Luisa Panagua.- En una información publicada por la Agencia Carabobeña de Noticias (ACN) se pudo conocer que a este medio llegó de forma extraoficial un documento “filtrado” con el que se evidencia un nuevo acuerdo entre representantes de la Mesa de la Unidad y el gobierno para continuar con el diálogo que inició a finales del año pasado y que se interrumpió en medio de acusaciones de incumplimiento entre las partes.
En el documento, recibido por la ACN, la oposición reconocería a Nicolás Maduro como presidente de la República y la Asamblea Nacional (AN) a honrar los compromisos financieros del Estado, muchos de los cuales fueron adquiridos sin la aprobación del órgano legislativo, incluye la aprobación de la Ley de Endeudamiento que permita normalizar la situación financiera y el papel fiscalizador de la AN.
También votar en plenaria la desincorporación de los diputados de Amazonas, acto que no se realizó de acuerdo a la orden de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), razón por la cual este mantendría el estado de “desacato” del Parlamento.
Por su parte, gobierno se compromete a “respetar” la institucionalidad del Parlamento. Además, acuerdan nombrar nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral y llamar a elecciones en Amazonas, establecer una subcomisión de Verdad y Justicia que hará una revisión de los casos de presos políticos (a quienes llaman en el documento “privados de libertad”).
El comunicado extraoficial incluye la aplicación de un plan de abastecimiento si medidas que puedan interpretarse como “injerencistas”. Se acuerda una negociación urgente con Cáritas Internacional.
Aquí el documento recibido por la ACN:
“ACUERDO DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA”
PROPUESTA DE LOS ACOMPAÑANTES CONSCIENTES de la imperiosa necesidad de que los venezolanos encuentren, por el camino del entendimiento y el respeto, los acuerdos necesarios para hacerle frente a los graves desafíos económicos, sociales y políticos que les afectan.
CONSIDERANDO que, por la invitación recibida del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y contando con el reconocimiento de los representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), bajo la coordinación de la Secretaría General de UNASUR, los ex Presidentes Leonel Fernández de República Dominicana, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá, iniciaron la tarea de acompañamiento para establecer un Diálogo Nacional en Venezuela, como un aporte a la necesaria convivencia democrática que permita superar las diferencias existentes. DESTACANDO los resultados de la intensa tarea, a través de las conversaciones con el Gobierno Nacional y la MUD, que permitieron generar espacios de confianza e identificar posibles mecanismos y temas que serían parte de un acuerdo amplio y comprensivo para dinamizar y generar opciones para una renovada etapa de convivencia entre ambas partes.
SUBRAYANDO la valiosa incorporación de la Santa Sede al acompañamiento, mediante la nominación de un representante personal del Papa Francisco, cuyo aporte permitió un nuevo momento en el proceso de Diálogo. ATENDIENDO los resultados alcanzados y las experiencias recogidas durante los encuentros efectuados en octubre, noviembre y diciembre de 2016, encontramos los puntos coincidentes para una nueva fase del Diálogo que esperamos formen parte de un Acuerdo de Convivencia Democrática. CONSCIENTES que, luego de las decisiones políticas e institucionales adoptadas a fines de 2016 y al inicio de 2017 por los Poderes Públicos que dificultan la relación entre ellos, se hace necesario superar las mismas a partir de la voluntad política del Gobierno Nacional y de la MUD.
REAFIRMANDO que tanto el Gobierno Nacional como la MUD renuevan su compromiso con el diálogo y con el mantenimiento de la paz en Venezuela, se reconoce que es necesario avanzar hacia una nueva etapa que incorpore las lecciones previas y establece las bases eficaces para un Acuerdo de Convivencia Democrática, que incluye un mecanismo de seguimiento, verificación y garantías.
CONSIDERANDO que esta etapa debe llevar a Venezuela hacia la reactivación, consolidación y sostenibilidad del diálogo como único mecanismo viable para superar las legítimas diferencias en un marco de convivencia democrática, basada en el respeto constitucional e institucional y en el cumplimiento de los deberes y derechos que de ambos emanan. CONTANDO con el llamado efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia “…a los diversos actores políticos de la Nación, para que utilicen la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes, fines y normas constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; toda vez que el enfrentamiento constante en todos los asuntos que les compete perjudicaría de forma ostensible al pueblo venezolano en general, sin distinción alguna, comenzando por los sectores sociales más vulnerables.”
AFIRMANDO que en esta hora histórica de nuestra patria, estaremos a la altura que merece nuestro pueblo. La historia solo merecerá el respeto de las futuras generaciones, si es la historia del reconocimiento mutuo, y es una historia de fraternidad, paz, tolerancia y democracia. Este es nuestro compromiso. Este es nuestro deber y nuestra determinación. El pueblo de Venezuela se lo merece. POR TANTO, el Gobierno Nacional y la MUD como una muestra de responsabilidad con el país y buena voluntad, sin condicionamientos mutuos, han decidido pasar a una segunda fase del Diálogo a partir del presente:
ACUERDO DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
PRIMERO. Reconocer que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han sido electos de forma constitucional, democrática y legítima para cumplir con los mandatos y períodos determinados por Ley. Asimismo, reconocer que las diferencias en democracia, por muy profundas que sean, deben encuadrarse en el marco de la paz, la no violencia, el respeto a la institucionalidad y los derechos ciudadanos como base para la relación entre las partes.
SEGUNDO. Adoptar un mecanismo de implementación del Acuerdo de Convivencia Democrática mediante la conformación de una Plenaria Conjunta con participación de cuatro representantes del Gobierno Nacional y cuatro representantes de la Mesa de Unidad Democrática, en la que participarán en calidad de acompañantes el representante de la Santa Sede, la Secretaría General de UNASUR, representada por el Director de Asuntos Políticos y Defensa y los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos.
TERCERO. Para cumplir de la mejor manera su tarea, la Plenaria Conjunta adopta los siguientes objetivos estratégicos: • Acordar medidas concretas para mejorar las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. • Encontrar fórmulas que permitan enfrentar el problema del abastecimiento, impulsar medidas contra la inflación y atender las necesidades financieras del país. • Adoptar decisiones que garanticen el equilibrio y respeto entre los Poderes Públicos en el marco de sus competencias constitucionales. • Reconciliar a la sociedad venezolana. • Fortalecer la institucionalidad electoral y acordar un cronograma electoral en el marco de la Constitución. • Acordar medidas para luchar contra la violencia y la inseguridad ciudadana
CUARTO. Para garantizar el avance del trabajo de la Plenaria Conjunta, se adoptan las siguientes premisas: • El proceso no será utilizado con fines partidistas. • Nada está acordado hasta que todo este acordado. • Respeto, reconocimiento y convivencia entre las partes. • Confianza en la neutralidad de la tarea y propuestas de los acompañantes. • La comunicación de los resultados será responsabilidad de los acompañantes y se producirá previa notificación a las partes.
QUINTO. El trabajo de la Plenaria Conjunta se centrará en torno a los siguientes cuatro temas, cuyas acciones específicas, destinadas a alcanzar los objetivos estratégicos, se detallan a continuación: 1. Paz, respeto constitucional y convivencia institucional. Acción 1. Normalizar el ejercicio de las funciones institucionales • La Asamblea Nacional adoptará, con apego al texto constitucional y a las normas del país, las medidas necesarias que permitan el ejercicio de sus competencias. • Se reconocerá la votación de la plenaria de la Asamblea Nacional sobre la desincorporación de los Diputados del Estado Amazonas y la cesación de los efectos de su juramentación. • Se exhortará a la Sala Constitucional del TSJ para la adopción de una sentencia que permita superar la situación planteada en el Estado de Amazonas y que encomiende al CNE la convocatoria de nuevas elecciones, en una fecha a ser sugerida por las partes, así como determinar la superación de la denominada situación de desacato. Acción 2. Garantizar la normalización de las relaciones institucionales • Establecer una Comisión de Mediación Institucional, mediante la nominación de un Diputado del Gobierno Nacional y uno de la MUD, con la participación de un acompañante o persona designada por éstos. • Acordar conjuntamente, en la Comisión de Mediación Institucional los ajustes del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y notificar el resultado al TSJ. • Identificar las decisiones judiciales que podrían afectar la autonomía de la Asamblea Nacional y compromiso a trabajar en su análisis: o Evaluar los alcances del Estado de Emergencia Económica y su impacto en la materia. o Restituir la capacidad de control del legislativo al ejecutivo en un marco de respeto, transparencia y compromisos. • Impulsar las bases de un diálogo institucional entre todos los Poderes Públicos. 2. Verdad y Justicia. • Establecer las Subcomisiones de Verdad y Justicia. o La Subcomisión de Verdad deberá definir los hechos de violencia, qué tipo de delitos, los períodos temporales que serán considerados y las fórmulas de reparación y reconciliación, incluyendo una propuesta sobre los casos que tendrán consecuencias judiciales. o La Subcomisión de Justicia deberá ver los casos que sean objeto de un tratamiento judicial. Revisión, verificación y respuesta a la situación de las personas privadas de libertad, con base en los insumos proporcionados por la MUD. Acción 1. Resolución judicial de la situación específica de personas privadas de libertad • Acordar un listado base de las personas privadas de libertad que serán objeto de tratamiento bajo esta modalidad. Nominar un fiscal ad hoc y un representante del Gobierno Nacional y otro de la MUD para que conformen un Grupo de Trabajo. • El Grupo de Trabajo deberá: o Identificar las personas que tienen problemas de salud debidamente certificados. o Identificar las personas que tienen órdenes de excarcelación tramitadas por órganos jurisdiccionales. o Identificar las personas que tienen demoras procesales que superan los límites fijados por las normas vigentes. o Revisar la situación de las personas que están sujetas a medidas cautelares. • El Grupo de Trabajo sugerirá, previo acuerdo de las partes, y por intermedio del fiscal ad hoc las medidas judiciales que beneficiarán a las personas privadas de libertad en el presente mecanismo. Acción 2. Funcionamiento inmediato de la Comisión de la Verdad • Adoptar las medidas jurídicas para implementar las adecuaciones para la participación e incorporación de la oposición en la Comisión de Verdad. • Adopción, en su caso, de una Ley de Amnistía acordada por las partes. • Análisis conjunto sobre la viabilidad de la aplicación de los mecanismos constitucionales del indulto y el sobreseimiento, libertades condicionales o libertad inmediata cuando así las autoridades lo hayan determinado para casos específicos. 3. Situación económica – social. Acción 1. Abastecimiento • Implementación de medidas concretas para el abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a solventar su producción e importación, sin que se interprete como medidas que puedan ser utilizadas como injerencistas. o Plan de Abastecimiento de Medicamentos con apoyo del Instituto de Salud de la UNASUR y de la OPS, coordinado por el Ministerio de Salud. o Medidas para apoyar el Abastecimiento de Alimentos tomando en consideración el trabajo adelantado por la FAO o Identificación de posibles fuentes de financiamiento y compromiso, previo acuerdo conjunto, para apoyar su contratación. o Negociación urgente de un Acuerdo de Cooperación con CARITAS INTERNACIONAL. Acción 2. Presupuesto y Financiamiento. • Revisar por parte de la Asamblea de los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación para promover el desarrollo de la economía nacional. • Explorar la voluntad para que la Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto y la Ley de Endeudamiento de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea. • Una vez restablecida la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República. Las medidas de implementación acordadas para esta Acción se ejecutarán en concordancia con la Acción 2 del punto 1 de la presente Clausula. 4. Institucionalidad y Cronograma Electoral. Acción 1. Consejo Nacional Electoral • Cooperar conjuntamente, en el marco constitucional, para exhortar al TSJ que se pueda proceder, conforme corresponda, a cooperar en el nuevo nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. o Cada parte propondrá una lista de candidatos. La contraparte tendrá la capacidad de sugerir candidatos que le sean aceptables dentro de las listas presentadas, buscando alcanzar acuerdos para un equilibrio constructivo en la nominación de los Rectores y en la relación entre las partes. o La designación de los mismos será por consenso, entendiendo que existen o se crearán las condiciones jurídicas para ello. • En caso que se logre un acuerdo entre las partes sobre los nombres de los dos nuevos Rectores la decisión será comunicada a la Presidencia del TSJ exhortando que se pueda considerar positivamente las nominaciones acordadas. Acción 2. Cronograma Electoral • Considerando el cronograma electoral aprobado por el CNE: o Se podrán sugerir, previo acuerdo de la Plenaria Conjunta, las posibles fechas para las elecciones de Gobernadores y Alcaldes que se efectuarán en 2017 y que, de ser así acordado, podrían celebrarse conjuntamente. o Abordar el cronograma electoral para 2018.
SEXTO. Cronograma tentativo de implementación y Mecanismo de Verificación y Seguimiento. El presente Acuerdo de Convivencia Democrática tendrá un tiempo de implementación que estará determinado en la hoja de ruta y que será computado a partir de la firma del presente Acuerdo. Para facilitar el cumplimiento de lo acordado, el Gobierno Nacional y la MUD deciden establecer un Mecanismo de Verificación y Seguimiento en los siguientes términos: a. Para la implementación específica de cada punto, que podrán trabajarse en paralelo, incluido en el numeral QUINTO, se acuerda una hoja de ruta que incluye las medidas específicas, los responsables y plazos específicos. La hoja de ruta figura como Anexo 1 y es parte integrante del presente Acuerdo. b. La Plenaria Conjunta se reunirá cada 15 días con la presencia de al menos un acompañante para verificar al cumplimiento de los acuerdos incluidos en la hoja de ruta. c. Los acompañantes presentarán a la Plenaria Conjunta un informe de seguimiento sobre la implementación de la hoja de ruta. d. Al finalizar cada Plenaria Conjunta los acompañantes elaborarán para las partes un Informe de Verificación y Seguimiento, con las recomendaciones, sí fuera el caso, que permitan cumplir aquéllos puntos que estuvieran aún pendientes.
SÉPTIMO. Mecanismo de Garantías En caso de no alcanzar un resultado establecido en la hoja de ruta, la parte que se considere afectada dejará constancia de la situación en el Informe de Verificación y Seguimiento de la Plenaria Conjunta. En ese supuesto, el Gobierno Nacional y la MUD deciden someterse a un arbitraje de los acompañantes, en los siguientes términos: a. La parte que considera que se produjo un incumplimiento presentará por escrito, dentro de los 2 días posteriores al plazo superado, una solicitud de activación del Mecanismo de Garantías, detallando el punto incumplido, el plazo acordado, las opciones discutidas y una propuesta de solución. b. Los acompañantes, comunicarán en un plazo de 24 horas a las partes la existencia del pedido de activación del Mecanismo de Garantías y concederá a la parte que supuestamente incumplió, un plazo de 48 horas para que pueda exponer su posición de descargo y alternativa de solución. c. Una vez recibida por escrito la comunicación, los acompañantes tendrán un plazo de 72 horas para presentar el resultado del arbitraje con la solución sugerida, incluyendo un plazo para el cumplimiento. d. En caso de no recibirse una respuesta de la parte que habría incumplido uno de los acuerdos, 72 horas después del plazo previsto en el párrafo precedente, los acompañantes expedirán el resultado del arbitraje. En señal de conformidad, se suscriben tres ejemplares originales igualmente válidos.
Es dado en la ciudad de xxx, a los xxx días del mes de enero de 2017.
