Tras la detención del equipo reporteril de VPITV junto a periodistas de Caraota Digital por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) este martes en Caracas cuando cubrían el allanamiento a la sede de Entorno Inteligente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció su respaldo pleno a los periodistas venezolanos

“Solo las dictaduras, que le tienen pánico a la verdad, secuestran a periodistas por hacer su trabajo: informar al ciudadano”, escribió el líder del Parlamento en su cuenta de Twitter, en rechazo al accionar de los efectivos de seguridad.

Luego de cuatro horas detenidos nuestro equipo reporteril conformado por: Andrea Espinoza, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Jonathan Azuaje fueron liberados por parte de los efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

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Los integrantes de nuestra planta fueron detenidos en horas de la tarde cuando realizaban cobertura al allanamiento del medio Entorno Inteligente, el cual está ubicado en la avenida Sucre, en Los Dos Caminos.

Sin embargo, aunque fueron dejados en libertad sus teléfonos celulares quedaron retenidos en la sede de la Dgcim, en Boleita.

El dirigente sindical, Mauro Zambrano, denunció que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sacaron de manera ilegal a los familiares del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, del tribunal que celebrará su audiencia preliminar pautada para este martes 13 de agosto, aún y cuando, según la ley venezolana, estos actos son orales y públicos.

González fue detenido en Anaco, estado Anzoátegui, el pasado 28 de noviembre de 2018, cuando regresaba de una marcha en contra del régimen de Maduro en Caracas.

A un año de los hechos con drones en el acto en el que hablaba Nicolás Maduro, la periodista Sebastiana Barráez, informó que el joven perteneciente a la “resistencia” y vinculado con el ataque, José Bracho, continúa detenido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

José Bracho continúa detenido a un año del atentado a Nicolás Maduro – VPItv

Estados Unidos revocó visados a Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), así como a Iván Rafael Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ser señalados como partícipes en las violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela. Estas acciones fueron ejecutadas por los cuerpos de seguridad venezolanas, según lo reseñado en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur).

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, detalló que a través de la sección 7031 (c), el Departamento de Estado tiene la potestad de revocar las visas a Bastardo Mendoza y Hernández Dalas, así como a los familiares de ambos. Esta medida es aplicable siempre que este organismo posea información de que los señalados estén en casos de corrupción o violación de los Derechos Humanos, según información del Departamento de Estado. “De conformidad con la ley, además de la designación de Bastardo y Hernández, estoy señalando públicamente a la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios”, se detalló en la página web el organismo norteamericano.

La información también fue difundida por el embajador de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, a través de sus redes sociales, quien afirmó que permanecer dentro de la administración de Nicolás Maduro no es opción.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) este jueves y la incluyó en su lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los motivos de estas nuevas sanciones se deben al asesinato del capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado por funcionarios de esta institución de seguridad.

Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron la residencia del periodista estadounidense, Cody Weddle, para llevárselo detenido.

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Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el comunicador norteamericano residenciado en Venezuela fue visitado por los uniformados a las 8:00 am de este miércoles con una orden firmada por un tribunal militar.

Mediante un trabajo de inteligencia desarrollado por funcionarios de la Policía de Caracas, fue capturado José Alberto Dávila, de 49 años, quien se hacía pasar por funcionario de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y como trabajador de los derechos fundamentales, para atemorizar y extorsionar a comerciantes de la parroquia Sucre.

Robinson Navarro, Director del ente de Seguridad Municipal, señaló que a Alberto Lara, al momento de su detención se le incautó un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, Marca Jaguar, solicitada por la Sub-Delegación La Guaira. .

Indicó que el detenido fue puesto inmediatamente a la orden del Ministerio Público, donde tendrá que responder por el delito de usurpación de funciones.

Un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegó al Parque Nacional Canaima e hirió a cuatro indígenas pemones de la comunidad de Arekuna con armas de fuego, mientras realizaban un operativo “contra la minería ilegal”.  Tres de ellos resultaron heridos y uno falleció.

El diputado a la Asamblea Nacional, Americo De Grazia denunció que el indígena fue asesinado por funcionarios del DGCIM, en un presunto enfrentamiento. La Defensoría del Pueblo identificó al pemón fallecido como Charli Peñalosa de 21 años, quien habría recibido un disparo en la rodilla, y su hermano Carlos Peñaloza de 25 resultó herido. El hecho ocurrió en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

El parlamentario agregó que la vida de Carlos Peñaloza, correría peligro en manos de los funcionarios policiales.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, los funcionarios llegaron encapuchados y fuertemente armados, con “cajas de C4”. Durante la operación también fueron heridos dos Dgcim, sin embargo la comunidad habría impedido su traslado a un centro asistencial.

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El Tribunal Militar de Maturín dictó la medida de privativa de libertad la noche de este viernes contra el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, el cual será enviado a la cárcel de Pica en el estado Monagas.

Ante esto el representante de Fetrasalud, Pablo Zambrano, rechazó “categóricamente” tal acción en su cuenta de Twitter y precisó que este acto demuestra el “talante antidemocrático de Nicolás Maduro”.

Por su parte el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) indicó que este juzgamiento por un tribunal militar es “una grave violación de Derechos Humanos y ratifica que la dictadura en su empeño de mantenerse en el poder seguirá acrecentando el número de presos políticos. Rubén es un nuevo preso político de la dictadura”.

Además el partido Primero Justicia se pronunció sobre esta decisión y aseguró que le están “violando su derecho a ser juzgado en tribunales civiles y sin haber cometido ningún delito”.