Amnistía Internacional (AI) presentó, este viernes, el informe «Morir ante un juez: Detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo».

El escrito relata el arresto y la muerte bajo custodia del capitán de corbeta. Los datos fueron extraídos del expediente de la investigación penal que se le siguió a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), implicados en el asesinato del militar.

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Acosta Arévalo desapareció el 21 de junio de 2019. Cinco días después, el día 26, la administración de Nicolás Maduro confirmó la detención del oficial de la Armada. Esas mismas fuentes, señalaron que el capitán estaba implicado en un intento de golpe de Estado.

Dos días después, el 28 de junio, Rafael Acosta Arévalo fue presentado ante un tribunal militar de Caracas. En esa audiencia, el oficial lucía débil, desorientado y presentaba signos de tortura.

La muerte del capitán se produjo horas después de haber sido presentado ante las autoridades militares.

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En su informe, AI asegura que Rafael Acosta Arévalo falleció en la Corte Marcial de Fuerte Tiuna «minutos antes de celebrarse su audiencia». La aseveración contradice la versión oficial, que indica que el oficial murió en el Hospital Militar Vicente Salias.

Si deseas conocer más detalles del reporte de Amnistía Internacional, ingresa al documento completo aquí.

Capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo - AI

 

El politólogo venezolano, Nicmer Evans, descartó su presencia, como candidato, en los comicios legislativos, convocados por la administración de Nicolás Maduro.

«No voy a participar en (las) elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Es una posición personal e individual», dijo.

Evans ofreció estas declaraciones a las puertas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lugar en el que permaneció recluido por 50 días.

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Pese a que su liberación se produjo tras los «indultos» anunciados este lunes, Nicmer Evans rechazó que su salida de la Dgcim se deba a un acto de buena fe de la administración de Nicolás Maduro.

«Yo sólo tengo que agradecerle a Dios y a mi familia el hecho de que yo esté de pie y conversando con ustedes», manifestó.

Nicmer Evans fue arrestado el 13 de julio de este año por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Se le acusó de aparente instigación al odio.

Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente (E) Juan Guaidó, fue excarcelado, este martes.

El consejero forma parte del grupo de más de 100 personas «indultadas» por la administración de Nicolás Maduro.

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Quijada permaneció detenido, por espacio de cinco meses, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La hermana del capitán Luis De La Sotta, actual preso político, señaló que al menos 200 privados de libertad que se encuentran en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, corren el riesgo de contraer el covid-19. Además, exigió la presencia de la Cruz Roja internacional y de los representantes de los Derechos Humanos de las Naciones.

A través de un vídeo difundido en las redes sociales, De La Sotta explicó que desde hace cinco meses el General Carlos Terán Hurtado «prohibió la visita de familiares y abogados. Asimismo, restringió el ingreso de alimentos, agua potable, medicamentos, llamadas telefónicas y hasta traslados hospitalarios».

Por esta razón, la venezolana se dirigió a la Fiscalía General para denunciar el caso, resultando designada la fiscal nacional N° 32, Luisa Dueñas, pero esta no ha podido visitar las instalaciones de la fuerza de seguridad por las medidas de prevención.

Morella De La Sotta es hermana del capitán de navío, Luis De la Sotta, quien desde hace dos años se encuentra detenido sin ningún tipo de juicio en las edificaciones del Dgcim. En el audiovisual, aseguró denunciar desde hace meses los «tratos crueles e inhumanos» de los cuales ha sido sometido su hermano.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional denunció este martes un posible foco de contagio en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que podría afectar a los privados de libertad en dicho lugar.

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Franco Casella, diputado al Parlamento, alertó sobre la posibilidad de un brote de coronavirus dentro de la población de reclusos en el Dgcim, en donde hay presos por motivos políticos.

«Exigimos el informe médico exacto de cada uno de los reclusos allí presentes y una fe de vida», dijo el legislador.

Según la información que maneja el Observatorio, algunos detenidos han presentado síntomas de la enfermedad y las pruebas rápidas aplicadas dieron positivo, por lo que los presuntos contagiados han sido aislados en el área de enfermería «sin la atención necesaria».

De igual manera, Casella afirmó que en medio de la pandemia no es recomendable realizar audiencias para cualquiera de los detenidos porque se ven expuestos. Esto en relación a una próxima presentación de 17 personas acusadas del presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.

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Hemos recibido información de familiares de Presos Políticos recluidos en DGCIM informando de un posible foco de COVID-19 en el lugar. Exigimos el ingreso de médicos e información del Ministerio Público. Algunos detenidos han presentado síntomas. Las pruebas rápidas dieron positivo para COVID-19, los han aislado en el área de enfermería sin la atención necesaria. DENUNCIAMOS, que el DGCIM niega el derecho a la salud a los Presos Políticos que alberga en condiciones infrahumanas en sus instalaciones. Es urgente el diagnóstico temprano de COVID-19. Lo que está sucediendo en la sede del DGCIM es una grave violación a los Derechos Humanos. Desde @DDHHAN exigimos se respeta el derecho a la vida y a la salud, solicitamos atención médica y fe de vida. – #COVIDEnDGCIM

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Oriana Rojas, esposa del controlador de tráfico aéreo, Derbys Rodríguez, conversó con el periodista Sergio Novelli sobre la situación legal en la que se encuentra su pareja.

Tanto Rodríguez como Rojas fueron detenidos, el pasado 04 de junio, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Los arrestos se efectuaron en el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

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De acuerdo con la mujer, quien también es controlador aéreo, el único antecedente que explicaría la detención de ambos es el reporte hecho por su pareja. En él, Derbys Rodríguez denunció una aparente situación irregular, con un compañero de trabajo.

«Unos días antes de que nos llevaran, un compañero recibió unos mensajes de parte de un militar, ofreciéndole un trabajo corrupto en el aeropuerto (…) Derbys estaba de guardia y pasó esa información a Wilfredo Gil, nuestro jefe para el momento», indicó Oriana Rojas.

La controlador agregó que «la única razón que nos dieron al momento (del arresto) fue que Derbys filtraba información sobre el avión presidencial y que a mí me llevaban porque saqué mi teléfono para grabar cuando se lo llevaban».

Rojas fue liberada cuatro días después, con medida de presentación. Su esposo sigue privado de libertad y, según su pareja,»esporádicamente le permiten una llamada de tres minutos y la defensa no ha tenido acceso a él».

Oriana Rojas precisó que fue destituida de su cargo sin motivo alguno, mediante un documento que le entregaron el 20 de junio y que «estaba firmado desde el 8 de ese mes por el antiguo presidente del Inac, Freddy Borges».

Efectivos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro se llevaron equipos electrónicos de la residencia del politólogo Nicmer Evans, luego de un allanamiento que duró más de cuatro horas este lunes en Los Caobos, en Caracas.

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El procedimiento comenzó en horas del mediodía y finalizó cerca de las 5:00 p.m, con el objetivo de dar con el analista por el presunto cargo de «instigación al odio».

En el lugar se encontraban la esposa, suegra, madre e hijo de Evans, así como su abogado Álvaro Herrera, quien fue trasladado por los funcionarios en calidad de «testigo».

A través de sus redes sociales, el director del portal Punto de Corte y vocero del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrir con el jurista Herrera.

Su grado militar y sus estudios no impidieron que muriera víctima de las cruentas torturas que padeció por parte de funcionarios de organismos de Seguridad del Estado que lo detuvieron tras la acusación de Nicolás Maduro de presuntamente éste haber participado en un golpe de Estado en Venezuela: este 28 de junio se cumple un año del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Todo inició el 22 de junio de 2019 cuando la esposa de Acosta Arévalo, Waleswka Pérez de Acosta denunció la desaparición y que la última comunicación que recibió de él fue una llamada telefónica a las 2:00pm del día anterior mientras se encontraba en una «reunión personal» en Guatire, estado Miranda. Luego se conoció que una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo habían detenido a él y otras seis personas, entre militares y policías (activos y retirados).

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El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo a Acosta Arévalo, de incurrir en «los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria», luego que la administración de Maduro lo acusara de estar incurso en un golpe de Estado.

Sin tener acceso a la legítima defensa, diferentes instituciones internacionales y de Derechos Humanos (DDHH) denunciaron el hecho. Para el 28 de junio fue trasladado por una comisión de la Dgcim a la sede del tribunal militar. Acosta Arévalo en la audiencia de presentación se encontraba en una silla de ruedas y con graves indicios de torturas. Los funcionarios de Inteligencia impidieron que la reunión con sus abogados fuera privada.

La defensa del capitán denunció que éste presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.

Capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo

Fotografía del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

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El juez del caso ordenó que fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en Fuerte Tiuna, en donde falleció la noche del 28 de junio tras encontrarse en estado crítico. Inmediatamente el hecho fue repudiado por instituciones y organizaciones internacionales, así como la Asamblea Nacional y la Presidencia encargada.

La activista de Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció que presuntamente a Acosta Arévalo lo habrían llevado a un lugar en las afueras de Caracas, en donde habría sido víctima de torturas, junto a otros de sus compañeros detenidos.

Por este hecho, la administración de Nicolás Maduro nunca aclaró. Mientras que su encargado de comunicaciones, Jorge Rodríguez, señaló que el «fallecimiento ocurrió durante el acto de presentación frente al tribunal competente».

El Ministerio Público imputó a dos funcionarios adscritos a la Dgcim, el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zarate, y solicitó su detención preventiva como presuntos responsables del hecho.​ Los oficiales fueron imputados con el delito de «homicidio preterintencional concausal», el cual tiene una pena máxima de nueve años de prisión.

La Presidencia (E), liderada por Juan Guaidó, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investigara la muerte de Acosta Arévalo y se calificó el hecho como «abominable». De la misma forma el 2 de julio fue ascendido póstumamente a «capitán de fragata» por el Parlamento, representado por Guaidó.

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Esposa de Acosta Arévalo pide justicia

A un año de la muerte de su esposo, la viuda del capitán, Waleswka Pérez de Acosta exigió la condena en contra de todos los culpables del asesinato por torturas.

«¿Acaso declarar es torturar? ¿Es que buen resguardo es asesinar?», expresó en redes sociales, en las que recordó que sigue vigente la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por el hecho.

En el mismo mensaje, publicó un mensaje en el que además detalló que luego de enterarse de la muerte de su esposo, el cuerpo estuvo desaparecido por al menos 13 días, en los que no se les dio a ella ni a sus abogados ningún tipo de información.

En el marco de la celebración por el Día del Periodista en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que tan solo durante el mes de mayo fueron registrados 550 ataques contra profesionales de la comunicación en el país.

En rueda de prensa vía streaming, Tinedo Guía, presidente del CNP, pidió a todo el gremio a unir esfuerzos con el objetivo de seguir haciendo frente a todas las situaciones adversas que sortean los comunicadores, «es una necesidad urgente».

Los datos que maneja el CNP desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha, detallan las violaciones a la prensa en Venezuela de la siguiente forma:

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  • 12 materiales grabados han sido obligados a ser borrados.
  • 8 impedimentos de cobertura.
  • 37 detenciones arbitrarias.
  • 2 bloqueos de medios digitales.
  • 3 agresiones físicas contra equipos de prensa.
  • 3 programas de televisión fuera del aire.
  • 2 emisoras cerradas.
  • 15 amenazas a periodistas y medios.
  • Un decomiso de equipos.
  • 2 medios impresos cerrados debido a la imposibilidad de conseguir combustible para su funcionamiento.
  • 14 intimidaciones a equipos de prensa.
  • 18 impedimentos de circulación a periodistas.

Por otra parte, las mayoría de las violaciones han sido perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional. En porcentajes, los castrenses ocupan el 44,5% en cuanto a ataques a la prensa, seguidos por activos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que ocupan 7,27% en la clasificación.

Porcentaje de efectivos de Seguridad del Estado que violan libertades de la prensa

Porcentaje de efectivos de Seguridad del Estado que violan libertades de la prensa

Reiteró su rechazo contra la censura, intimidación y amedrentamientos contra profesionales de la comunicación. «Hoy hacen uso de la fuerza (…) con el único propósito de imponer la censura y la omisión de información», puntualizó.

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CNP no discrimina

También hizo un llamado a los integrantes del gremio, jefes de prensa y directivos de las empresas tradicionales de comunicación a evitar la divulgación de información no verificada y especular sobre hechos que atenten contra la integridad de aquellos comunicadores sociales que han sido víctimas de la administración de Maduro y las acciones judiciales cometidas sin respaldo de las leyes venezolanas.

Recordó que en el CNP no existe discriminación por periodistas que respalden o ejerzan la profesión en medios oficialistas. «En el CNP no se imponen líneas partidistas (…) la institución que hoy preside está abierta para quienes con ética cumplen su trabajo», recalcó.

El Tribunal 43 de control del Área Metropolitana de Caracas emitió este jueves una orden de aprehensión contra el comisario Javier Gorriño, por el presunto delito de «instigación al odio».

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Gorriño, quien se desempeña como director de seguridad ciudadana del municipio El Hatillo, fue llevado por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en horas del mediodía para ser interrogado.

Horas más tarde, se determinó la orden en su contra, por haber informado hace días de una presunta fiesta en Los Naranjos, en la que afirmó que había altos funcionarios vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

La denuncia de Gorriño se dio luego de las quejas de vecinos que dijeron que hubo alteración del orden público en dicho sector del municipio, según reportó Román Camacho.

Exigen su liberación

Ante el conocimiento de la noticia, el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, exigió que las instancias judiciales respeten «el debido proceso que merece un ciudadano ejemplar».

La autoridad municipal reconoció la trayectoria del comisario Javier Gorriño, a quien enalteció por «combatir el hampa» en Venezuela durante medio siglo.

«Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el comisario pueda esta pronto con nosotros«, sentenció Sayegh.