitida por el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump:

El 8 de marzo de 2015, el Presidente emitió la Orden Ejecutiva 13692, declarando una emergencia nacional con respecto a la situación en Venezuela basada en la erosión del Gobierno de Venezuela de las garantías de derechos humanos; persecución de opositores políticos; restricción de las libertades de prensa; uso de la violencia y las violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales; y arrestos y detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de corrupción gubernamental significativa.

El 24 de agosto de 2017, emití la Orden ejecutiva 13808 para tomar medidas adicionales, con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden ejecutiva 13692, para abordar los abusos graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales; la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela; el establecimiento de una Asamblea Constituyente ilegítima, que usurpó el poder de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y otras ramas del Gobierno de Venezuela; corrupción pública rampante; y la continua represión y persecución y violencia hacia la oposición política.

El 19 de marzo de 2018, emití la Orden ejecutiva 13827 para tomar medidas adicionales, con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden ejecutiva 13692, para abordar las acciones tomadas por el régimen de Maduro para tratar de eludir las sanciones de los Estados Unidos mediante la emisión de una moneda digital en un proceso que la Asamblea Nacional elegida democráticamente por Venezuela denunció como ilegal.

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El 21 de mayo de 2018, emití la Orden ejecutiva 13835 para tomar medidas adicionales, con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden ejecutiva 13692, para abordar las acciones del régimen de Maduro, incluida la mala gestión económica endémica y la corrupción pública a expensas del pueblo venezolano y su prosperidad y represión de la oposición política; intenta socavar el orden democrático celebrando elecciones anticipadas que no fueron libres ni justas; y la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela.

El 1 de noviembre de 2018, emití la Orden ejecutiva 13850 para tomar medidas adicionales, con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden ejecutiva 13692, para abordar las acciones del régimen de Maduro y las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos; degradar la infraestructura y el entorno natural de Venezuela mediante la mala gestión económica y las prácticas industriales y mineras confiscatorias; y catalizar una crisis migratoria regional al descuidar las necesidades básicas del pueblo venezolano.

El 25 de enero de 2019, emití la Orden ejecutiva 13857 para tomar medidas adicionales, con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden ejecutiva 13692, para abordar las acciones de personas afiliadas al régimen ilegítimo de Maduro, incluidas las violaciones de los derechos humanos y los abusos en respuesta a la lucha contra -Maduro protestas; arresto arbitrario y detención de manifestantes anti-Maduro; restricción de la libertad de prensa; hostigamiento de opositores políticos; y continuos intentos de socavar al presidente interino de Venezuela y socavar la Asamblea Nacional, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, y evitar que el presidente interino y la Asamblea Nacional ejerzan autoridad legítima en Venezuela.

El 5 de agosto de 2019, emití la Orden ejecutiva 13884 que impuso un bloqueo económico total al Gobierno de Venezuela, con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden ejecutiva 13692, por sus continuos abusos contra los derechos humanos, incluidos el arresto y la detención arbitrarios o ilegales. de los ciudadanos venezolanos, la interferencia con la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación, y los intentos continuos de socavar el ejercicio de autoridad legítima del presidente interino de Venezuela y la Asamblea Nacional de Venezuela en Venezuela.

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Las circunstancias descritas en la Orden ejecutiva 13692, y las órdenes ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela, no han mejorado, y estas circunstancias en Venezuela continúan planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, de acuerdo con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de Emergencias (50 U.S.C.1622 (d)), continúo durante 1 año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692.

Este aviso se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al Congreso.

Autoridades de distintos países y de organismos multilaterales tienen previstas próximas reuniones en mayo con el motivo de conformar una “mesa de donantes” y ayudar aquellos países de la región afectados por la masiva migración de venezolanos, así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Perú Gustavo Meza-Cuadra.

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El canciller confirmó que la cita sería en “Washington o en España”, en medio de los esfuerzos del Grupo de Lima, que busca la salida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“La posibilidad de llevar a cabo una reunión y atender las necesidades de los países de acogida es una de las cosas que estamos trabajando muy seriamente”, expresó el canciller.

El Grupo de Lima, creado en el 2017 e integrado por al menos 15 países de la región, se reunió por última vez la semana pasada en Canadá, en donde instó a la comunidad mundial a actuar rápidamente para detener la fuerte crisis venezolana.

Venezuela ha registrado un total 323.392 casos de malaria, entre el primero de enero y el 12 de octubre de 2019, lo que ha hecho que América Latina experimente un incremento en el número total de casos, según el informe ‘Malaria en las Américas’ de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La cifra total representa, según el estudio, una disminución de 1,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, detalla que el incremento en los últimos tres años de los casos en Venezuela ha hecho que aumente progresivamente la cifra regional.

A este aumento se le suman la expansión en áreas endémicas de países como Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá y brotes en lugares que estaban avanzando hacia la eliminación, como Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.

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La OPS destaca que la cifra del caso venezolano supera los datos de otros países como Colombia, que ha registrado este año 66.581 casos, o Brasil, con 71.549 casos de malaria. Hasta la segunda semana de octubre, 100 personas murieron por malaria en Venezuela en 2019, 129 menos que en el mismo período de 2018.

En este sentido, la organización indica que Colombia ha registrado 1.967 casos con procedencia de otros países en 2019, de los cuales 96 por ciento (1.885) provenían de Venezuela. En Brasil se registraron 2.119 casos con procedencia del exterior durante el primer semestre de 2019, de los cuales 1.370 eran importados del mismo país. Mientras que Perú también notificó 12 casos desde la citada nación.

La OPS ha recomendado a la región intensificar la vigilancia epidemiológica y mejorar la cobertura del diagnóstico de casos en las unidades de atención. También ha instado a dotar con antimaláricos a las comunidades en riesgo y evitar el desabastecimiento de medicamentos. Con información de Descifrado.

Luego de su reunión con el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas (ONU), Mark Lowcock alertó de la cada vez más delicada y deteriorada situación de millones de personas que padecen la crisis humanitaria.

“He visto cómo las mujeres, los hombres, los niños y las niñas comunes se enfrentan cada día a retos abrumadores para sobrevivir. Millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica”, inicia el comunicado divulgado por Lowcock.

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Denunció que debido a la falta de inversión, el sistema de salud se encuentra al borde del colapso, adicional que muchos centros hospitalarios no cuentan con la infraestructura básica de agua y electricidad. “Pacientes gravemente enfermos corren un alto riesgo de perder la vida”.

Subrayó que debido a esto 4,5 millones de venezolanos han tenido que migrar, la mayoría a países de Latinoamerica. Recomendó una solución política para “detener el sufrimiento” en Venezuela.

Representantes del sector salud en el estado Táchira protestaron a las afueras de las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal para exigir mejoras salariales y laborales en vista que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para poder ejercer su profesión.

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Para este miércoles convocaron una jornada nacional de protestas por parte del sector salud específicamente el área de enfermería y desde el estado Táchira manifestaron que el Hospital Central de San Cristóbal es el principal centro asistencial del sur-occidente del país, y no cuenta con los requisitos para atender a los pacientes y solo hay una enfermera disponible que no tienen insumos ni medicamentos para poder suministrar.

Las crisis migratorias en Venezuela y Nicaragua han puesto a prueba a los países vecinos, entre ellos, Colombia, Perú y Ecuador como los principales destinos que escogen los venezolanos y Costa Rica por los nicaragüenses, por lo que estudios arrojan que esta situación será vista en los próximos años.

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Una reunión realizada por Migration Policy Institute en Washington fue integrada por funcionarios que hablaron sobre “Respuestas de América Latina a las crisis migratorias de Venezuela y Nicaragua”, en la cual coincidieron que el mayor flujo migratorio se encuentra en estos países.

La Fundación Aid Live constituyó tres nuevas asociaciones para fomentar programas y disminuir la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela y colaborar con los refugiados en Colombia.

Los temas primordiales son la seguridad alimentaria, la prevención de la mortalidad materna, la salud psicosocial y la atención médica. La inversión será de $ 540.000 en un programa que cubrirá desde 2019 hasta el 2020. De esta manera, se verán beneficiados 4.000 personas de forma directa y otras 10.000 de manera indirecta.

Con estos tres nuevos planteamientos, la fundación ha empleado 900 mil dólares en total. Se espera que en los próximos meses realicen nuevos convenios para ayudar no solo a las personas que se encuentran en Venezuela sino también a los venezolanos refugiados en Colombia.

La fiscal general venezolana en el exilio, Luis Ortega Díaz, se reunió con el canciller de Chile, Teodoro Ribera Neumann, sobre la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. En el encuentro, expuso las distintas opciones de lucha que se han planteado para conseguir la libertad y la democracia en el país,

Agradeció a Ribera y al país chileno por el “inmenso e invaluable apoyo” que le han ofrecido a Venezuela y a los venezolanos que han huido para buscar oportunidades en otras naciones, en el seminario “Transición Pacífica a la Democracia: caso chileno”.