Luisa Panagua.- A través de una nota de prensa publicada en su página Web, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de “responsabilidad política” contra el presidente Nicolás Maduro además de declarar sus actos “nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” por el presunto desacato en el que se mantiene el Parlamento.
Con este argumento el máximo tribunal le prohíbe al Poder Legislativo “dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”, por lo que también declara írritas incluso las leyes que sean sancionadas.
Para esto, la Sala Constitucional del TSJ reconoció la acción ejercida por el procurador General de la República, Dr. Reinaldo Muñoz, quien es cuestionado por la AN debido a que no fue nombrado de acuerdo a los requisitos establecidos en la Constitución. De hecho, en la Web del TSJ se le nombra como “encargado”.
El mencionado Procurador (E), solicitó al Tribunal evitar las actuaciones del Legislativo como el Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación”, aprobado el 25 de octubre de 2016.
La referida sentencia del TSJ pretende obligar a la presidencia de la AN y los demás diputados a “dar fiel cumplimiento a lo ordenado”, por lo que los representantes parlamentarios de los ciudadanos quedan imposibilitados para convocar y realizar actos “que alteren el orden público” o instiguen “contra autoridades y Poderes Públicos”.
