La cifra de ciudadanos venezolanos fallecidos víctimas de torturas desde 2013 se ubica en 72, alertó el comisionado para los Derechos Humanos (DDHH) de la Presidencia encargada, Humberto Prado.

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Prado detalló que la cifra de 72 muertos por torturas, entre los que se encuentran el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ubican a Venezuela como una nación con autoridades “degradantes” y con prácticas cotidianas “inhumanas”, refiriéndose a la administración socialista liderada por Nicolás Maduro.

“Los a.sesinatos de Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo destacan entre los más representativos de estos crímenes de lesa humanidad; casos que evidencian cómo la tortura se aplica a civiles y militares”, advirtió el comisionado.

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Los números ofrecidos por Prado son los que maneja la Organización No Gubernamental (ONG) Provea, quienes además explican que los funcionarios de Inteligencia leales a Maduro han realizado prácticas de tortura en centros clandestinos destinados para tal fin.

Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

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“En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”, dijo Prado.

Por último, resaltó la necesidad de reparar a las víctimas de torturas. “Toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”, puntualizó el especialista en DDHH.

Prado

Cada 26 de junio es conmemorado el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, esta fecha fue escogida luego de que en 1987 entrara en vigor la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Luego de esta convención, el uso de la tortura se encuentra prohibido “en todo momento y circunstancia” por el Derecho Internacional. La Convención, ratificada por 159 países, hace énfasis en el artículo 14 el cual afirma que los Estados deben mantener especial atención para que las víctimas obtengan reparación de los daños psicológicos y físicos causados.

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¿Qué pasó con? - El caso del doctor José Alberto Marulanda - VPItv

Luego que el 20 de mayo del 2018, unos funcionarios de seguridad del Estado detuvieran al doctor especialista en cirujia de mano, José Alberto Marulanda, por un presunto delito de instigación a la rebelión, las torturas no han cesado en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Su hija, Victoria Marulanda, aseguró que su padre le ha enviado textos en que refleja las distintas agresiones físicas y psicológicas que ha sufrido. “A través de escritos, mi papá nos cuenta como han tratado de asfixiarlo con una bolsa plástica, de quitarle las uñas y dejarlo sin comer por largos periodos de tiempo”, aseveró. Hasta los momentos, el médico sufre de cuadros de depresión y tendencias al suicidio.

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La defensora de Marulanda, la abogada Mariana Ortega, afirmó que la causa que se le imputa, de instigación a la rebelión, no posee elementos de convicción para imputarlo y, mucho menos, en un tribunal para militares. A pesar que la audiencia preliminar de Marulanda se realizó en diciembre del 2018, ha perdido competencia porque el caso aún continúa en un tribunal de control.

Abogado Joel García aseguró que apelará decisión de la juez en contra de Juan Requesens - VPItv

El abogado del parlamentario Juan Requesens, Joel García, afirmó que el caso se encuentra lleno de irregularidades y vacíos legales, razón por la cual apelarán, una vez sea publicada la decisión. “Están acusando al diputado de siete cargos gravísimos, esto le conllevaría unos 30 años de prisión, vamos a esperar que publiquen la decisión de la idea de ayer para hacer la apelación de la misma”, aseguró García. .

El abogado, además, informó durante la audiencia, que los acusados en el caso denunciaron que han sido víctimas de torturas, para obligarlos a que declaren cosas que no son verdad.

El concejal de Primero Justicia Fernando Alban, llegó a Venezuela el pasado 5 de octubre, luego de un viaje a Nueva York, Estados Unidos, donde visitó a sus hijos y su esposa, quienes se encuentran en el exilio, y acompañó al diputado Julio Borges a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a denunciar la crisis humanitaria que vive Venezuela, sin pensar que eso le costaría la libertad y hasta la vida.

A su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado vargas, lo esperaban funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), policía política del Gobierno venezolano, quienes no dieron respuesta de su paradero hasta el sábado 6 de octubre, cuando el parlamentario Julio Borges alertó que Albán se encontraba detenido en la sede de Plaza Venezuela de este cuerpo de seguridad, conocida como “La Tumba”, según Borges, esto habría sido una retaliación por la participación del Concejal en “importantes reuniones en la ONU”.

Luego de conocerse su paradero, Albán fue presentado el domingo 7 de octubre en tribunales, asignándole en primera instancia el Tribunal Sexto de Control del área metropolitana de Caracas, para luego remitirlo al Tribunal Primero de Control, único con competencia en terrorismo, ya que se le asociaba al caso del magnicidio en grado de frustración, por el cual también están detenidos el parlamentario Juan Requesens y siete venezolanos más.

Esta presentación sería la última aparición del concejal, quien iniciaba entonces su ruta al fatal desenlace: la muerte que se anunciaba desde 10 pisos de altura en el edificio administrativo del Sebin.

Alrededor de las 3:00 p.m. del lunes 8 de octubre la noticia se regó como pólvora, “El concejal Fernando Albán, detenido en el Sebin, se suicidó”, o al menos esa fue la versión oficial ofrecida por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol y el Fiscal Designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, quienes no se habían pronunciado sobre la detención de este ciudadano hasta su caída estrepitosa desde las alturas del centro donde estaba recluido.

Nestor reverol

Cabe destacar que la reacción de los funcionarios fue inmediata, sin investigar mayores detalles y aceptando lo que estaba a la vista, Reverol y Saab catalogaron la acción como suicidio, mientras que los compañeros, amigos, conocidos y familiares de Albán exigían una “respusta transparente” de lo que dentro de las instalaciones de la policía política habría ocurrido, pues su abogado, Joel García, destacaba que mientras el dirigente de Primero Justica caía de aquella ventana, los funcionarios solo decían que esperaban el traslado a los tribunales, donde se llevaría a cabo la audiencia del nuevo preso político.

La versión de suicidio fue desmentida por quienes alguna vez conocieron a Fernando y además por quien alguna vez estuvo en ese mismo lugar, el Sebin de Plaza Venezuela, “La Tumba”, Rosmit Mantilla, quien a través de un video difundido en sus redes sociales señaló que “a ese lugar solo subes cuando ellos te llevan, jamás estás solo, y subes cuando te torturan”, lo que insinúa que Albán fue víctima de torturas, tal vez las más crueles, tanto que lo llevaron a la muerte.

 

Ahí comenzó la especulación de todos, estudiantes, activistas políticos, compañeros de partido, compañeros de trabajo, amigos, familiares, venezolanos, todos especulaban sobre las verdaderas causas de la muerte, y bajo esa premisa, el martes 9 de octubre diputados de la Asamblea Nacional catalogaron de homicidio lo ocurrido con Fernando Albán y le rindieron homenaje en un acto solemne en el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano, claramente afectados por la perdida de quien ahora se convertía en un “martir de la lucha por la democracia”.

El ambiente de angustia, miedo y dolor se agudizó cuando al salir de la Asamblea Nacional, una tormenta azotó a la capital venezolana empapando a quienes seguían la carroza de Albán, tal como si el cielo se empeñara en esconder algunas lágrimas para mantener firme a quienes veían pasar aquella procesión.

Y así llegaron todos a la capilla de la Parroquia Universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre la lluvia y el llanto,  para seguir con el honor y duelo del Concejal. Así llegaron a la capilla para tratar de encontrar consuelo en la oración y prepararse para lo que será el último adiós que consternó a un país, por la naturaleza cruel y repentina de aquel fallecimiento.

 

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en conjunto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, difundió un comunicado en el que se pronuncian contra el proceso legal que se sigue al diputado Juan Requesens por su vinculación en el presunto atentendo contra Nicolás Maduro el pasado 4 de Agosto.

En la misiva, Provea exige al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respetar lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece el derecho al debido proceso y el respeto a la inmunidad parlamentaria, derechos que, que según explican, han sido violados en el caso de la detención de Juan Requesens.

Asimismo, la organización destaca que la supuesta confesión del parlamentario, en la que implica al diputado Julio Borges en el presunto plan magnicida, fue conseguida bajo torturas, acción que constituye un crimen de lesa humanidad por el cual deberán responder cada una de las personas implicadas en el caso.

A continuación en comunicado en su integridad:

Nosotros, representantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención arbitraria del parlamentario Juan Carlos Requesens Martínez.

El presidente de la República, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno han acusado públicamente al diputado Requesens de estar vinculado con el supuesto atentado contra el Jefe del Estado, el 4 de agosto de 2018, durante la celebración del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas.

El pasado miércoles 8 de agosto, el diputado fue detenido en la residencia de sus padres, en Terrazas del Club Hípico, por una comisión de 14 funcionarios del SEBIN, los cuales lo aprehendieron sin una orden judicial y de forma violenta, a él y su hermana Rafaela Requesens.

Este procedimiento está al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución.

Un diputado solo puede ser objeto de detención en caso de cometer un hecho ilícito en flagrancia, en cuyo caso se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión. Desde el momento de su detención, el diputado Requesens ha permanecido incomunicado; ni sus familiares ni abogados de su confianza lo han podido asistir, con lo cual se configura una grave violación del derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la carta magna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.

Con el débil argumento de que Requesens habría cometido “delitos de naturaleza permanente”, el Tribunal Supremo de Justicia prescindió del antejuicio de mérito y, de ese modo, de la protección que brinda la Constitución a las funciones contraloras que desempeñan los parlamentarios.

En un procedimiento sumario, también violatorio del debido proceso, el TSJ convalidó la detención arbitraria de Requesens y remitió el caso a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que en pocas horas allanó su inmunidad parlamentaria, a efectos de que fuese juzgado en tribunales ordinarios a pesar de que se le imputa el delito de traición a la patria. En el caso de que un alto funcionario, entre ellos los diputados, fuesen imputados por delitos de naturaleza política, el proceso penal debe desarrollarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, en única instancia.

Mientras el diputado Requesens permanecía incomunicado, el gobierno nacional, a través del ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgó un video que muestra al parlamentario admitiendo que facilitó un contacto a uno de los supuestos involucrados, en concordancia con la versión oficial que adelantó el propio presidente de la República.

El ordenamiento jurídico penal es claro. El numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma.

La arbitrariedad de la detención, el procedimiento sumario mediante el cual se allanó su inmunidad parlamentaria y la incomunicación a la que ha estado sometido fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión de Requesens. Cualquier acto contra la integridad física, psicológica o moral en condiciones de detención constituye indicio del delito de tortura, el cual pueden ser juzgados como un crimen internacional de lesa humanidad, en el contexto de los patrones de represión política en Venezuela durante los últimos años. Las responsabilidades por este tipo de crímenes recaen individualmente sobre cada una de las personas que hayan participado.

La persecución penal contra el parlamentario se produce en el contexto de una sistemática criminalización de cualquier manifestación de oposición al régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro. El Ministerio Público y el Poder Judicial, absolutamente controlados por el Poder Ejecutivo, han participado activamente en el forjamiento del Derecho para llevar a prisión a dirigentes de la oposición y, en general, a cualquier ciudadano que exprese ideas u opiniones contrarias al gobierno.

Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su deber de contener los abusos de poder; por el contrario, ha cohonestado los atropellos cometidos por cuerpos de seguridad, fiscales, jueces e integrantes de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.

Los representantes de la sociedad civil y las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos que suscribimos este comunicado público exigimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado Juan Requesens, y que emprendan las investigaciones correspondientes para juzgar y sancionar a los responsables de su detención arbitraria y enjuiciamiento sumario.

También exigimos el cese de la indebida intromisión del gobierno en la administración de justicia, de modo que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro sea investigado con independencia y autonomía.

En horas de la tarde del miércoles el General Ángel Vivas fue sometido a una intervención quirúrgica para atender problemas en la próstata y tres hernias a nivel abdominal, resultado de las patadas que recibió durante su reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informó su esposa, Estrella Vitora, a través de la red social twitter.

Asimismo, Vitora destacó que el problema en su columna está siendo estudiado, aunque se presume que el daño es irreparable por no haber sido atendido a tiempo.

Vivas fue liberado el pasado primero de junio, luego de ser presentado ante la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), junto a un grupo de presos políticos, entre ellos Daniel Ceballos.

Hasta el momento solo el General Vivas, el estudiante Gregory Sanabria y el Diputado Gilber Caro han sido atendidos en centros de salud por afecciones causadas durante su reclusión.

La abogada y Directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, conversó con la periodista Alba Cecilia Mujica en el programa Alba Cecilia En Directo acerca de la excarcelación y las libertades limitadas que se le efectuaron a algunos presos políticos, además de detallar algunas torturas sufridas por aquellos recluidos a los que ella representa.

“El gobierno ya reconoce que hay presos políticos. Si le causas muchos problemas a alguno de los que ostentan el poder político, ellos te quitan del medio poniéndote preso”, afirmó.

“Que mejor muestra de que son presos políticos que llevarlos ante la ANC y una Comisión de la Verdad. El proceso de la selección de los excarcelados lo desconocemos. Puede ser que Lorent Saleh les caiga mal a quienes decidieron la liberación”, aseveró.

“Todas las libertades fueron limitadas. Una vez que Gilbert Caro denunciaba a través de giras lo que ocurría en la frontera con grupos irregulares le sembraron armamento. Los jueces tienen mucho miedo de tomar decisiones, de que les pueda pasar lo mismo que a Afiuni porque están funcionando para un sistema comunista”, añadió.

“No entiendo como una persona aguanta tanto tiempo de tortura, Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel tenían que gritar consignas alusivas a la revolución. A Gilbert Caro lo querían matar, le dejaban dos tobos de agua para toda una semana y en un aislamiento total”, relató.

“No se puede seguir creyendo en diálogos o flexibilizaciones, de algo nos tiene que servir las experiencias anteriores, si ellos hacen eso se caen, por eso no les va convenir, ni aceptar nunca. Estamos en dictadura sin duda alguna, a los presos les hacen las torturas más fuertes que te puedas imaginar. Los pueden encerrar, pero sus mentes y pensamientos nunca los cambiarán”, enfatizó.

“Muchos de los presos cuentan que no conciben el sueño y rencontrarse con ellos mismos, yo los comparo con campos de concentración. Con el caso de los presos comunes es lo mismo. Quienes aplican las torturas pueden estar entrenados por cubanos, rusos, pero son venezolanos. En el motín que hubo en la cárcel de Gilbert mataron personas frente a el”, dijo.

“El hueco en donde metían a Gilbert Caro lo llaman “el área de reflexión”. Cualquier venezolano en Venezuela es un preso potencial, por eso pido que nos unamos para luchar contra esto. Gilbert dijo que cuando esto acabe convertirán al Helicoide en un museo”, cerró Malavé.

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EN VIVO - Alba Cecilia Mujica, entrevista a Theresly Malavé

La venezolana Linda Loaiza expuso ante Corte Interamericana de Derechos Humanos el secuestro,  las torturas y tratos crueles de los que fue víctima durante el año 2001 por  parte del venezolano Luis Carrera Almoina.

Desde Costa Rica, Loaiza y su hermana Ana Cecilia López Soto declararon todo lo relacionado a los cuatro meses de cautiverio en el que la víctima fue violada y desfigurada.

“Me violó durante todos los días que estuve retenida. Me mantuvo esposada… El cuarto, la cama y las paredes del apartamento estaban llenos de mi sangre… Me desfiguró la mandíbula”, expresó Loaiza ante la CIDH.

En su testimonio aseveró que no obtuvo el respaldo de la justicia venezolana pues, Luis Carrera Almoina, su agresor, es hijo de un importante personaje nacional y esto impidió que el proceso se llevara con imparcialidad.

“Para ese entonces , el padre de Carrera Almoina, Gustavo Carrera Damas se desempeñaba como rector de la Universidad Nacional Abierta”, recordó.