Su grado militar y sus estudios no impidieron que muriera víctima de las cruentas torturas que padeció por parte de funcionarios de organismos de Seguridad del Estado que lo detuvieron tras la acusación de Nicolás Maduro de presuntamente éste haber participado en un golpe de Estado en Venezuela: este 28 de junio se cumple un año del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Todo inició el 22 de junio de 2019 cuando la esposa de Acosta Arévalo, Waleswka Pérez de Acosta denunció la desaparición y que la última comunicación que recibió de él fue una llamada telefónica a las 2:00pm del día anterior mientras se encontraba en una “reunión personal” en Guatire, estado Miranda. Luego se conoció que una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo habían detenido a él y otras seis personas, entre militares y policías (activos y retirados).

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El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo a Acosta Arévalo, de incurrir en “los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria”, luego que la administración de Maduro lo acusara de estar incurso en un golpe de Estado.

Sin tener acceso a la legítima defensa, diferentes instituciones internacionales y de Derechos Humanos (DDHH) denunciaron el hecho. Para el 28 de junio fue trasladado por una comisión de la Dgcim a la sede del tribunal militar. Acosta Arévalo en la audiencia de presentación se encontraba en una silla de ruedas y con graves indicios de torturas. Los funcionarios de Inteligencia impidieron que la reunión con sus abogados fuera privada.

La defensa del capitán denunció que éste presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.

Capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo

Fotografía del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

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El juez del caso ordenó que fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en Fuerte Tiuna, en donde falleció la noche del 28 de junio tras encontrarse en estado crítico. Inmediatamente el hecho fue repudiado por instituciones y organizaciones internacionales, así como la Asamblea Nacional y la Presidencia encargada.

La activista de Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció que presuntamente a Acosta Arévalo lo habrían llevado a un lugar en las afueras de Caracas, en donde habría sido víctima de torturas, junto a otros de sus compañeros detenidos.

Por este hecho, la administración de Nicolás Maduro nunca aclaró. Mientras que su encargado de comunicaciones, Jorge Rodríguez, señaló que el “fallecimiento ocurrió durante el acto de presentación frente al tribunal competente”.

El Ministerio Público imputó a dos funcionarios adscritos a la Dgcim, el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zarate, y solicitó su detención preventiva como presuntos responsables del hecho.​ Los oficiales fueron imputados con el delito de “homicidio preterintencional concausal”, el cual tiene una pena máxima de nueve años de prisión.

La Presidencia (E), liderada por Juan Guaidó, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investigara la muerte de Acosta Arévalo y se calificó el hecho como “abominable”. De la misma forma el 2 de julio fue ascendido póstumamente a “capitán de fragata” por el Parlamento, representado por Guaidó.

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Esposa de Acosta Arévalo pide justicia

A un año de la muerte de su esposo, la viuda del capitán, Waleswka Pérez de Acosta exigió la condena en contra de todos los culpables del asesinato por torturas.

“¿Acaso declarar es torturar? ¿Es que buen resguardo es asesinar?”, expresó en redes sociales, en las que recordó que sigue vigente la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por el hecho.

En el mismo mensaje, publicó un mensaje en el que además detalló que luego de enterarse de la muerte de su esposo, el cuerpo estuvo desaparecido por al menos 13 días, en los que no se les dio a ella ni a sus abogados ningún tipo de información.

En el marco de la celebración por el Día del Periodista en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que tan solo durante el mes de mayo fueron registrados 550 ataques contra profesionales de la comunicación en el país.

En rueda de prensa vía streaming, Tinedo Guía, presidente del CNP, pidió a todo el gremio a unir esfuerzos con el objetivo de seguir haciendo frente a todas las situaciones adversas que sortean los comunicadores, “es una necesidad urgente”.

Los datos que maneja el CNP desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha, detallan las violaciones a la prensa en Venezuela de la siguiente forma:

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  • 12 materiales grabados han sido obligados a ser borrados.
  • 8 impedimentos de cobertura.
  • 37 detenciones arbitrarias.
  • 2 bloqueos de medios digitales.
  • 3 agresiones físicas contra equipos de prensa.
  • 3 programas de televisión fuera del aire.
  • 2 emisoras cerradas.
  • 15 amenazas a periodistas y medios.
  • Un decomiso de equipos.
  • 2 medios impresos cerrados debido a la imposibilidad de conseguir combustible para su funcionamiento.
  • 14 intimidaciones a equipos de prensa.
  • 18 impedimentos de circulación a periodistas.

Por otra parte, las mayoría de las violaciones han sido perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional. En porcentajes, los castrenses ocupan el 44,5% en cuanto a ataques a la prensa, seguidos por activos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que ocupan 7,27% en la clasificación.

Porcentaje de efectivos de Seguridad del Estado que violan libertades de la prensa

Porcentaje de efectivos de Seguridad del Estado que violan libertades de la prensa

Reiteró su rechazo contra la censura, intimidación y amedrentamientos contra profesionales de la comunicación. “Hoy hacen uso de la fuerza (…) con el único propósito de imponer la censura y la omisión de información”, puntualizó.

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CNP no discrimina

También hizo un llamado a los integrantes del gremio, jefes de prensa y directivos de las empresas tradicionales de comunicación a evitar la divulgación de información no verificada y especular sobre hechos que atenten contra la integridad de aquellos comunicadores sociales que han sido víctimas de la administración de Maduro y las acciones judiciales cometidas sin respaldo de las leyes venezolanas.

Recordó que en el CNP no existe discriminación por periodistas que respalden o ejerzan la profesión en medios oficialistas. “En el CNP no se imponen líneas partidistas (…) la institución que hoy preside está abierta para quienes con ética cumplen su trabajo”, recalcó.

El Tribunal 43 de control del Área Metropolitana de Caracas emitió este jueves una orden de aprehensión contra el comisario Javier Gorriño, por el presunto delito de “instigación al odio”.

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Gorriño, quien se desempeña como director de seguridad ciudadana del municipio El Hatillo, fue llevado por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en horas del mediodía para ser interrogado.

Horas más tarde, se determinó la orden en su contra, por haber informado hace días de una presunta fiesta en Los Naranjos, en la que afirmó que había altos funcionarios vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

La denuncia de Gorriño se dio luego de las quejas de vecinos que dijeron que hubo alteración del orden público en dicho sector del municipio, según reportó Román Camacho.

Exigen su liberación

Ante el conocimiento de la noticia, el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, exigió que las instancias judiciales respeten “el debido proceso que merece un ciudadano ejemplar”.

La autoridad municipal reconoció la trayectoria del comisario Javier Gorriño, a quien enalteció por “combatir el hampa” en Venezuela durante medio siglo.

Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el comisario pueda esta pronto con nosotros“, sentenció Sayegh.

En un comunicado, el Ejercito Nacional de Colombia informó que este miércoles 10 de junio, “después de un trabajo de contrainteligencia de más de un año de seguimiento” logró aprehender a un sujeto identificado como Gerardo José Rojas Castillo, quien “ingresó al país en calidad de refugiado con la misión de desarrollar actividades de espionaje en las unidades militares en los departamentos de La Guajira y Cesar”.

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De acuerdo con la información suministrada por el organismo militar, “esta persona tenía en su poder documentos que le acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo (…) según datos recopilados, cuenta con los cursos y capacitaciones militares de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim), Curso Cazador, Fuerzas Especiales o Caribe, curso de Paracaidista, curso de Mando y conducción y curso de Infiltración”.

Finalmente, el ejercito colombiano informó que Rojas Castillo “fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y, posteriormente, logró ingresar a una empresa de transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía observar de forma permanente los movimientos externos del Cantón Militar de la Décima Brigada Blindada”.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunció a través de sus redes sociales la detención del periodista, Luis Gabriel Patiño, y su equipo de camarógrafos y asistentes por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

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“10am. El equipo de VPITV detenido en Chuao por GNB lo integran el periodista Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y el conductor Oscar Aviléz. Gobierno de Maduro arremete contra la prensa libre”, informaron a través de su cuenta en Twitter.

A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), informó que luego de haber sido detenidos una hora y media el equipo de prensa de VPItv fue liberado.

“11:00 am Liberado el equipo de prensa de vpitv detenido en la E/S de Chuao, en Caracas. Luego de mantenerlos 1 hora y 30 minutos en el sitio, les devolvieron sus credenciales y equipos de trabajo”, anunciaron en su cuenta de Twitter.

periodista de VPItv

El equipo reporteril de VPItv fue detenido este viernes por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras realizaban un reportaje en una estación de servicio ubicada en Chauo, estado Miranda, Venezuela.

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Diversas instituciones y diputados han denunciado el hecho a través de sus redes sociales, uno de ellos fue el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS).

A su vez, la diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, denunció la detención del periodista, Luis Patiño, su camarógrafo, Jonathan Bello, el asistente, Danger Zorrilla y el encargado de transporte, Óscar Áviles.

El piloto aviador Juan José Márquez fue llevado a su residencia para permanecer bajo arresto domiciliario, según confirmó la noche de este martes su abogado, Joel García.

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Luego de que se divulgara en redes sociales el cambio del lugar de reclusión del tío del presidente encargado Juan Guaidó, su defensa logró constatar el traslado de quien permanece detenido desde el pasado mes de febrero.

Aún no tenemos notificación oficial del tribunal, solo que fue trasladado a su casa con una comisión del Dgcim”, informó el abogado.

Minutos antes, el propio presidente de la Asamblea Nacional tildó dicha acción de la administración de Nicolás Maduro como una forma de “jugar” con los presos políticos en Venezuela.

Márquez fue apresado el 11 de febrero de 2020, cuando acompañaba a Juan Guaidó tras su regreso de la gira internacional 2020 que lo llevó a visitar naciones como Colombia, Suiza, Inglaterra, España y Estados Unidos para fortalecer la cooperación con la comunidad internacional.

Un oficial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y cuatro civiles murieron en dos nuevos enfrentamientos armados registrados en una zona minera de El Callao, al sur de Bolívar. En total, durante las últimas 24 horas, 10 hombres han muerto en varias confrontaciones ocurridas en esa zona rica en oro.

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Los civiles forman parte de la banda de alias “Toto” y “Zacarías”, a quienes el Cicpc acusa de comandar un grupo armado que perpetró la masacre de San Félix y el asesinato de la exconcejal Rosalba Mara Valdez, registrados en 2019; y el homicidio del líder minero y cultor popular, Carlos Clark, de 76 años, fechado el 8 de mayo de este año, entre otros delitos.

El extrabajador de la estatal Corpoelec, Otoniel Ramos, fue excarcelado la noche de este miércoles por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras haber sido acusado en abril de 2019 por “sabotaje eléctrico”.

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Así lo confirmó el Foro Penal a través de su cuenta de Twitter, así como se detalló que el antiguo preso político ya se encuentra en su hogar, luego de más de un año detenido.

Esta liberación se suma a las 23 ocurridas la noche del martes en El Helicoide, luego de que la cifra de reclusos por motivos políticos alcanzara los 367 a comienzos de semana.

Desde las afueras de la sede de la Dgcim en Boleita, familiares de Josnar Adolfo Baduel Oyoque, hijo del general Raúl Baduel, exigieron este lunes conocer el paradero del joven que en horas de la tarde fue detenido junto a otros siete ciudadanos en Chuao, estado Aragua.

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Según versiones, la aprehensión de Baduel Oyoque fue ejecutada por pescadores de la zona, quienes alertaron a los funcionarios de los cuerpos de seguridad. Al momento del hecho, testigos aseguran que un helicóptero de la policía sobrevolaba el área.

Margareth Baduel, una de las hijas del general Baduel aseguró que no obtuvo respuesta por parte de los efectivos de la Dgcim al solicitar el estatus de su hermano. Asimismo, denunció que Josnar Baduel “hoy ha sido víctima del régimen en una aprehensión injustificada”.

Familiares del detenido exigen que la defensa de Baduel Oyoque pueda conocer más detalles sobre el caso. Hasta ahora “la única respuesta, es que no hay respuesta”.

Por: Luis Gabriel Patiño