El diputado a la Asamblea Nacional, Alexis Paparoni alertó que la producción nacional no alcanzará el 12% debido a la crisis que afronta desde hace años este sector y que se ha agravado debido a la escasez de combustible y la actual cuarentena nacional generada por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Tenemos alrededor de 90 millones de hectáreas dispuestas al área de producción (…) estaremos utilizando ahora entre 15 a 17 millones de hectáreas”, dijo el parlamentario.

Paparoni culpó que las expropiaciones, realizadas desde el gobierno de Hugo Chávez, fueron el “detonante” de la crisis”. “El gobierno usurpador en estos 20 años expropió a 354 empresas que tienen que ver con este sector” aseguró.

Le puede interesar: ¿Nuevo precio de la gasolina? Maduro anunció estar evaluando el tema con especialistas

Explicó que el Estado no debe participar en la producción ni en la economía, sino solo ocuparse de la educación, salud y seguridad de la población venezolana. “El Estado no tiene porque estar produciendo aceite, el Estado no tiene que estar vendiendo pollo”, afirmó.

El también coordinador político del área agroalimentaria del Plan País aseguró que tienen identificados los 13 productos que generan las 2.000 calorías que requiere un venezolano, y de darse un cambio político en el país esos productos en los 90 días “lamentablemente” serán importado al no tener una fuerza productiva inmediata. “Estaremos trabajando para traer la materia prima para que la industria comience a generar trabajo”, puntualizó.

Paparoni

Este sábado se cumplen 18 años del 11 de abril del 2002, una fecha que confirmó el inicio de un dificultoso siglo XXI en Venezuela, en la que por unas horas Hugo Chávez Frías abandonó el poder, que luego recuperó hasta su muerte, anunciada el 5 de marzo del pasado año 2013.

Lea también: Diputado Williams Dávila reiteró que el plan de Emergencia Nacional es la única salida

Manifestaciones sociales, asedio contra diplomáticos internacionales, disputas televisivas y legales, marchas, renuncias, detenciones, versiones y contraversiones, un Gobierno considerado “de facto”, 19 muertes y al menos cinco personas heridas, fueron algunos de los hechos que ocurrieron ese día.

¿Pero cómo se llegó a esa situación? La recordada jornada del 11 de abril tiene su explicación en los meses y años anteriores, desde el comienzo del primer mandato de Chávez en 1999.

La disputa entre Chávez y los empresarios venezolanos

Guaicaipuro Lameda, expresidente de Pdvsa, en el 11 de abril de 2002. Foto: Maiquel Torcatt

Guaicaipuro Lameda, expresidente de Pdvsa, en el 11 de abril de 2002. El militar tenía relación con Chávez hasta la aplicación de las 49 leyes. Foto: Maiquel Torcatt

Desde que el fallecido Hugo Chávez asumiera como presidente de Venezuela el 2 de febrero de 1999 y anunciara un proceso para modificar la Constitución nacional, los sectores empresariales que hacían vida en el país por aquel entonces mostraron su preocupación.

La patronal Fedecámaras, presidida por Vicente Brito, manifestó su negativa a apoyar la propuesta gubernamental pues observó la elaboración de leyes que no eran beneficiosas para el país, como el poder otorgado al primer mandatario frente a los militares, la eliminación del Congreso bicameral, la extensión del período presidencial a seis años con posibilidad de inmediata reelección, entre otros factores. Esta distancia se agravó porque los empresarios no fueron consultados respecto de la nueva Carta Magna.

Estos altos representantes veían una semejanza en las ideas de Chávez con el modelo cubano, dirigido por Fidel Castro, por lo que tras diferentes acciones de ese Gobierno, el 10 de diciembre de 2001 la cúpula empresarial se fue a un paro nacional de 12 horas a modo de protesta.

Esta decisión fue respaldada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los partidos políticos adversos al chavismo, ante lo que había sido la promulgación de un paquete de 49 nuevas leyes por vía habilitante, lo que generó críticas incluso desde la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Con la destitución del presidente de Pdvsa, Guaicaipuro Lameda, la situación económica en Venezuela se volvió compleja en los meses siguiente y militares de alto rango comenzaron a rebelarse públicamente contra Chávez.

En ese contexto, la CTV dirigida por el sindicalista Carlos Ortega, junto a Fedecámaras y ejecutivos opositores de Pdvsa, anuncian una huelga general indefinida desde el 9 de abril. El presidente Chávez respondió anunciando el despido público de los gerentes petroleros que apoyaban el movimiento.

Así, bajo un ambiente tenso y de confrontación entre opositores y oficialistas, el 11 de abril fue el tercer día de huelga, convertida en una gran concentración opositora que se ubicó en Chuao, frente a la antigua sede de Pdvsa. Fue en ese lugar en donde se sugirió el desvío de la marcha hacia Miraflores, para exigir la renuncia del Gobierno.

El 11 de abril: ¿Renuncia o golpe de Estado?

Militares venezolanos en el 11 de abril de 2002, en los alrededores del Palacio de Miraflores. Foto: Maiquel Torcatt

Militares venezolanos en el 11 de abril de 2002, en los alrededores del Palacio de Miraflores. Foto: Maiquel Torcatt

Con los militares desplegados en la calle y una contramarcha oficialista en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, la marcha opositora llegó a la zona y se desataron enfrentamientos entre ambos bandos, en donde efectivos policiales también participaron.

Piedras, disparos y presuntos francotiradores protagonizaron una batalla a plena luz del día, en la que se destacó la imagen de un grupo de pistoleros sobre el Puente Llaguno, en una imagen que quedó marcada en la historia contemporánea, incluso en canales de televisión de señal abierta, que transmitían los hechos pese a que el chavismo había iniciado varias cadenas para intentar mostrar normalidad.

Ese día, 19 venezolanos perdieron la vida en medio de un conflicto político, que significó un antes y un después en la gestión de Hugo Chávez, que se vio interrumpida horas más tarde.

Ante el caos que se desató en Caracas, la dirigencia opositora responsabilizó al Gobierno de propiciar las acciones violentas en las calles capitalinas con el llamado “Plan Ávila”, lo que provocó que en la madrugada del 12 de abril, el Alto Mando Militar anunciara la renuncia de Hugo Chávez al poder.

Lucas Rincón Romero, ministro de la Defensa entre el 1 de abril y el 1 de julio de 2002, convocó una rueda de prensa para decirle a la nación que se le había solicitado su renuncia al presidente y este aceptó. “Los miembros del Alto Mando Militar ponemos, a partir de este momento, nuestro cargo a la orden”, indicó el funcionario.

Una carta firmada por Chávez fue la prueba de dicha dimisión, aunque luego el mandatario y su administración negaron que fuera real.

El oficialismo reclamó que, en caso de una salida del presidente, el poder debía recaer sobre su segundo, que por ese entonces era Diosdado Cabello. No obstante, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, se juramentó en Miraflores como el nuevo mandatario de Venezuela.

Inmediatamente, Carmona anunció la disolución de todos los poderes públicos y dijo que el país volvería a llamarse República de Venezuela, dejando de lado el adjetivo “Bolivariana”, decretado en la Constitución de 1999.

Sin embargo, los simpatizantes del chavismo protestaron en las inmediaciones del Palacio y un grupo de militares encabezó una operación para reponer a Chávez en el poder, pues alegaba haber estado bajo secuestro.

Todo ello era una muestra del reflejo de la confusión que reinaba en la nación, en donde se produjeron hechos como el asedio en la embajada de Cuba, manifestaciones de la comunidad internacional y distintas versiones contadas en los medios de comunicación.

Así, el 13 de abril del 2002, Chávez fue liberado desde una prisión militar en la isla de La Orchila y retomó el mandato en el país gracias a sus efectivos más fieles.

Las consecuencias

Policía Metropolitana en el 11 de abril de 2002. Este cuerpo policial sufrió la detención de varios efectivos. Foto: Enrique Herńandez, Venpres

Policía Metropolitana en el 11 de abril de 2002. Este cuerpo policial sufrió la detención de varios efectivos. Foto: Enrique Herńandez, Venpres

A raíz de esos hechos, Hugo Chávez realizó cambios en su gabinete, sus personas allegadas e incluso endureció algunas de sus posturas, por lo que decidió hacer responder ante la ley a quienes consideró responsables del 11 de abril.

La relación de Venezuela con el Gobierno de José María Aznar, en España, se deterioró al punto de acusar a ese país de “apoyar” el presunto golpe de Estado. Por otra parte, el alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, fue acusado de permitir que manifestantes opositores ocasionaran daños en la embajada cubana.

Varios efectivos de la Policía Metropolitana fueron condenados a pagar años de prisión tras haber sido responsabilizados por las muertes en el centro de Caracas.

Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez Salazar, Erasmo Bolívar y Luis Molina fueron los juzgados por dos de las 19 muertes ocurridas en la marcha del 11 de abril del 2002. Todas las condenas fueron superiores a los 16 años y su defensa alega que los motivos de reclusión son “políticos”.

Igual suerte corrió el hoy Comisionado de Seguridad designado por el Gobierno encargado, Iván Simonovis, quien recibió 30 años de condena por parte del régimen chavista.

¿Qué pasó con? -- 11 de abril de 2002 -- VPItv

Por su lado, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron removidos por la Asamblea Nacional luego de que el 14 de agosto de ese año, librasen de un juicio por rebelión a los generales acusados de desconocer al Gobierno de Chávez. Esa misma directiva del Poder Judicial había califico como un “vacío de poder” lo ocurrido el día 11.

Las protestas contra Chávez se paralizaron por aquellos días. Pese a que luego ocurrió el paro petrolero de 2002 y otras estrategias para deponer al presidente por vías formales, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no volvería a ceder su lugar, aún contra la opinión de quienes hicieron política junto a él en sus inicios.

El chavismo instauró el 11 de abril como una fecha para recordar, con la frase: “Todo 11 tiene su 13”, en referencia al regreso de su líder al poder, hasta ser sustituido por Nicolás Maduro tras su muerte.

Tras ser incluido en una lista realizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Cliver Alcalá Cordones, mayor general (M/G) de las Fuerzas Armadas de Venezuela, se entregó a las autoridades de Inteligencia de Colombia -en donde se encontraba huyendo del régimen de Maduro- y estos a su vez lo extraditaron a Estados Unidos, en donde será procesado por crímenes ligados al narcotráfico en la región.

Conocido militar que ha colaborado en los gobiernos  de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, Alcalá reconoció recientemente que ejecutaba un plan para “liberar al país” del régimen chavista.

En colaboración con el presidente (E) Juan Guaidó, su asesor político Juan José “J.J.” Rendón y asesores estadounidenses (no precisó nombres), aseguró que buscaría ingresar armas a Venezuela para asesinar a Maduro y al descrito como el número 2 del régimen, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

¿Quién es Cliver Alcalá? Sus inicios

Era el año 1992 y Venezuela se encontraba en medio de una recesión económica. Había no solo descontento social, sino político y militar. En ese contexto, un basto grupo de militares en diferentes partes del país, intentó a través de las armas dar un golpe de Estado contra el para entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez.

Recomendado: Estos son los documentos con las acusaciones formales contra el régimen

En ese contexto es que se menciona el nombre del joven Cliver Alcalá, graduado de la Academia Militar y en ejercicio, quien desde el estado Carabobo participó en la fracasada intentona golpista.

Así como el resto de militares, fue arrestado y posteriormente liberado durante el gobierno de Rafael Caldera. Participó activamente con Chávez en el recorrido por toda Venezuela para promover su idea política. Una vez éste se hizo con el poder en 1998, Alcalá se incorporó a su guardia y paso a ser un edecán más del presidente.

Saltó con más fuerza a la palestra pública cuando en 2002, luego del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chavéz, encabezó la intervención a la Policía Metropolitana (PM), bajo la jurisdicción de Alfredo Peña, alcalde de Caracas.

Escalando en el poder

Habiéndose ganado la aprobación del máximo líder del movimiento socialista o “revolución”, Alcalá escaló peldaños a lo interno del gobierno de Chávez.

Mientras en las Fuerzas Armadas fue ascendiendo hasta llegar al grado de M/G, fue puesto a cargo de la Guarnición de Valencia, en el estado Carabobo, en el 2008. Un año más tarde, se le otorgaron poderes sobre la Guarnición de Maracay, en Aragua, región estratégica para Chávez desde el golpe del 92.

Relación con la guerrilla, narcotráfico y señalado por Estados Unidos

Hugo “El pollo” Carvajal, quien fungía como jefe de la Inteligencia Militar, y Alcalá fueron señalados por el ministerio de Defensa de Colombia como los “hombres de confianza” de Hugo Chávez para la entrega de cinco lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca a un batallón de las guerrillas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El material militar tenía como procedencia las Fuerzas Armadas de Venezuela y fueron conseguidos en el frente 43 de las FARC. Adicional a ésto, en la computadora de Raúl Reyes, comandante de la guerrilla que fue dado de baja a mediados de 2008, se encontraron correos electrónicos en el que se demuestra que los misiles fueron facilitados al grupo irregular con ayuda de Carvajal y Alcalá.

En 2011, fue incluido en una lista del Departamento de Defensa de Estados Unidos para abrir una investigación por sospecha de narcotráfico. Junto con él, también fueron mencionados el ministro de Defensa de Chávez, Henry Rangel Silva, y quien era presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello.

Más información: ¿Recapacitó López Obrador? Presidente de México llamó a quedarse en casa para evitar COVID-19

El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Eladio Aponte Aponte, fue la principal prueba para que el ministerio estadounidense hiciera esta lista. Luego de ser desterrado por el chavismo por sus revelaciones de corrupción y relaciones con la guerrilla, señaló a Alcalá como uno de los hombres que intermediaban por Chávez con grupos irregulares, además de manejar operaciones de tráfico de drogas.

Rompimiento con el chavismo

Durante años mantuvo un perfil discreto ante los medios de comunicación, y de esta forma ocurrió el cambio de liderazgo en el chavismo: falleció ejerciendo la Presidencia Hugo Chávez y Nicolás Maduro ganó de forma polémica las elecciones de 2013. Tras esto, fue nombrado comandante general de la Región de Defensa Integral en Guayana (REDI-Guayana).

En 2016, cuando la AN de mayoría opositora impulsó un ‘referendum revocatorio’ contra Maduro ante una crisis económica que se agudizaba cada vez más, Alcalá emitió una carta a medios de comunicación en el que trataba de explicar los paralelismo entre la situación de ese año y la de 1992, cuando fue dado el golpe de Estado.

“¿Por qué insurgimos? (…) ¿Acaso no hay más pobreza y exclusión social en 2016 que en 1992? ¿Los niveles de corrupción no han superado con creces a los existentes en los años previos a aquella insurgencia militar? ¿No ocurre un Caracazo todos los días en todas partes del país?”, manifestó en el escrito.

Tras ésto, fue relevado de sus cargos militares y políticos, además de pasar al retiro. Fue principal foco de ataque de Diosdado Cabello, quien aseguró que a Alcalá el gobierno de Estados Unidos o el “imperio” lo estaba financiando para decir “mentiras contra la revolución”.

Exilio en Colombia y planes de magnicidio

Se desconoce la fecha en que Alcalá, acusado de corrupción por el régimen de Nicolás Maduro y cada vez más señalado por los órganos de Justicia leales a él, estableció su residencia en Colombia.

Lea también: Guaidó desconoció tener alguna relación con Clíver Alcalá

A mediados de marzo de 2020 fue incautado en la ciudad colombiana de Barranquilla un vehículo con un arsenal de armas y municiones. Las investigaciones señalaron que el envío fue realizado por el M/G retirado, quien días después admitió ser el autor del envío que tenía como presunto destino Venezuela.

Explicó que había logrado un acuerdo con el presidente (E) Juan Guaidó, un grupo de asesores estadounidenses y JJ Rendón, para que las armas fueran facilitadas a un grupo insurgente en Venezuela, el cual calificó de “patriotas” y que intentarían un magnicidio contra la “cabeza de la dictadura”, refiriéndose a Maduro.

Posterior a esta confesión a medios de comunicación y en sus redes sociales, Alcalá se entregó a la Inteligencia colombiana, quienes a su vez lo entregaron a las autoridades norteamericanas en ese país. En Estados Unidos enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.

La Organización No Gubernamental (ONG) International Crisis Group (ICG) alertó en su último informe que los principales grupos armados en Venezuela, clasificados en guerrillas, colectivos, paramilitares y grupos criminales, estarían cada vez más concentrando poder del Estado y alejándolo de las instituciones que conforman a éste.

El informe fue presentado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. En el evento, el ICG advirtió que se debe seguir con atención la situación de Venezuela. “El poder se está escapando de las instituciones estatales y concentrando en manos de delincuentes, guerrilleros y otros actores no estatales”, relata el trabajo.

El trabajo fue dividido de la siguiente forma:

Guerrillas colombianas

Las guerrillas que operan en diferentes estados de Venezuela son trasplantes de Colombia e incursionaron en Venezuela mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, específica la ICG.

Lea también: Alfredo Ramos responsabilizó al régimen de Maduro por ataque a concentración de Guaidó en Lara

Sin embargo, resaltaron que el gobierno de Chávez (1999-2013) y luego Maduro (2013-2018), “toleraron” sus actividades y posteriormente apoyaron las políticas guerrilleras de extrema izquierda.

Debido a esto, las guerrillas no solo operan en la frontera colombo-venezolana, sino en diferentes partes de Venezuela, principalmente en el interior. “Operan en al menos 13 de los 24 estados”, señalaron.

Guerrillas colombianas del ELN. Esta alocución se presume fue realizada en Venezuela. Foto: AFP

Guerrillas colombianas del ELN. Esta alocución se presume fue realizada en Venezuela. Foto: AFP

Paramilitares

El informe no especifica el alcance de una posible presencia de grupos paramilitares en Venezuela, solo se hace eco de las denuncias realizadas por Nicolás Maduro y funcionarios de su régimen.

“El gobierno de Maduro ha puesto gran énfasis en el papel desempeñado por las unidades paramilitares colombianas de derecha en su país, y ha dicho que hay cinco grupos que participan en diversas actividades ilegales que son toleradas por las fuerzas armadas colombianas a lo largo de la frontera”, dice el informe.

En el trabajo también se hizo mención a la defensa del presidente encargado de la República ante las denuncias de Maduro: “Afirmó que no conocía la identidad de los paramilitares, y dijo que muchas personas se tomaron fotos con él ese día”.

Recomendado: A 31 años de “El Caracazo”: Conoce lo que sucedió aquel 27 de febrero de 1989

Grupos paramilitares son señalados de estar en Venezuela

Grupos paramilitares son señalados de estar en Venezuela

Colectivos o grupos irregulares chavistas

Los colectivos o grupos irregulares chavistas son definidos como “asociaciones civiles que en algunos casos funcionan como ‘parapoliciales’ y han ganado importancia a medida que el conflicto político venezolano se ha intensificado”.

“No sólo han ido ganando poder, sino que se han venido alineando con los objetivos del régimen (…) tanto el 23 de febrero de 2019, cuando los opositores a Maduro intentaron forzar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia y Brasil, como durante el fallido levantamiento cívico-militar de la oposición el 30 de abril, los colectivos jugaron un papel protagónico en los enfrentamientos callejeros”, dicen.

Las investigaciones de campo realizadas por la ICG explican que el discurso principal y objetivos de los colectivos ha ido cambiando conforme pasan los años.

  • De 2013 a 2018 gozaban de relativa autonomía y luchaban por establecer un “Estado comunal”, propuesto por el fallecido Hugo Chávez.
  • En 2015, ya con Maduro en el poder, su objetivo primordial era la distribución de alimentos y productos básicos a comunidades en alianza con el Estado. Consideraban al sector privado su principal enemigo por “especular”.
  • Desde el 2018, muchos de estos ya cuentan con cargos en el Estado venezolano, la mayoría con cargos de guardaespaldas de funcionarios de Gobierno. Su discurso se baja en “lucha contra el imperialismo”.

El informe concluyó que los colectivos no son necesariamente “receptores pasivos de órdenes” del régimen, sino que tienen diferentes facciones que no siempre coinciden en cuanto intereses.

Grupos colectivos en marchas a favor del régimen de Maduro

Grupos colectivos en marchas a favor del régimen de Maduro

Lea también: Solicitantes de asilo en EEUU que están en México podrían tener una esperanza

Grupos criminales

Estos tienen diferentes tamaños, estructuras y procedencias, sin embargo se dedican a las mismas actividades delictivas: robo, secuestro, fraude, chantaje, sicariato, comercio ilegal de armas y drogas, además de la trata de personas.

Citó un informe de la policía que advierte que en el país operan más de 100 grupos criminales venezolanos. Estos se dividen en:

  • Pranes (jefes criminales en el sistema penitenciario venezolano)
  • Megabandas
  • Sindicatos

Sobre los pranes, el informe apuntó como causa las políticas penitenciarias “mal diseñadas” durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

Dichas políticas toleran el hacinamiento y los acuerdos informales entre reclusos de los centros penitenciarios, por lo que los líderes de estos grupos o “pranes” han alcanzado un “poder excepcional”.

“Son organizaciones jerárquicas relativamente nuevas para la escena criminal venezolana (…) se dedican al tráfico de drogas, la extorsión y al secuestro en todo el país, y cuentan con gran influencia en su propio territorio”, puntualiza el informe sobre este punto.

Grupos criminales se han adueñado de algunas cárceles en Venezuela

Grupos criminales se han adueñado de algunas cárceles en Venezuela

La agrupación “Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución”, conformada por exministros de la gestión del expresidente de Hugo Chávez, hicieron este lunes un llamado a votar en las próximas elecciones parlamentarias para buscar “reinstitucionalizar” el país.

Lea también: Aislado e incomunicado: Esposa de Roberto Marrero denunció su estado

Héctor Navarro, Juan García Viloria, Gustavo Márquez Marín, Ana Elisa Osorio, Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander, Oly Millán Campos, Roberto López y Santiago Arconada Rodríguez, miembros de la plataforma, aseguraron que con una masiva participación electoral no habría posibilidad de fraude.

Según ellos, un llamado a no participar en los comicios “no es una opción si de lo que se trata es de buscar una salida pacífica, democrática, constitucional y soberana“.

Durante la mañana de este jueves 23 de enero fue liberado el subcomisario de la desaparecida Policía Metropolitana (PM), Marco Hurtado, tras cumplir su condena de 16 años y ocho meses por los sucesos ocurridos el 11 de abril del 2002.

Así lo informó su abogada, Theresly Malavé, quien dio la bienvenida “a la libertad” de Hurtado luego de haber pasado más de un mes sin motivo en la prisión de Ramo Verde.

La defensora publicó una foto del exfuncionario acompañado por su hija y su esposa, a quienes destacó por “todos estos años de lucha y sacrificio”.

¿Quién es Marco Hurtado y por qué es considerado uno de los primeros presos políticos del régimen?

Hurtado se desempeñaba como subcomisario de la extinta PM en 2002 cuando participó de los hechos ocurridos el 11 de abril, día en el que una marcha opositora al presidente Hugo Chávez hacia Miraflores terminó en un enfrentamiento a tiros que provocó 19 fallecidos.

Junto a otros nueve efectivos del cuerpo policial, Hurtado fue detenido un año más tarde y se convirtió en uno de los primeros presos por causas políticas en el país.

Fue en 2009, luego de tres años de haber comenzado un largo juicio de cerca de 230 audiencias, que la Justicia dictó 16 años y ocho meses de condena para él.

Además de Hurtado, la Fiscalía encarceló por 30 años a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina e Iván Simonovis. Por su parte, Arube Salazar recibió 17 años y 10 meses.

El subcomisario cumplió el pasado 15 de diciembre con el plazo de tiempo establecido por aquella sentencia. A partir de entonces, Hurtado debió esperar 37 días adicionales a los casi 17 años que estuvo preso para volver a estar en libertad.

 

Con información de Efecto Cocuyo.

ABC | Con suma cautela y discreción, el brazo fuerte del chavismo y algunos miembros de la oposición democrática exploraron durante los últimos meses una nueva vía para desalojar a Nicolás Maduro del poder. A cambio, el actual presidente interino, Juan Guaidó, también sería sacrificado. Los contactos se mantuvieron entre los meses de abril y octubre pasados, y tuvieron lugar en al menos cuatro países. Los implicados por parte chavista fueron nada más y nada menos que Diosdado Cabello, número dos del régimen; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo. A través de intermediarios contactaron con el entonces embajador de Guaidó en Bogotá, Humberto Calderón Berti, en una serie de encuentros en los que planificaron una Junta Constitucional de Transición que pusiera fin a la parálisis política y económica, y a la grave crisis humanitaria que vive Venezuela.

Fuentes consultadas por ABC revelaron que esta «tercera vía» para un cambio político ajena a Maduro y al presidente interino, Juan Guaidó, empezó a gestarse con posterioridad al pronunciamiento del 30 de abril, cuando el líder opositor Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario con ayuda del entonces jefe del Servicio de Inteligencia, Cristopher Figuera, y hubo un conato de sublevación. En la supuesta trama participaban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, Maikel Moreno; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el exembajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti. Todos ellos por medio de emisarios extranjeros, estarían planificando una salida ordenada de Maduro de Venezuela y el establecimiento de una Junta de Transición durante un período de 18 meses a partir de su juramentación ante la Asamblea Nacional. Para lograrlo había que articular varias fuerzas chavistas que se reparten el poder político en el país.}

Lea también: Mike Pompeo reiteró su apoyo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional

Los mensajeros

El primer objetivo era acercar a «Los invisibles», un grupo de siete generales que forman parte de los altos mandos del Ejército y próximos al entorno de Padrino López, con los militares del grupo de Diosdado Cabello. Las iniciativas para hacer coincidir los intereses de ambos grupos se materializaron en una primera reunión en Bogotá cuando en el mes de abril -sin conocimiento del levantamiento cívico-militar que planeaban los opositores Guaidó y Leopoldo López- el capitán del Ejército Carlos Aguilera Borjas, de 58 años, exjefe de inteligencia venezolana, exguardaespaldas de Hugo Chávez y hombre de la entera confianza de Cabello y Gustavo González López (exjefe del Sebin), se reunió con Calderón Berti para iniciar las conversaciones y proponerlo a él como la figura idónea para asumir la transición. Sin embargo, tras varios viajes a Caracas fue descubierto por el entorno de Maduro y puesto sobre aviso, lo que le impidió continuar con sus actividades como mensajero.

Según las mismas fuentes, la deserción del general Cristopher Figuera a Colombia abrió otra puerta para que en los meses posteriores Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, se sumara a las negociaciones en el bando chavista. Su mensajero fue Framik Rojas, abogado y exfuncionario del TSJ, mano derecha de Moreno, que entablaría contacto con el emisario de Padrino López, cuyo nombre permanece en secreto por motivos de seguridad.

Madrid fue una de las ciudades donde se perfilaron los aspectos más importantes de esta trama, gracias a la esposa de unos de los altos oficiales del grupo de Padrino «Los Invisibles», quien ejerció como anfitriona del encuentro.

El borrador

ABC tuvo acceso a un borrador de la supuesta sentencia de 16 páginas en la que se declararía disuelta la Asamblea Nacional Constituyente, «la ilegitimidad por evidente fraude constitucional de la elección presidencial del pasado 20 de mayo de 2018 y se designa en su tercer punto una Junta Constitucional de Transición y Reconciliación Nacional», integrada por los ya mencionados Maikel José Moreno Pérez, Vladimir Padrino López y el ciudadano Humberto Calderón Berti. Este borrador estuvo listo el día 12 de agosto y fue enviado a todas las partes involucradas por correo electrónico y física a través de sus emisarios. A Vladimir Padrino López, por ejemplo, se le entregó personalmente en el Círculo Militar de Caracas.

Esta iniciativa a espaldas del Gobierno interino de Guaidó fue descubierto por la Inteligencia de Nicolás Maduro, lo que le permitió confrontar a Moreno y a Padrino para que abortaran inmediatamente el plan y los exhortaba a seguir con sus actividades en el Gobierno.

Recomendado: República Dominicana solicitará visa a ciudadanos venezolanos (+Excepciones)

Las conversaciones

Este diario se puso en contacto con el exembajador Humberto Calderón Berti, quien desmintió estar relacionado con una conspiración con los chavistas para sacar a Maduro y a Guaidó del poder. «No conozco a las tres personas que me acaba de mencionar (en referencia a Cabello, Padrino y Moreno, aunque es propietario desde hace mucho tiempo de una finca que linda con una propiedad del hermano de Padrino). No sería aventurado que me meta en algo con gente con la que nunca he hablado», dice Calderón. Sin embargo, sí reconoce haber hablado con Aguilera y con Rojas, aunque «ellos nunca hablaron en nombre de nadie». «Yo he hablado con muchísima gente que ha pasado por Colombia en mi rol de embajador», afirma.

Humberto Calderón Berti no condena ninguna iniciativa que lleve a la expulsión de Maduro, pero enfatiza que nunca ha tenido ningún vínculo con el chavismo. «La transición para mí es más importante que el primer Gobierno -recalcó-, porque es en la transición cuando hay que reinstitucionalizar el país, empezar la reconstrucción y la toma de medidas políticas muy costosas, pero que de ahí depende el futuro del país».

El actor y pintor español, Jordi Mollà, habló sobre su actuación en la serie norteamericana de Netflix, Jack Ryan, en la que interpreta al personaje de Nicolás Reyes, el llamado inspirado en Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Al tiempo habló de su vida artística y la exposición que tendrá en la ciudad de Miami.

Lea también: Reportaron más de 30 feminicidios en Bolívar durante 2019

“Me inspiré realmente en Fidel Castro, me fui por una carretera distinta para tomar características más representativas de la izquierda, y ahí le transmití esa energía al personaje de Jack Ryan (…) estoy muy contento con el resultado porque es un personaje con mucha fuerza que según me dicen representa muy bien a las personas que están inspiradas”, destacó el actor.

EE.UU. - Jordi Mollà habló sobre su papel como Nicolás Reyes en Jack Ryan - VPItv

La ONG Transparencia Internacional registró una caída en picada en el tema de la corrupción en Latinoamérica por tercer año consecutivo, el cual conduce a “una parálisis aguda en su desarrollo” en la región.

Lea también: Justicia de Brasil dejó en libertad a expresidente Lula da Silva (+Vídeo)

Para la Voz de América, el periodista investigativo Casto Ocando y la especialista María Fernanda Pérez, coincidieron en que la corrupción no es un flagelo propio del continente, sino más bien una problemática “global”. No obstante, aseguran que en el caso de Venezuela fue el expresidente Hugo Chávez quien “desató fenómenos de corrupción sin precedentes”.

“No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión”, fueron las palabras del presidente fallecido, Hugo Rafael Chávez Frías, ese 28 de diciembre del 2006, que representarían el cierre del medio de comunicación y uno de los ataques más polémicos del régimen hacia la libertad de prensa.

“S.O.S. Libertad de Expresión” fueron una de las consignas que se vio en esos días de protestas en contra de la medida. No obstante, la transmisión se tornó en una pantalla negra a las 23:59 del 27 de mayo, que representaría la finalización de la transmisión luego de 53 años al aire.