El allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara es una “grave violación del orden constitucional y democrático”, de acuerdo a lo expuesto en un comunicado por la directiva de la Asamblea Nacional (AN).
La medida, según el Parlamento, desconoce sus facultades, y las remite “a la supuesta ANC (Asamblea Nacional Constituyente) para levantar la inmunidad” al diputado, que además es el primer vicepresidente de ese organismo.
A continuación, el escrito de la AN íntegramente copiado:
Ante la nueva arremetida del régimen de Maduro y sus instituciones ilegítimas y complacientes, esta Asamblea Nacional desconoce cualquier acto que, desde el Tribunal Supremo de Justicia y la espuria ANC, pretenda vulnerar nuestra Constitución y los derechos consagrados en la misma.
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena acordó remitir a la supuesta ANC la solicitud para levantar la inmunidad a nuestro diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y adoptó contra él medida de prohibición de salida del país por haber cometido, según el gobierno nacional, supuestos delitos en flagrancia.
Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia está completamente al margen de la Constitución, ya que ha vulnerado el derecho al debido proceso del Diputado Freddy Guevara, al privarlo del derecho a un antejuicio de mérito, con derecho a la defensa, y ha desconocido su inmunidad parlamentaria, que solo puede ser allanada por la Asamblea Nacional.
La Constitución otorga a los diputados y otras autoridades la prerrogativa del antejuicio de mérito, de la cual ha sido despojado el Diputado Freddy Guevara con el argumento de que ha habido flagrancia de delito, lo cual es absolutamente falso, pues no puede ser delito acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Además, tampoco hay fundamento jurídico alguno para sostener que ha habido flagrancia.
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución, todo Diputado goza de inmunidad desde su proclamación, razón por la cual no puede ser detenido ni sometido a juicio sin que la Asamblea Nacional haya autorizado su enjuiciamiento, es decir, levantado o allanado su inmunidad.
La finalidad de esta prerrogativa es salvaguardar la autonomía funcional del Parlamento, de modo que este no se vea menoscabado en el cumplimiento de sus labores por medidas de persecución adoptadas contra sus integrantes. La inmunidad no persigue la impunidad, pues no excluye sino solo condiciona o pospone el eventual enjuiciamiento, y su justificación es evitar que la separación forzosa de un Diputado del seno de la Asamblea Nacional y la imposibilidad de que este siga desempeñando sus actividades obstaculice la realización de los cometidos parlamentarios de control sobre el gobierno o de legislación.
La valoración sobre la existencia de este riesgo a la autonomía funcional del Parlamento corresponde con exclusividad a la Asamblea Nacional, esto es, al propio órgano parlamentario. La institución de la Inmunidad Parlamentaria contenida en el 200 constitucional no es una concesión del Gobierno, es un derecho que el pueblo Venezolano nos entregó el 6 de diciembre del 2015, cuando de manera contundente y firme votó por un cambio, tanto de correlación de fuerzas cómo político dentro de nuestro Parlamento Nacional, voluntad soberana que ha sido irrespetada sistemáticamente por el Gobierno de Maduro.
Este Parlamento es la única institución legitimada por el pueblo para conocer y decidir sobre la procedencia o no del allanamiento de la inmunidad de sus integrantes (diputados); por tal motivo exigimos al Gobierno nacional y al Tribunal Supremo de Justicia el cese inmediato del bloqueo institucional y de la persecución política contra esta Asamblea Nacional y sus integrantes, así como el respeto a la autonomía e independencia de esta Institución.
Igualmente, se hace del conocimiento público que ejerceremos acciones tanto nacionales como internacionales en procura del restablecimiento del orden constitucional y democrático infringido, toda vez que nos encontramos ante un nuevo intento de golpe al Parlamento Nacional y la Democracia.
Este Parlamento como ente que representa los intereses del pueblo venezolano lo defenderemos en todas las instancias por ser la única institución en este país que goza de autonomía e independencia como poder. Defenderemos los más sagrados intereses de este noble pueblo que anhela una verdadera Democracia con garantías y libertades plenas. Defenderemos la institución de la inmunidad Parlamentaria por ser un derecho que nos ha otorgado nuestro Pueblo.
Es una gravísima extralimitación que el Tribunal Supremo de Justicia haya establecido que la supuesta constituyente puede reemplazar a la Asamblea Nacional en la apreciación de las circunstancias que justifican el allanamiento de la inmunidad y en la adopción de la decisión respectiva, pues el sentido de la inmunidad es que sea el mismo Parlamento el que determine si su autonomía funcional está en peligro.
Es igualmente el Parlamento el llamado a autorizar cualquier medida de persecución contra los Diputados, que afecte su libertad, por lo que es absolutamente arbitraria la prohibición de salida del país ordenada.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es una acción más, sumamente grave, de persecución política llevada a cabo por el Ejecutivo Nacional en complicidad con el ilegítimo Fiscal General de la República, el Poder Judicial y el resto de la institucionalidad subordinada al gobierno nacional.
