La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la represalia contra el sitio web de El Nacional de Venezuela, luego que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunciara el inicio de una investigación por su cobertura de las elecciones presidenciales del pasado domingo, cuyos resultados no fueron reconocidos por numerosos gobiernos de las Américas.
“Conatel, organismo estatal que regula, supervisa y controla las telecomunicaciones, notificó ayer que iniciará un procedimiento sancionatorio contra el-nacional.com por presuntamente ‘difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio’, en violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, destaca el comunicado enviado por la SIP
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario La República de Perú, quien encabeza una delegación internacional de la organización que visita Ecuador, expresó su condena y rechazo “por la revancha del gobierno contra uno de los pocos medios independientes que quedan en el país que sobrevive pese a la represiva política del Estado”.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, añadió desde Quito que el gobierno “sigue con su empeño de doblegar y silenciar a los medios independientes y toda forma de comunicación que no se apegue al discurso oficial”. El director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, agregó que “tememos que, tras el proceso electoral cuestionado internacionalmente, se inicie una nueva escalada de represión”.
El presidente editor de El Nacional, Migue Henrique Otero, consideró que el procedimiento administrativo contra el-nacional.com, “es una retaliación política”. Otero, quien también es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Venezuela, afirmó que “este ataque no nos callará” y no se autocensurarán. Anunció que se estudian acciones legales para enfrentar la medida.
Mohme y Rock se refirieron a la denuncia reiterada de la SIP sobre la existencia de un plan estratégico y estructurado del gobierno para acabar con los medios de comunicación y el periodismo independiente venezolano, mediante el uso de distintos mecanismos legales, jurídicos e impositivos para destruirlos.
