Tres trabajadores de la prisión de Oklahoma, en Estados Unidos, fueron acusados de cometer un delito menor por obligar a los reclusos a estar esposados de pie durante horas mientras escuchaban la canción Baby Shark, popular en los niños este año.

Así lo afirmó la fiscalía estadounidense la semana pasada, que aseguró que esto ocurrió al menos cinco veces con cinco privados de libertad diferentes y por separado en noviembre y diciembre del año pasado.

Los exfuncionarios fueron Gregory Cornell Butler Jr y Christian Charles Miles, de 21 años, y su supervisor, Christopher Raymond Hendershott, de 50

El abogado venezolano, Alonso Medina Roa, aseguró, este lunes, que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela.

Durante una entrevista concedida al periodista Sergio Novelli, el jurista pidió «estar muy pendiente» pues, el próximo 23 de septiembre, el informe presentado por una Misión Internacional de Investigación de la ONU entrará en debate.

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«Hay cosas que hay que decirlas muy claras sobre este informe, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos sostenido que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura», expresó.

La semana pasada una misión internacional de Naciones Unidas divulgó el reporte señalado por Medina Roa. Ese texto corrobora que los cuerpos de seguridad al mando de Nicolás Maduro cometen crímenes de lesa humanidad y que esos delitos forman parte de una política de Estado.

Alex Saab, detenido en Cabo Verde y señalado como testaferro de Nicolás Maduro fue acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras denunciar torturas falsas en ese país.

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«Las afirmaciones de Saab de que está siendo torturado son demostrablemente falsas», dijeron a El Mundo fuentes del ejecutivo federal sobre una nota del empresario colombiano donde afirmó que «Estados Unidos tiene a cuatro empleados nativos de Cabo Verde, que entran a su celda» y le dan golpes.

Para la justicia estadounidense las acusaciones de Saab solo buscan frenar su extradición a EEUU.

La organización de Madres y Familiares de Detenidos en Uruguay (Famidesa), develó que un militar detenido admitió que asesinó, secuestró y torturó a «numerosas» personas en diferentes naciones.

“He ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército, durante el proceso y en democracia, hasta el año pasado inclusive”, redactó el coronel retirado Gilberto Vázquez en los documentos que firmó en 2006.

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Por su parte, el miembro de la institución Ignacio Errandonea manifestó que según en las notas obtenidas, el tribunal remitió las cartas al comandante en jefe del Ejército de aquel entonces, Carlos Díaz, para que fuese analizada.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé”, expresó Vázquez, quien fue condenado a 25 años de prisión.

El pasado viernes, Femidesa mostró por primera vez los documentos que datan desde hace más de 10 años.

La cifra de ciudadanos venezolanos fallecidos víctimas de torturas desde 2013 se ubica en 72, alertó el comisionado para los Derechos Humanos (DDHH) de la Presidencia encargada, Humberto Prado.

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Prado detalló que la cifra de 72 muertos por torturas, entre los que se encuentran el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ubican a Venezuela como una nación con autoridades «degradantes» y con prácticas cotidianas «inhumanas», refiriéndose a la administración socialista liderada por Nicolás Maduro.

«Los a.sesinatos de Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo destacan entre los más representativos de estos crímenes de lesa humanidad; casos que evidencian cómo la tortura se aplica a civiles y militares», advirtió el comisionado.

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Los números ofrecidos por Prado son los que maneja la Organización No Gubernamental (ONG) Provea, quienes además explican que los funcionarios de Inteligencia leales a Maduro han realizado prácticas de tortura en centros clandestinos destinados para tal fin.

Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

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«En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar», dijo Prado.

Por último, resaltó la necesidad de reparar a las víctimas de torturas. «Toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción», puntualizó el especialista en DDHH.

Prado

Cada 26 de junio es conmemorado el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, esta fecha fue escogida luego de que en 1987 entrara en vigor la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Luego de esta convención, el uso de la tortura se encuentra prohibido «en todo momento y circunstancia» por el Derecho Internacional. La Convención, ratificada por 159 países, hace énfasis en el artículo 14 el cual afirma que los Estados deben mantener especial atención para que las víctimas obtengan reparación de los daños psicológicos y físicos causados.

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¿Qué pasó con? - El caso del doctor José Alberto Marulanda - VPItv

Luego que el 20 de mayo del 2018, unos funcionarios de seguridad del Estado detuvieran al doctor especialista en cirujia de mano, José Alberto Marulanda, por un presunto delito de instigación a la rebelión, las torturas no han cesado en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Su hija, Victoria Marulanda, aseguró que su padre le ha enviado textos en que refleja las distintas agresiones físicas y psicológicas que ha sufrido. «A través de escritos, mi papá nos cuenta como han tratado de asfixiarlo con una bolsa plástica, de quitarle las uñas y dejarlo sin comer por largos periodos de tiempo», aseveró. Hasta los momentos, el médico sufre de cuadros de depresión y tendencias al suicidio.

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La defensora de Marulanda, la abogada Mariana Ortega, afirmó que la causa que se le imputa, de instigación a la rebelión, no posee elementos de convicción para imputarlo y, mucho menos, en un tribunal para militares. A pesar que la audiencia preliminar de Marulanda se realizó en diciembre del 2018, ha perdido competencia porque el caso aún continúa en un tribunal de control.

Abogado Joel García aseguró que apelará decisión de la juez en contra de Juan Requesens - VPItv

El abogado del parlamentario Juan Requesens, Joel García, afirmó que el caso se encuentra lleno de irregularidades y vacíos legales, razón por la cual apelarán, una vez sea publicada la decisión. «Están acusando al diputado de siete cargos gravísimos, esto le conllevaría unos 30 años de prisión, vamos a esperar que publiquen la decisión de la idea de ayer para hacer la apelación de la misma», aseguró García. .

El abogado, además, informó durante la audiencia, que los acusados en el caso denunciaron que han sido víctimas de torturas, para obligarlos a que declaren cosas que no son verdad.

El concejal de Primero Justicia Fernando Alban, llegó a Venezuela el pasado 5 de octubre, luego de un viaje a Nueva York, Estados Unidos, donde visitó a sus hijos y su esposa, quienes se encuentran en el exilio, y acompañó al diputado Julio Borges a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a denunciar la crisis humanitaria que vive Venezuela, sin pensar que eso le costaría la libertad y hasta la vida.

A su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado vargas, lo esperaban funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), policía política del Gobierno venezolano, quienes no dieron respuesta de su paradero hasta el sábado 6 de octubre, cuando el parlamentario Julio Borges alertó que Albán se encontraba detenido en la sede de Plaza Venezuela de este cuerpo de seguridad, conocida como «La Tumba», según Borges, esto habría sido una retaliación por la participación del Concejal en «importantes reuniones en la ONU».

Luego de conocerse su paradero, Albán fue presentado el domingo 7 de octubre en tribunales, asignándole en primera instancia el Tribunal Sexto de Control del área metropolitana de Caracas, para luego remitirlo al Tribunal Primero de Control, único con competencia en terrorismo, ya que se le asociaba al caso del magnicidio en grado de frustración, por el cual también están detenidos el parlamentario Juan Requesens y siete venezolanos más.

Esta presentación sería la última aparición del concejal, quien iniciaba entonces su ruta al fatal desenlace: la muerte que se anunciaba desde 10 pisos de altura en el edificio administrativo del Sebin.

Alrededor de las 3:00 p.m. del lunes 8 de octubre la noticia se regó como pólvora, «El concejal Fernando Albán, detenido en el Sebin, se suicidó», o al menos esa fue la versión oficial ofrecida por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol y el Fiscal Designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, quienes no se habían pronunciado sobre la detención de este ciudadano hasta su caída estrepitosa desde las alturas del centro donde estaba recluido.

Nestor reverol

Cabe destacar que la reacción de los funcionarios fue inmediata, sin investigar mayores detalles y aceptando lo que estaba a la vista, Reverol y Saab catalogaron la acción como suicidio, mientras que los compañeros, amigos, conocidos y familiares de Albán exigían una «respusta transparente» de lo que dentro de las instalaciones de la policía política habría ocurrido, pues su abogado, Joel García, destacaba que mientras el dirigente de Primero Justica caía de aquella ventana, los funcionarios solo decían que esperaban el traslado a los tribunales, donde se llevaría a cabo la audiencia del nuevo preso político.

La versión de suicidio fue desmentida por quienes alguna vez conocieron a Fernando y además por quien alguna vez estuvo en ese mismo lugar, el Sebin de Plaza Venezuela, «La Tumba», Rosmit Mantilla, quien a través de un video difundido en sus redes sociales señaló que «a ese lugar solo subes cuando ellos te llevan, jamás estás solo, y subes cuando te torturan», lo que insinúa que Albán fue víctima de torturas, tal vez las más crueles, tanto que lo llevaron a la muerte.

 

Ahí comenzó la especulación de todos, estudiantes, activistas políticos, compañeros de partido, compañeros de trabajo, amigos, familiares, venezolanos, todos especulaban sobre las verdaderas causas de la muerte, y bajo esa premisa, el martes 9 de octubre diputados de la Asamblea Nacional catalogaron de homicidio lo ocurrido con Fernando Albán y le rindieron homenaje en un acto solemne en el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano, claramente afectados por la perdida de quien ahora se convertía en un «martir de la lucha por la democracia».

El ambiente de angustia, miedo y dolor se agudizó cuando al salir de la Asamblea Nacional, una tormenta azotó a la capital venezolana empapando a quienes seguían la carroza de Albán, tal como si el cielo se empeñara en esconder algunas lágrimas para mantener firme a quienes veían pasar aquella procesión.

Y así llegaron todos a la capilla de la Parroquia Universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre la lluvia y el llanto,  para seguir con el honor y duelo del Concejal. Así llegaron a la capilla para tratar de encontrar consuelo en la oración y prepararse para lo que será el último adiós que consternó a un país, por la naturaleza cruel y repentina de aquel fallecimiento.