Rafael Narváez, exparlamentario, abogado y activista pro Derechos Humanos (DDHH) exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial la intervención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras denunciar que la Policía Política actúa sin control de ninguna índole y comete violación sistemática de la Constitución Nacional y de derechos fundamentales.
“Cuando vemos que el Sebin procede a ejecutar un allanamiento sin orden judicial, está contrariando la Constitución y usurpando funciones del Ministerio Público (MP) organismo que a través de una investigación previa, solicita al Juez de Control la posibilidad de una visita domiciliaria, de un registro, pero con elementos importantes donde presuntamente se está cometiendo un hecho punible” manifestó Narváez, quien destacó que la policía política usurpa funciones de la Fiscalía e imputa públicamente a los detenidos, violentando el derecho a presunción de inocencia.
Señaló que también existe la violación sistemática de garantías constitucionales al detener por más de 48 horas a un ciudadano, colocarlo en celdas bajo condiciones infrahumanas e impide la comunicación con familiares y abogados defensores.
“Estamos en presencia de un cuerpo policial sin control, que no da garantía de legalidad. Cuando aprehenden a una persona lo imputan públicamente. El director del Sebin plantea que no asume la retención a detenidos sino que se adelantan a delitos que puedan ocurrir; él no tiene competencias para predecir delitos” dijo.
“El Sebín cumple las funciones de Pedro Estrada al resucitar métodos que fueron superados en el país con la vuelta a la democracia luego de 1958” dijo el exdiputado y señaló que ante esta situación, instituciones fundamentales como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo están desapareciendo.
Esto se debe a que la acción penal de la Fiscalía es ejercida por la Policía Política, quienes no rinden cuentas sobre la violación de derechos fundamentales. “El Defensor no ha podido verificar las condiciones que existen en La Tumba ni en el Helicoide” expuso.
Agregó que la actuación de este organismo de seguridad violenta los hogares sin órdenes de registro, que violenta el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa. Advirtió que se estaría en presencia de violación de pactos internacionales como El Estatuto de Roma, en el cual se plantean sanciones por crímenes de Lesa Humanidad.
NP
